LA INSACIABLE LOCOMOTORA MINERA
Himelda Ascanio
El Gobierno de Santos en 2016 con la Ley 1776 creó la Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), para entregar baldíos a megaproyectos mineros y de agronegocios, desde entonces allí recrudecieron el exterminio de la dirigencia popular.
Esta Ley 1776 a su vez declaró inadjudicables los baldíos ubicados en zonas donde se adelanten tales procesos de explotación a gran escala, con lo que además eliminó la economía campesina y la expulsó de las Zidres, que pasaron a ser consideradas como zonas de “protección ambiental” [1].
Botín de los piratas del siglo XXI
En Antioquia explotan el 43 por ciento del oro de todo el país, a partir de 2019 de las más de 848 mil hectáreas (Has) que tiene el Bajo Cauca, el 52 por ciento está destinada a la ganadería y el 43 por ciento fueron tituladas o solicitadas para minería por la multinacional GCM Mining Corp., anteriormente llamada Gran Colombia Gold y Mineros S.A., quien posee un Título Minero a perpetuidad; solo el 0,6 por ciento tienen cultivos de coca, la mayoría de campesinos ingresaron al Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (Pnis) desconocido por el Gobierno de Duque [2].
En la Serranía de San Lucas en el sur de Bolívar, más de 37 mil mineros artesanales subsisten de la extracción de oro y llevan años solicitando la adjudicación de Títulos Mineros Colectivos que poseen, pero en 2004 se los otorgaron a la multinacional Anglogold Ashanti en 175 mil Has; allí la reserva de oro está en 1,5 millones de Has y es considerada la mina más grande de América Latina [3].
En el Cauca han otorgado 241 Títulos Mineros en 350 mil Has (10 por ciento del territorio) en su mayoría a la AngloGold Ashanti, están en trámite la entrega de otros 652 Títulos en 1’116.000 Has (50 por ciento del departamento) [4]; en la Consulta Popular de diciembre de 2021, el 99 por ciento de los pobladores del Macizo Colombiano en Nariño y Cauca rechazaron la imposición de la minería.
El oro chorrea sangre
En el Bajo Cauca y la Serranía de San Lucas desde 2018 se intensificó el plan contrainsurgente con el reacomodo y la expansión narcoparamilitar en colusión con las Fuerzas de Tarea Conjunta Marte y Aquiles, más de tres Batallones, el Gaula, la Infantería de Marina y Policía; a principios de julio los narcoparamilitares cercaron con retenes la vereda de Río Bagre, en agosto escalaron la incursión hacia el corregimiento de Carrizal, hoy más de 1.800 personas entre las que se encuentran 58 excombatientes crearon el Refugio Humanitario en la vereda El Carmen entre los municipios de Remedios y Segovia [5]; el 18 de agosto secuestraron a los líderes comunitarios Yuliana Liceth Galeano y Elmer Lenin Guerra en El Aporreado en las goteras de Segovia, mataron a Elmer y dejaron viva a Yuliana.
Desde el 27 de julio las comunidades de La Serranía de San Lucas están soportando retenes, restricciones a la movilidad, saqueos de sus viviendas, incursiones y amenazas de narcoparamilitares, lo que ocasionó el desplazamiento de 1.455 personas hacia Santa Rosa del Sur; además el 12 de agosto en Cueva de Sapo entre Simití y San Pablo, masacraron a tres personas, dos de ellas eran Jaider Centeno y Deivi Perea.
En Rosas, La Sierra, La Vega, Almaguer, San Sebastián, Sucre, Bolívar, Mercaderes y Florencia municipios que conforman el Macizo Colombiano y en Balboa, Cauca, desde el 11 de agosto más de 800 personas se desplazaron por confrontación entre la insurgencia y grupos que se hacen pasar por las disidencias de las otrora Farc, en los hechos una mujer y un menor de edad del municipio de Almaguer resultaron heridos.
Otras víctimas de esta semana
Mariton Jusayu Ipuana era autoridad Indígena del Pueblo Wayuú, fue asesinado el 18 de agosto en la comunidad Malirrou de Uribia, La Guajira.
En Toro, Valle del Cauca el 18 de agosto perpetraron otra masacre que dejó cuatro víctimas fatales.
En Bogotá en la Autopista Norte con calle 223, el 19 de agosto masacraron 4 personas en una camioneta que pertenece a Carlos Mauricio Navarro Durán hijo de María Stella Durán, capturada en el 2018 por corrupción en el Instituto de Vigilancia de Medicamentos (Invima); ambos integran la Junta Directiva de Baltinga Holding Company SL y Telemarketing Express International SL.
Carlos Alberto Rincón Silva era Expresidente de la Asociación Municipal de JAC de Puerto Wilches y representante de la Unidad del Servicio Público de Empleo (Afesawil), fue asesinado por narcoparamilitares el 19 de agosto en el barrio Villa Pinzón de Puerto Wilches, Santander.
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[1] Colombia: las falacias detrás de ZIDRES, una ley de “subdesarrollo rural”. Oxfam, 2018.
[2] Segregación y vaciamiento: una estrategia para ordenar y explotar el Bajo Cauca. CPI, agosto- 2020.
[3] Serranía de San Lucas Gold Mining, Colombia. EJAtlas, 08-04-2014.
[4] Macizo colombiano, entre la explotación y la destrucción. La Cola de la Rata, 21-07-2014.
[5] Con un Campamento humanitario, en Carrizal piden que pare el conflicto armado. IPC, 02-08-2022.