LOS NARCOGENERALES QUE ORDENAN MASACRES

Himelda Ascanio

La inocultable descomposición del régimen mafioso se comprueba con los narcomilitares que ejecutan el Genocidio contra el pueblo, que en el Pacífico masacran y despojan para entregar el territorio a la gran minería, a la vez que se lucran con la exportación de cocaína.

Según Indepaz el ciclo de violencia sistemática contra las comunidades organizadas deja el asesinato de 1.309 líderes sociales, 303 excombatientes y 284 masacres desde la Firma del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016, el 68 por ciento de los asesinatos de líderes los perpetraron durante el Gobierno de Duque, el 45 por ciento se concentran en la región Pacífica: Cauca 300, Nariño 132, Valle del Cauca 98 y Chocó 54.

Narcomilitares detrás del Genocidio en el Pacífico

El 2 de febrero en una redada contra la estructura narcoparamilitar Los Contadores de alias Matamba que delinque en Nariño y en el Eje Cafetero, fueron capturados 14 de sus integrantes, seis son militares activos pertenecientes a la Brigada 23 del Ejército, entre ellos el Comandante del Batallón Bogotá con sede en Pasto y el Coronel (r) Robinsón González del Río [1]; esta narcobanda el 15 de agosto de 2020 perpetró la masacre de 8 jóvenes en Samaniego, Nariño. 

Las grabaciones interceptadas a González revelan que hay Generales activos del Ejército que los conducen desde Bogotá, entre ellos alías el ‘Padrino’, otro de quien se sospecha es el (MG) Wilson Neyhid Chawez Mahecha Inspector General del Ejército y un oficial de apellido Barrero [2]; González del Río en 2016 fue condenado a 37 años de prisión por su participación en más de 40 ejecuciones selectivas cuando era comandante del Batallón Contraguerrilla N° 57 Mártires de Puerres (hoy Batallón de combate terrestre No. 57), luego se acogió a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que en 2018 le otorgó la libertad [3].

Otro caso similar se conoció el 18 de octubre de 2019 cuando fueron capturados seis policías de Cali pertenecientes a la narcobanda Mercaderes de la muerte [4], quienes en septiembre habían perpetrado la masacre de Karina Ramírez candidata a la Alcaldía de Suárez, Cauca, su madre y cuatro líderes sociales de la región.

El Ministro de Defensa Molano y el Brigadier Murillo Comandante de la Fuerza Titán del Chocó, enfurecieron y pidieron que la Iglesia se retractara del Informe presentado en la Conferencia Episcopal el 18 de noviembre, sobre la crisis humanitaria en el Chocó y el occidente de Antioquia, donde denunciaron que “el Estado es el principal victimario en estos territorios, y la presencia de las Fuerzas Militares es ineficaz para un control territorial por su connivencia con el Clan del Golfo” [5]. 

Los últimos perseguidos por el régimen

Carlos Fernando Ramos Sánchez excombatiente articulado en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Oscar Mondragón en Miravalle, Caquetá; fue asesinado el 6 de febrero en Leticia, Amazonas.

Amparo Tolosa aspirante al Congreso por el Pacto Histórico, el 7 de enero le propinaron 8 disparos al carro en el que se movilizaba por la localidad de Kennedy en Bogotá.

José Silva Duarte representante legal de la ONG Nación Wayuú, el 8 de febrero fue atacado con armas de fuego mientras participaba en reuniones técnicas en La Ceibita-Macedonia zona rural de Riohacha, La Guajira. 

Alfamir Castillo madre denunciante de Falsos Positivos del Eje Cafetero y lideresa de las Mujeres Corteras de Caña, el 8 de febrero recibió amenazas de muerte después de que la Tercera Brigada del Ejército ofreció “disculpas” por el asesinato de su hijo Darbey Mosquera Castillo.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que el 8 y 9 de febrero se presentó una incursión armada en el Resguardo Indígena Río Negro de Iquira, Huila. 

Luis Alberto Tovar líder de la Comunidad Nueva Esperanza del Consejo Comunitario Bajo Calima en Buenaventura, Valle del Cauca, el 10 de febrero fue secuestrado por narcoparamilitares en el sector Mojarra sobre el río Bajo San Juan.

Juan Carlos Jaramillo era líder comunal del corregimiento de Guabas y Guardia de seguridad en la alcaldía, fue asesinado el 10 de febrero en el barrio El Sol de Guacarí, Valle del Cauca.

Emiro Vega García era Presidente de Junta de Acción Comunal del corregimiento Cimarrón en Río de Oro, fue asesinado el 10 de febrero en la vereda El Juncal de Aguachica, Cesar. 

El 11 de febrero en el corregimiento Otú de Remedios, Antioquia, perpetraron una masacre que dejó 3 víctimas fatales cuyas edades oscilan entre los 25 y 28 años, además de un herido de gravedad.