RATAS DEVORAN HASTA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Álvaro Solano

El presupuesto anual del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de 1,5 billones de Pesos es saqueado por los contratistas corruptos en colusión con los Gobiernos departamentales [1], negando este derecho a ocho millones de escolares de 13.000 colegios y escuelas en los 1.103 municipios del país.

El objetivo del PAE es garantizar a los niños y las niñas una alimentación adecuada para disminuir la deserción escolar y aumentar la matrícula en las instituciones educativas; el PAE comenzó en 1936 con la creación de los restaurantes escolares, en 1968 crearon el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en 2011 el PAE pasó a manos del Ministerio de Educación (Minedu) y en 2015 este lo entregó a los departamentos.

Robar comida a niños es infanticidio

La Contraloría General de la República concluyó que solo en 2016 se robaron más de 32 millones de raciones de comida, por esto abrió 154 procesos de responsabilidad fiscal por cerca de 84.000 millones de Pesos, y estima que de estos crímenes son responsables 11 Exgobernadores, 3 Congresistas y 52 Exalcaldes [2]; detectaron malos manejos en 24 de los 32 departamentos del país, pero en la Procuraduría solo existen 154 Procesos de Responsabilidad Fiscal por 83.874 millones de Pesos.

Según el Minedu las mayores redes criminales de esta corrupción son:

1) La conformada por Katia Elena Rosado, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araujo, quienes contrataron cerca de 450 mil millones de Pesos en Cesar, Magdalena y La Guajira.

2) La integrada por Adiela Álvarez y Hugo Mario Álvarez, que celebraron contratos desde 2012 por 129.000 millones de Pesos.

3) Un grupo de fundaciones entre las que estaba Vive Colombia, que desde el 2013 tuvo 240 contratos por más de 142.000 millones de Pesos en Cundinamarca y Boyacá.

4) La Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones firmó 22 contratos en Santander por más de 110.000 millones de Pesos.

Algunos Gobernadores y Congresistas ladrones del PAE:

5) Magdalena: Rosa Cotes, 4 procesos por 1.744 millones de Pesos.

6) Nariño: Camilo Ernesto Romero, un proceso por 470 millones de Pesos.

7) Cesar: Francisco Fernando Ovalle, un proceso por 2.451 millones de Pesos.

8) Chocó: Jhoany Carlos Palacios, un proceso por 644 millones de Pesos.

9) Putumayo: Sorrel Aroca, un proceso por 292 millones de Pesos.

10) Caquetá: Álvaro Pacheco.

11) Amazonas: Carlos Arturo Rodríguez.

12) Arauca: José Facundo Castillo.

13) Cesar: Luis Alberto Monsalvo, capturado el 18 de agosto del presente año.

14) La Guajira: José María Ballesteros Valdivieso.

15) Santander: Richard Alfonso Aguilar capturado siendo Senador el 28 de julio del presente año.

16) Erwin Arias Betancourt actual Representante a la Cámara por Caldas.

17) Didier Lobo actual Senador de la República.

18) Cartagena: el Alcalde Manuel Vicente Duque fue capturado el 2 de agosto de 2017 [3].

Muestras de esta canallada

En un colegio de Cereté en Córdoba un vídeo muestra a 350 niños en fila, tres operarias les entregan medio vaso de peto y una galleta de soda, ración que no vale 70 pesos, pero el contratista cobra 971 Pesos por cada una, detrás de estos contratos estaba Bernardo Elías Vidal, alias ‘ñoño Elías’, mientras el 37 por ciento de los niños en Córdoba padecen anemia y 16,5 por cada 100.000 niños mueren por desnutrición.

En Vichada a los internados indígenas llegaban alimentos descompuestos y en menor cantidad que la contratada, robo valorado en 4.922 millones de Pesos.

En Arauca, mientras intoxicaban a 300 estudiantes de tres colegios, los contratistas facturaban por comida fantasma.

En Amazonas cobraron cada ración a 4.005 Pesos, pese a que meses antes la habían cobrado a 1.984 Pesos; en el internado indígena de Tarapacá los huevos de 350 Pesos los facturaban a 900, la pasta para sopa de 1.460 Pesos la cobraban a 5.050, la caja de panela de 38.000 Pesos la cobraron a 65.200.

Como son innumerables los crímenes de corrupción contra el PAE, el que se conoce hoy sepulta los anteriores, hasta que la sociedad normaliza estas canalladas contra la niñez y la juventud, lo que justifica la impunidad con que cubren estas llagas del régimen, descomposición que terminará cuando la lucha del pueblo colombiano saque del poder a la mafia dominante.