LA PERVERSIÓN DE CONVERTIR AL DESPOJADOR EN VÍCTIMA
Himelda Ascanio
El 4 de noviembre los secuaces de Uribe Vélez que mandan en la Unidad Nacional de Víctimas reconocieron como víctima y le concedieron una indemnización al convicto narcopolítico Jorge Visbal Martelo, maniobra perversa con la que blanquean la imagen de uno de los mayores victimarios de comunidades campesinas.
Este es el país más desigual en nuestra América, tiene un Índice Gini de 0,88 por ciento en concentración de la tierra, debido a que el 1 por ciento de las fincas más grandes ocupan el 81 por ciento de Colombia, tierra que fue despojada en décadas de contra reforma agraria acaudillada por terratenientes, narcoparamilitares y narcopolíticos como Visbal Martelo; hay que recordar que las verdaderas víctimas de este despojo siguen reclamando la restitución de tierras que solo llega a 237.679 hectáreas, que no alcanza a ser el 10 por ciento de lo usurpado [1].
En la colusión de mafiosos y las Fuerzas Armadas diseñaron la expansión del narcoparamilitarismo para despojar más de siete millones de hectáreas de tierras, adquiridas con las luchas de los años 70 por la exterminada Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) y las comunidades étnicas; usurpación legalizada a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Notarías y jueces bajo la figura de “compradores de buena fe”, eufemismo que encubre a los negociantes de tierras despojadas, hoy defendidos por la precandidata uribista María Fernanda Cabal [2].
Entre los muchos beneficiarios de la usurpación de tierras están el Fondo Ganadero de Córdoba [3] y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) dirigida por Visbal Martelo entre 1991 y 2004, premiado luego como cónsul en Canadá en 2004, senador uribista en 2007, curul a la que renunció en 2009 para evitar que la Corte Suprema lo investigara, posteriormente en 2018 fue enviado por Santos como Embajador a Perú, año en que fue condenado a nueve años de prisión por sus vínculos con narcoparamilitares [4].
Violencia letal contra los liderazgos sociales
Robinson Jiménez era Presidente de la Asociación de Taladreros de Santander y Directivo de la Unión Sindical Obrera (USO) seccional Cantagallo, Bolívar, el 6 de octubre en el sector conocido como Boya del Río cuando se disponía a participar en una movilización en Puerto Wilches y Cantagallo en rechazo a la privatización de Ecopetrol y precarización del trabajo, fue víctima de un letal ataque sicarial que le causó la muerte el 7 de noviembre.
Luis Alberto Ramos Bertel era Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la Vereda San Antonio, miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor) y de la Red de DDHH regional, fue asesinado el 8 de noviembre en Montelíbano, Córdoba.
El 9 de noviembre en la vereda La Paz de El Retorno, Guaviare, perpetraron la masacre de cuatro personas.
Más de 13 integrantes de la Primera Línea en Bogotá y Medellín fueron criminalizados por participar en las movilizaciones del Paro Nacional iniciado el 28 de abril.
Marlyn Rojas líder juvenil indígena del departamento de Nariño e integrante del Coordinador Nacional Agrario (CNA), fue capturada con montajes judiciales por la Fiscalía el 8 de noviembre, mismo día que organizaciones sociales del suroccidente denunciaron amenazas de muerte contra las y los jóvenes de la Murga 15 de Noviembre de la ciudad de Pasto.
Edison Zetty coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo Las Delicias en Caldono de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), fue víctima de un atentado el 8 de noviembre cuando se desplazaba con otros comuneros.
Willinton Hernández era presidente de la JAC del barrio El Centro en la inspección de La Unión Peneya en La Montañita, Caquetá, había ayudado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la recuperación de cuerpos de desaparecidos en fosas comunes del cementerio de esa localidad, fue asesinado el 9 de noviembre cuando salía de una reunión con los demás directivos de la JAC.
Hugo Gilberto Córdoba excombatiente que hacía parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) Ariel Aldana en La Variante, Tumaco, fue asesinado el 9 de noviembre en el barrio Shumager de Samaniego, Nariño.
Mario Alejandro Eslava Fuentes era excombatiente que realizaba su proceso de reincorporación en el Etcr de Icononzo, Tolima, fue asesinado el 9 de noviembre en la vereda Monserrate del municipio de Arauca capital.
Carlos Andrés Pacheco líder estudiantil de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña, Norte de Santander, por denunciar hechos de corrupción presentados en la administración de esta institución, el 10 de noviembre sufrió un ataque sicarial del que salió ileso.
Edgar Varela Barrios Rector de la Universidad del Valle, Jhon Alexander Chalarcá, Presidente de Sintraunal, José Milcíades Sánchez Defensor de Derechos Humanos de Sintraunal y varias lideresas y líderes del Puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, el 10 de noviembre fueron amenazados de muerte por narcoparamilitares.
Autoridades Indígenas del Resguardo Jerusalén en San Luis Alto Picudito de Villagarzón, Putumayo, el 12 de noviembre fueron amenazados de muerte por los narcoparamilitares que operan en colusión con la Brigada XXVII del Ejército y con la Policía.
En la vereda La Sencella de Puerto Leguízamo, Putumayo, el 13 de noviembre narcoparamilitares masacraron a tres campesinos, dos identificados como Sleider Gordillo España y Jaider Enrique Rivera Maestra, uno de los asesinados era Presidente de la JAC de la Inspección de Yurilla.
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[1] Así se disputan la tierra en Colombia. Mongabay, 31-07-2018.
[2] La tierra para los acaparadores, María Jimena Duzán, 20-10-2021.
[3] Directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, a responder por despojo de tierras. Verdad Abierta, 11-02-2014.
[4] Visbal Martelo: un victimario, no una víctima. El Espectador, 10-11-2021.