Chavela Villamil
El sistema económico ha concentrado el capital en pocas manos acrecentando la brecha de desigualdad social, esto se ve con mayor realce en la lonja habitacional y la distribución de los predios rurales que se encuentran concentrados en sectores oligopólicos minoritarios.
Un Informe del Banco Mundial (BM) posiciona a Colombia como el país más desigual entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), y el segundo país más desigual de América Latina.
En Colombia el ingreso del 10 por ciento de la población más rica es once veces mayor que la del 10 por ciento más pobre, según el BM a Colombia le tomaría al menos cinco décadas y media alcanzar el nivel promedio de desigualdad de los países de la Ocde; por otro lado, en términos de concentración de tierra nuestro país se ubica entre los cinco países más desiguales del mundo [1].
Patrones inadecuados de ocupación y el uso de la tierra
Históricamente en Colombia la tierra ha estado concentrada en pocas manos, según el más reciente Informe de Oxfam el uno por ciento de las fincas más grandes del país ocupan el 81 por ciento de la tierra; además de todas las tierras de uso agropecuario del país que son cerca de 43 millones de Hectáreas (Ha), 34,4 millones de Ha (80 por ciento) están destinadas a la ganadería, mientras que apenas 8,6 millones de Ha están destinadas a la agricultura [2].
La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) ha dicho que hay 22 millones de Ha aptas para la actividad agrícola, y solo 15 millones de Ha se deberían destinar a la ganadería; sin embargo esta proporcionalidad del uso de la tierra no se aplica, debido a que en nuestro país se ha configurado un patrón inadecuado de ocupación, distribución y uso del territorio incorporado a la producción agropecuaria con costos ambientales, sociales y económicos crecientes.
Uno de los principales problemas está en que la distribución de la tierra se basa en latifundios, donde prima el acaparamiento de los mejores valles planos para ganadería extensiva, que ocupa el doble del área con vocación para ese uso, en promedio cada vaca tiene una asignación de 1,6 Ha, configurando un desaprovechamiento del potencial agrícola de los predios.
Por otro lado, las mafias enriquecidas con el narcotráfico y la corrupción han recurrido al despojo violento de la tierra, configurando uno de los desplazamientos internos más trágicos y sistemáticos de América Latina; esto lleva a una simbiosis entre el paramilitarismo y las élites de las regiones, principalmente ganaderas, aunando la ilegalidad del poder mafioso a la ineficiencia productiva, por su parte, el componente mafioso genera la propiedad extensiva de la tierra y configura una territorialidad usada para la industria del narcotráfico.
Desfinanciación del campo y de los proyectos agrícolas
La Ministra de Agricultura calificó como crítica la situación fiscal del sector agrícola y afirmó que, “la desfinanciación del agro sigue siendo un asunto crítico per se, pero lo es aún más si se tiene en cuenta que buena parte de lo que propuso el Acuerdo de Paz pasa por las narices del sector, se necesita inyección de recursos ya que la transformación del campo y la redistribución de la tierra son esenciales para el país” [3].
La Ministra sostiene que no se necesita tramitar una nueva Ley teniendo en cuenta que no se ha aplicado la 160 de 1994 y que el país tiene el Decreto 902 de 2017 para iniciar con la redistribución, por ende la gran apuesta estará en la aplicación del Catastro Multipropósito; para ello, el Gobierno subirá los impuestos a la tierra, principalmente para los grandes latifundios que se han beneficiado de los megaproyectos de infraestructura.
Necesitamos una reforma redistributiva
La gran propiedad ineficiente frena el desarrollo productivo, reduce el ingreso per cápita, no genera empleo formal suficiente y desplaza al campesinado de los suelos productivos; el atraso rural ha sido el resultado del fracaso de las élites propietarias para agenciar el desarrollo, y superar el carácter rentista inherente al monopolio de la tierra.
El sistema actual no genera inclusión social ni sostenibilidad ni mucho menos crecimiento y productividad, por tanto, se requiere un modelo que se centre en la redistribución de la tierra tomando como eje la producción de alimentos, en aras de garantizar la seguridad alimentaria del país; en otras palabras, fomentar el desarrollo integral de la producción nacional fortaleciendo la producción de productos básicos, en suma, lograr una economía agropecuaria redistributiva y no monopolista.
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[1] Colombia: país con más desigualdad de la Ocde y el segundo en América Latina. Valora Analitik, 10-07-2022.
[2] Informe las desigualdades matan. Oxfam, 20-01-2022.
[3] En Colombia el agro está desfinanciado. Forbes, 01-09-2022.
