EN COLOMBIA ASOMA UNA INFLACIÓN DE DOS DÍGITOS

Chavela Villamil

La actual crisis económica nos obliga a contrastar el modelo actual centrado en la acumulación de capital en pocas manos, contra un modelo que redistribuya la riqueza, disminuya el Gasto Corriente (burocracia, Guerra, pago de Deuda Externa -DE-) y mejore la calidad de la vida de todos los colombianos.

La caída abrupta de la oferta que originó la pandemia del Covid-19 exacerbó la desaceleración económica que se venía gestando durante décadas, conllevó a que desde mediados del año anterior se incrementaran los fletes, los hidrocarburos y desde luego los productos, generando una inflación global sin precedentes que aún no logran controlar.

Inflación y Tasas de Interés desbordadas

Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno y el Banco Central la inflación sigue desbordada y con tendencia incremental, durante el mes de abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1,25 por ciento lo que incrementa la inflación interanual nacional a 9,23 por ciento (el registro más alto en 22 años), y eleva el Costo de Vida a 26,1 por ciento [1].

A la crisis inflacionaria se aúna la reciente medida adoptada por la Reserva Federal de Estados Unidos (EEUU) que incrementó la Tasa de Interés en 50 puntos básicos [2], esta medida tiene un impacto directo en la DE colombiana que asciende a 167.859 millones de Dólares, y por cuenta de esta medida aumenta en 839,925 millones de Dólares, además genera una depreciación automática de la divisa (actualmente el Dólar oscila por encima de 4.000 Pesos), lo cual impacta aún más el Costo de Vida.

El Informe de Política Monetaria del Banco Central sostiene que en un corto plazo es imposible ponerle freno a la inflación y regresar a los valores prepandémicos (3,8 por ciento en 2019), al cierre de este año descenderá a 7,1 por ciento, en 2023 será de 4,30 por ciento y en 2024 descenderá a 3,7 por ciento [3]; sin embargo, la tendencia incremental de la inflación, el aumento de Tasas de la Reserva Federal de los EEUU y el conflicto Ucrania-Rusia dejan entrever, que las proyecciones del Banco Central no se cumplirán y que al cierre del primer semestre la inflación sobrepasará el 10 por ciento.

El problema no es la producción sino la distribución

El leve repunte del Producto Interno Bruto (PIB) al ser un aumento basado en las ventas y el turismo, se denomina un ‘evento de incremento por demanda’, que lo hace un aumento volátil sin capacidad de sostenerse en el tiempo, por ende, no trasciende en la balanza del mercado y no alcanza a dinamizar la economía.

Las deficitarias políticas económicas y fiscales adoptadas por el Estado dejan un déficit fiscal creciente que asciende a los 105,7 billones de Pesos; sin embargo, los problemas del país no son del campo financiero sino económico, en otras palabras, no es que no se produzca lo suficiente sino que lo producido mayoritariamente se destina al Gasto Corriente (burocracia, Guerra, pago de DE), además la exorbitante DE en vez de ser amortizada es sobre incrementada constantemente, gastamos más de lo que producimos y generamos nuevos pasivos para saldar los pasivos antiguos.

La DE consume gran parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) que este año destinó 76,9 billones de Pesos (un incremento del 9,1 por ciento) para el pago de este pasivo; sostener este tipo de incremento implica disminuir la inversión en Gasto Social, lo cual incrementa la pobreza y la desigualdad.

Mitigar la actual crisis económica, la pobreza y desigualdad requiere disminuir el Gasto Corriente, principalmente el monto destinado al pago de la DE, que en un principio se podría congelar su incremento y dejarlo en el monto del año anterior (70,52 billones de Pesos), esto libera 6,38 billones de Pesos para este año y en una proyección a diez años este superávit se incrementaría en un tres (3) ciento anual.  

El país requiere una Reforma Tributaria y Fiscal redistributiva que a través de impuestos directos y progresivos a los ingresos y al patrimonio, eliminen las exenciones a los mega empresarios aliviando la carga fiscal sobre las capas sociales más empobrecidas y excluidas; esto captaría tributos equitativos de acuerdo a la capacidad de pago, y al disminuir la carga tributaria de las clases medias y bajas mejoraría el poder adquisitivo per cápita a nivel general, que exigiría una mayor producción y generar más empleo.