SEGURIDAD INVERSIONISTA Y GRAN MINERÍA

Carmen Tarazona

En las dos últimas décadas los Gobiernos subastaron 9.602 Títulos Mineros generando un tsunami de graves daños contra la Madre Tierra y la vida humana; es urgente una política que frene el desastre ambiental, la miseria y la muerte que ocasiona la megaminería.

La Seguridad Democrática de Uribe (2002-2010), la Prosperidad Democrática de Santos (2010-2018) y la Paz con legalidad de Duque (2018-2022), tuvieron como prioridad garantizar la seguridad inversionista que ofrece prerrogativas fiscales y jurídicas para las grandes empresas mineras, seguridad que derivó en la Guerra Genocida contra las comunidades.

Apertura a la explotación minera desenfrenada

Colombia tiene las mejores condiciones naturales y culturales para ser un país agroindustrial, autosuficiente y exportador de alimentos, pero la protección del latifundio y las desventajas generadas por la Apertura Económica iniciada en 1990 cercenaron ese potencial, y empujaron a la población rural a desarrollar los cultivos de uso ilícito, que agregan nuevos daños al medio ambiente y a la vida de la gente.

En 2016 la Corte constitucional atendiendo una Tutela revocó las Áreas Estratégicas Mineras de oro, cobre, hierro, platino por falta de consulta previa a las comunidades, además por violar el derecho a la alimentación, el acceso al agua y a un medioambiente sano y mantener su patrimonio cultural, pero tal Sentencia no la cumplieron.

La minería de oro, níquel, cobre y carbón a gran escala no ha llevado prosperidad para las regiones mineras, en 2021 esa minería solo aportó 1,9 billones de Pesos de regalías (23 por ciento del total que recibe el país), que no compensan los daños ambientales y para la vida que causan [1].

Lo más dañino

Colombia posee el 50 por ciento de los páramos de la región que son importantes fábricas de agua; pero el Gobierno de Duque les decretó la muerte con la Resolución 110 del 28 de enero del 2022, que levanta la restricción para desarrollar proyectos mineros no forestales en zonas protegidas, con lo que atenta contra la biodiversidad del Chocó, la Amazonía, el Macizo Colombiano (la estrella hídrica más importante del país), los humedales del Vaupés, Guainía y Vichada, entre otros.

Igual de perjudicial es el Decreto 328 del 28 de febrero del 2020 que autorizó Proyectos Piloto de Fracking para exploración de petróleo [2], en Kalé y Platero en Puerto Wilches, Santander; la Juez Primero Administrativo de Barrancabermeja falló a favor de una Tutela, que obliga a ambos Proyectos a realizar todas las fases del proceso de Consulta Previa con las comunidades [3].

Miseria y mega minería

Según el Instituto Nacional de Salud en 2022 han fallecido 84 niños por desnutrición y enfermedades previsibles como la Tosferina, la mayoría de ellos eran niños indígenas de las zonas mineras de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Chocó.

Según el Boletín de Pobreza Infantil del DANE de 2021 en Colombia hay 8.259.062 menores en situación de Pobreza Monetaria y 3.171.671 en Pobreza Monetaria Extrema, 2.726.386 infantes de 0 a 5 años son pobres y 1.039.320 son pobres extremos; según el Banco Mundial Colombia ocupa el segundo puesto por desigualdad de ingresos, entre 18 países de América Latina y el Caribe, y sufre la desigualdad más alta de los 35 países de la Ocde.

Destierro, despojo y gran minería

El plan del Gobierno prioriza cinco Zonas de Intervención Integral (Zonas Futuro), Nariño, Catatumbo, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Arauca, Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños, que son coincidentes con las zonas de grandes yacimientos de minerales.

Las Zonas Futuro fueron anunciadas al público como destino de inversión social e implementación de Programas derivados del Acuerdo de Paz de 2016, pero al estar conducidas por el Consejo Nacional de Seguridad su prioridad es la contrainsurgencia, ejecutada por las Fuerzas de Tarea Conjuntas, en operaciones conducidas por asesores militares de Estados Unidos pertenecientes a las Fuerzas Especiales de Asistencia de Seguridad (Sfab).

Las Sfab aplican métodos de Guerra Híbrida o Guerra No Convencional que emplea operaciones políticas (narcopolítica), jurídicas (enjuiciamientos al movimiento popular), mediáticas (señalar de vándalos, vagos y terroristas a los líderes sociales), militares (ataques contra población no combatiente como la reciente de Alto Remanso, Putumayo), y accionar narcoparamilitar (Clan del Golfo, Rastrojos, etc.)

Las unidades Sfab que asesoran a la Fuerza de Tarea Conjunta Quirón en Arauca, cooptó antiguos integrantes de los frentes 10 y 28 de las otrora Farc para operar como narcoparamilitares, quienes estallaron un carrobomba contra el edificio sede de las organizaciones sociales el 19 de enero; igualmente en Putumayo y Nariño las Sfab asesoran al Comando Conjunto N.° 3 Suroriente, que ejecuta acciones contra las comunidades con los denominados Comandos de Frontera [4].