LOS TRAFICANTES DE NOTARÍAS

Álvaro Solano

En todo el mundo un Notario da fe de la actuación legal de los ciudadanos, pero el régimen colombiano ha convertido las Notarías en mecanismos para legalizar todo tipo de ilícitos, como los despojos de tierras a los campesinos, blanqueo que vuelve súper ricos a los Notarios.

La Ley 588 del 2000 dice que los Notarios deben ser seleccionados mediante concurso de méritos, de una lista de elegibles que presenta el órgano rector de la carrera notarial al Gobierno quien los elige, pero los Gobiernos las usan para pagar favores a sus aliados políticos.

El mejor ejemplo de los torcidos que hacen con las Notarías ocurrió terminando el primer Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006), este para asegurar su segundo mandato (2006-2010) repartió 79 Notarías entre 34 Congresistas que le dieron el voto para hacerse reelegir; entre Bernardo Moreno el Secretario de la Presidencia y Sabas Pretelt el Ministro del Interior, indicaban a quien debía entregarse una Notaría y el Superintendente Cuello Baute apenas se limitaba a firmar lo que le ordenaban, como confesó posteriormente ante la Corte Suprema de Justicia [1]; toda esta corruptela el régimen lo encubre con un eufemismo y desde entonces se conoce como ‘Yidispolítica’.

Notarías, clanes y narcopolíticos

En 2017 la Superintendencia de Notariado y Registro cerró sus Puntos de venta de Certificados de Tradición y Libertad, Certificados de No Propiedad e Índices de Propietarios, para entregarlos a una empresa privada, negocio que equivale a una concesión, hecho sin una licitación y  entregado al primero que llegara y cumpliera los requisitos, para sorpresa de todos resultó ser Proyectos Legales SAS, empresa del Clan Palacios Martínez, que en 2017 registró en la Cámara de Comercio ingresos por 168 millones de Pesos, 799 millones en 2018 y 3.014 para 2019.

Daniel Palacios Rubio padre del actual Ministro del Interior Daniel Palacios es un ferviente seguidor de Uribe, desde 2008 es el Notario 29 de Bogotá, que es la que más dinero recolecta en todo el país; las 100 Notarías más grandes del país anualmente tramitan 5.115 Escrituras, pero Palacios entre 2018 y 2020 cuadruplicó esa cifra, en 2018 contabilizó 24 mil, en 2019 24 mil y en 2020 llegó a 19 mil.

Piedad Martínez es la esposa de Daniel, madre del Ministro y hermana de María Cleo Martínez, quien fuera Senadora liberal en los años 90 y aliada del clan de narcopolíticos Gnecco del departamento del Cesar, María Cleo también fue Notaria entre 1996 y 2009, además mantiene un pleito para que la nombren en la Notaria 24 de Bogotá [2].

El caudillo y sus Notarías

Jorge Humberto el hermano de Mario Uribe Escobar y primo hermano de Álvaro Uribe Vélez durante 13 años fue el Notario 24 en el barrio Chapinero de Bogotá, tras su muerte el Ministro de Justicia Wilson Ruiz el 30 de septiembre de 2021 designó como encargada de esa Notaría a Ángela María Uribe Escobar, hermana del fallecido, quien además está nombrada en propiedad desde 2012 en la Notaría Única de Corozal, Sucre [3].

Notarias legalizan tierras despojadas ‘a sangre y fuego’

En la región de Tulapas conformada por 36 veredas de San José de Mulatos en Turbo, 14 corregimientos de Pueblo Nuevo en Necoclí y 8 en San Pedro de Urabá en Antioquia, los narcoparamilitares del clan Castaño Gil y el Fondo Ganadero de Córdoba despojaron más de 40 mil hectáreas de tierra, dejando 4.000 víctimas de desplazamiento forzado.

Según Indepaz el plan criminal de despojo y su legalización “se llevó a cabo en tres fases: la primera, el despojo material de comunidades campesinas y étnicas como efecto de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario; la segunda, el despojo jurídico a través de intermediarios, testaferros y un sinfín de prácticas fraudulentas con el concurso de servidores públicos; en la última, las tierras expoliadas ‘a sangre y fuego’ se destinaron a los agronegocios de los comandantes paramilitares y sus aliados legales e ilegales”.

En 2011 la Superintendencia de Notariado y Registro evidenció las ilegalidades en las compraventas de 103 predios, entre ellas la acumulación de más de un predio adjudicado por el Incora, prohibida en la Ley 160 de 1994, la firma de personas fallecidas y firmas falsificadas. En la legalización de los predios participaron: Miguel Puche Yáñez Notario tercero de Montería (protocolizó más de 50 transacciones), Lía del Carmen Hurtado López de la Notaría Única de San Pedro de Urabá, las Notarías Tercera de Medellín (del clan Uribe Vélez) y la única de Apartadó [4].