USPEC: ‘PEOR EL REMEDIO QUE LA ENFERMEDAD’
Colectivo de Presos Políticos del ELN
La corrupción ha penetrado todas las esferas estatales a tal punto que se volvió parte del sistema y la sociedad desafortunadamente la ha naturalizado; en el sistema carcelario la corrupción ha hecho metástasis y exacerbado la crisis carcelaria.
El Instituto Nacional y Penitenciario y Carcelario (Inpec) se encarga de la seguridad de la población carcelaria y de la administración de los centros de reclusión, pero no se puede negar que la situación de la Población Privada de la Libertad (PPL) es deplorable por lo inhumana.
El Gobierno de J. M. Santos (2010-2018) expidió el Decreto 4150 del 3 de noviembre de 2011 que creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), encargada de gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos por el Inpec.
Con la creación de este estamento se esperaba que mejorara la situación de la población privada de libertad, sin embargo, la corrupción que rodea los contratos de servicio empeoraron la alimentación y la salud, ya que los contratos son adjudicados conforme a la conveniencia del oferente y al monto de las coimas sin importarles la calidad del servicio.
La alimentación y la salud devorada por los corruptos
A nivel nacional el Estado gasta alrededor de 3 billones de Pesos anuales en alimentación de la población carcelaria, un interno tiene un gasto mensual aprobado de cerca de 2 millones de Pesos, pero solo en alimentación gasta 278.583 Pesos mes; sin embargo, los internos no solo son sometidos a una mala alimentación (no balanceada y gramaje por debajo de los estándares) sino a un inadecuado servicio, constantemente la alimentación es sometida a medidas antihigiénicas que llevan a que los alimentos se entreguen en estado de descomposición, lo cual atenta contra la dignidad y la salud.
Por su parte, el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad se encarga de contratar la prestación de los servicios de salud, donde a cada interno se le invierte 1.750.000 Pesos mensuales; sin embargo, está cifra no se ve reflejada en la atención prestada, los centros carcelarios carecen del personal médico capacitado, y el personal existente no es acorde la población carcelaria existente.
La Uspec actúa como un intermediario de los servicios de salud y alimentación entre los oferentes y los centros de reclusión, lo cual favorece a la burocracia y la corrupción y libra de responsabilidades al Inpec por el mal servicio prestado.
Desobediencia pacífica contra el mal servicio
El mal servicio y las deplorables condiciones llevaron a los presos del Patio N. 1 de la cárcel El Barne en Cómbita, Boyacá, desde el 3 de agosto se declararon en desobediencia pacifica:
Hacen un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría y demás medios de control, para que tomen cartas en el asunto e inicien investigaciones en materia disciplinaria, penal, y fiscal, para que los responsables de esta grave situación sean puestos ante la justicia, pues no se puede desconocer que el suministro de los alimentos a la población carcelaria es una obligación del Estado.
La alimentación debe ser diaria, de calidad y cantidad, que permita una sana y correcta nutrición, por sus condiciones de PPL están imposibilitados para suministrarse sus alimentos, y por las actuaciones irresponsables de los encargados de la alimentación Nutriuspec, están sometidos a un sufrimiento y ostensible daño a su integridad personal, física y mental, constituyendo un trato cruel e inhumano, violatorio de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Por esta razón y dado a que no ha sido escuchado su llamado, todo sigue igual dejando entrever que acá la justicia es para los de abajo y que los órganos de Control no tocan a los poderosos.
La Entidad prestadora del servicio de alimentación de manera mentirosa ha manifestado ante los entes de control que los reclamos son mal intencionados de parte del Patio 1, por lo cual también exigen que confronten sus reclamos justos con PPL de otros Patios.
Esperan que este nuevo Gobierno escuche de manera directa de los PPL, y juntos buscar medidas que conlleven a resolver la grave crisis de las cárceles, donde estas se han convertido en sitios olvidados, donde prima la represión, la indolencia, de los entes de control que han hecho de ellas un botín más de alta corrupción, donde no existe respeto por la vida y la dignidad.