EL TERCER PAÍS CON MÁS DESPLAZADOS INTERNOS

Himelda Ascanio

La persistencia del Conflicto Interno produce millones de víctimas como los desplazados, que tras ser despojados de sus territorios son revictimizados en las ciudades en donde se refugian, Práctica Genocida que hoy se ensaña contra los pueblos étnicos del Pacífico.

El Informe del Observatorio de los Desplazamientos Internos (Idmc, por sus siglas en inglés) y del Centro Noruego para los Refugiados (NRC), presentados el 18 de mayo ubican a Colombia en el tercer puesto dentro de los países con mayor número de desplazados internos con 5,2 millones durante 2021, solo la superan Siria con 6,7 y República Democrática del Congo con 5,3 millones [1].

El Idmc y el NRC señalan que Colombia ha enfrentado una de las situaciones de desplazamiento interno más agudas del mundo, asociada con el Conflicto Armado y la violencia durante cinco décadas, que no fue superada con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, porque la violencia ha continuado en regiones históricamente afectadas lo que ha provocado más desplazamientos. 

En el 2021 se registraron 134.000 desplazamientos internos, 41 por ciento de las víctimas corresponden a pueblos étnicos y más de la mitad están ubicadas en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño que conforman la Costa Pacífica; 32.000 desplazados (24 por ciento) los originaron desastres ambientales, entre ellos más de 15.000 causados por el colapso de la represa de Hidroituango que ocasionó el desbordamiento del río Cauca afectando zonas de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.

La Oficina de la ONU en Colombia para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) asegura que, en lo corrido del presente año van más de 78.900 personas víctimas de desplazamiento masivo y confinamiento a causa de la violencia, a Bogotá la capital ha llegado al menos 9.000 víctimas del Conflicto Armado, lo que se suma a las más de 378.000 que hay en la ciudad.

El informe de Ocha registra 345.000 víctimas de masacres, desplazamientos, asesinatos selectivos y amenazas de muerte, lo que representa un incremento del 300 por ciento con respecto al mismo periodo del año 2021, el 85 por ciento de las víctimas son de la Región Pacífica, en el departamento del Chocó el 88 por ciento de su población al menos 188 comunidades étnicas han sufrido las consecuencias del reposicionamiento y control narcoparamilitar [2].

Persecución debida al racismo estructural

Entre el 15 y el 18 de mayo varias iglesias, organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales desarrollaron la Misión Humanitaria en Bajo Calima, Bajo San Juan y Buenaventura, la que encontró que están perpetrando un etnocidio contra las comunidades indígenas y negras, por medio de ataques sistemáticos contra su vida, libertad e integridad, desplazamiento forzado y confinamiento, que rompen la relación con el territorio y con las prácticas ancestrales, con el fin de despojarlos del territorio para megaproyectos, intereses empresariales y economías ilegales [3].

Los desplazados llegan a Buenaventura donde son revictimizados y estigmatizados por los narcoparamilitares, que los obligan a confinarse en los albergues a sufrir la desatención estatal que niega las garantías de dignidad y protección, medidas de reparación colectiva y no repetición; además hay un desacato generalizado por parte del Gobierno a múltiples fallos judiciales, como medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decisiones de la Corte Constitucional.

Las organizaciones étnico-territoriales de la Región Pacífico han cuestionado de si hay libertad de mercado para las grandes empresas, por qué no existe libertad de movimiento ni garantías de vida digna para los pueblos étnicos; también denuncian la evidente colusión entre las Fuerzas Armadas   y los narcoparamilitares [4].

Genocidio continuado

Alconides Vallejo Álvarez de 64 años, era Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Clarita en Vegachí, Antioquia, el 22 de mayo la policía lo hirió y se lo llevó en un helicóptero y luego lo dejó muerto en la morgue de Barrancabermeja, Santander.

Elizabeth Mendoza de 36 años, era Presidente de la JAC de la vereda Calarcá Tetuán en Chaparral, Tolima, fue una de las víctimas de la masacre perpetrada el 25 de mayo en la que también asesinaron a su esposo Marco Tulio Molina de 51 y su hijo Carlos Molina Mendoza de 16 años.