CESA LA URIBE-NOCHE
Himelda Ascanio
Los cuatro años nefastos del Gobierno de Duque se caracterizaron por la exacerbación de la crisis humanitaria, la involución del Estado de Derecho y los mecanismos de la democracia, el incremento de la desigualdad social y la ínfima implementación del Acuerdo de Paz [1].
En este el tercer Gobierno de Uribe extremaron el Genocidio continuado que exterminó a 954 líderes sociales de los cuales 129 eran mujeres, 99 en lo corrido de este año, junto al asesinato de 251 excombatientes, perpetraron 270 masacres con 1.140 asesinados, incrementaron 675 por ciento el desplazamiento forzado y acrecentaron la criminalización de Defensores de Derechos Humanos en un 165 por ciento.
Represión que provocó la gigantesca ola de protesta social liderada por jóvenes que desde las calles exigieron cambios, la respuesta del régimen fue reprimir, estigmatizar y criminalizarlos; para lo cual aprobó el Decreto 575 el 28 de mayo de 2021 que impuso la Asistencia Militar y remató con la Ley de Seguridad Ciudadana, que entre otras cosas legalizó la Pena de Muerte con la excusa de la legítima defensa e institucionalizó la estrategia del paramilitarismo urbano [2].
Durante el Estallido Social de 2021 las Fuerzas Armadas (FFAA) y los narcoparamilitares urbanos asesinaron a 87 manifestantes, hirieron gravemente a 1.929, 103 de ellos con traumas oculares graves, hicieron 3.546 detenciones arbitrarias que en su mayoría conllevaron tortura, tratos crueles, inhumanos y violaciones sexuales, de las 106 víctimas de violencias basadas en género 23 fueron violaciones y 16 agresiones sexuales, desaparecieron 471 personas de las aparecieron 276, 23 fueron hallados en el río Cauca, otros quedaron desmembrados en las calles o incinerados en centros comerciales; para rematar la persecución luego de las protestas criminalizaron a 300 integrantes de las Primeras Líneas en 57 operaciones que incluyeron 167 registros y allanamientos [3].
La “gente de bien” como paramilitares urbanos
En abril de 2021 al iniciar el Estallido Social, Álvaro Uribe el caudillo de la extrema derecha en Twitter ordenó: “1) Fortalecer FFAA, debilitadas al igualarlas con terroristas, La Habana y JEP y con narrativa para anular su accionar legítimo; 2) Reconocer: Terrorismo más grande de lo imaginado; 4) Acelerar lo social; 5) Resistir Revolución Molecular Disipada: impide normalidad, escala y copa”, a lo que agregó: “apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico” [4].
El 2 de mayo Carlos Maya el Alcalde de Pereira dijo: “vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada, para hacer un Frente Común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden y la seguridad ciudadana; la ciudad de Pereira no se detiene y no se detendrá; no la vamos a dejar en manos de los violentos” [5].
Bajo estas órdenes perpetraron el asesinato del estudiante Lucas Villa el 5 de mayo en el Viaducto de Pereira, en el que hubo coordinación, planeación y encubrimiento entre la Policía Judicial (Sijin), la banda narcoparamilitar de La Cordillera (conducida por el Comandante de las FFMM Leonardo Barrero) y la Policía que estaba a cargo del Coronel Aníbal Villamizar Serrano [6].
En Cali el 9 de mayo Andrés Escobar lideró los “pistoleros de bien” quienes en camionetas blancas escoltadas por la Policía atacaron la Minga Indígena en Ciudad Jardín hiriendo a 10 comuneros [7]; la Senadora María Fernanda Cabal y el Representante a la Cámara Christian Garcés, a principios de junio propusieron recaudar 300 millones de Pesos para pagar sicarios que neutralizaran a los manifestantes.
En lo corrido de este año bandas narcoparamilitares han desmembrado más de 15 cuerpos en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar en Bogotá, la Policía y la Fiscalía responsabilizan a la banda criminal Tren de Aragua, traída al país en febrero 2019 cuando Iván Duque ingresaron desde Venezuela a Cúcuta a Juan Guaidó con ayuda de la narcobanda de Los Rastrojos, para intentar entrar al país vecino un supuesto paquete de ayuda humanitaria.
Últimos Falsos Positivos y otras ejecuciones
En el corregimiento Chochó de Sincelejo, Sucre, la Policía el 25 de julio hirió a Jesús David Díaz de 20 años y Carlos Arévalo de 21 años, mientras realizaban piques de motos, cuando los trasladaban a la clínica fueron interceptados por una patrulla de Policía y capturaron a Carlos Ibáñez de 26 años, quien se acercó a preguntar qué pasaba con los jóvenes, horas después aparecieron muertos con señales de tortura en la Clínica María Reina, luego presentados como miembros del Clan del Golfo que habían sido dados de baja.
Olimpo Castillo Sastoque de 53 años, era defensor de DDHH e integrante de la Asociación de Víctimas de San Martín (Asdesan), fue asesinado el 24 de julio en el barrio Pedro Daza de San Martín, Meta.
Orley Tombe Conda era excombatiente articulado al Etcr Heiler Mosquera de Puerto Asís, Putumayo, fue una de las víctimas fatales de la masacre perpetrada el 25 de julio en Puerto Rico, Caquetá, junto a Aurelio Castro Ortiz y Durley López Osorio, además dos mujeres quedaron heridas.
Luis Carlos Quiceno Londoño era líder ambiental y guía turístico del proyecto Mamalú, fue asesinado el 27 de julio cuando se desplazaba por el río La Miel a recoger unos turistas en la vereda La Habana en La Dorada, Caldas; la familia había denunciado un entramado judicial por el derecho de posesión del predio entre la Alcaldía, la Policía y un particular.
En los Altos de La Mina en la Jagua de Ibirico, Cesar, el 27 de julio perpetraron una masacre cuyas víctimas fueron Cristian Camilo Carbonó de 18 años, Luis David Carbonó Daza y Víctor Manuel Álvarez Millar de 17 años.
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[1] Informe Hambre y Guerra: el legado del aprendiz. 14-06-2022.
[2] Informe final de la Misión de Observación Internacional por garantías a la Protesta Social y contra la impunidad en Colombia, 7-10-2021.
[3] El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021. Defender la Libertad, 16-12-2021.
[4] «Revolución molecular disipada»: el término que usó Álvaro Uribe para las protestas en Colombia. CNN, 06-05-2021.
[5] El llamado del alcalde de Pereira previo al atentado a Lucas Villa. Kien y ke, 06-05-2021.
[6] Caso Lucas Villa: las comunicaciones que comprometen a la Policía tras su atentado. El Espectador, 10-07-2022.
[7] Así fue el tiroteo del 9M en el sur de Cali. Cuestión Pública, 27-05-2021.