¿QUÉ ES PEOR LA CORRUPCIÓN O LA VARIANTE DELTA?

Álvaro Solano

Corrupción es hacer una transacción en dinero u otra utilidad con un funcionario para que omita un acto propio de su cargo o ejecute uno contrario a sus deberes, peste que hace metástasis en la sociedad más rápido que la variante Delta del Covid-19.

Una de las formas de medir la corrupción global es con el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) desarrollado por la ONG Transparencia Internacional, en Colombia sus formas más comunes son: soborno, tráfico de influencias, evasión fiscal, extorsiones, fraudes, malversación, prevaricación, caciquismo, compadrazgo, captación, nepotismo, uso ilegítimo de información privilegiada, patrocinio o financiación de actividades ilícitas, entre otras.

Según el IPC en 2020 Colombia obtuvo 39 puntos –en una escala donde 0 significa corrupción muy elevada y 100 ausencia de corrupción-, quedando en el puesto 92 entre 180 países, ubicarse por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios, entre los países de la Ocde ocupa el segundo peor solo superado por México [1]; según US News and World Report que recopila información de corrupción con más de 20.000 expertos y empresarios de 180 países, clasifica a Colombia como el país más corrupto del mundo [2].

La Contraloría General de la República (CGR) dice que “50 billones de pesos al año le cuesta la corrupción al país”, cifra superior al presupuesto anual de casi todas las ciudades del país y más del triple de lo que el Gobierno Nacional aspira a recaudar con la Cuarta Reforma Tributaria;  las mafias de corruptos aprovechando la pandemia se enriquecen aún más con grandes contrataciones sin trámites adecuados y con sobrecostos exorbitantes, la CGR adelanta 121 procesos penales, 81 de ellas superan los 49 millones de dólares y 185 indagaciones por malos manejos de unos 26 millones de dólares en entes territoriales hasta mayo de 2021 [3].

El truco para desaparecer 70.000 millones

En diciembre del 2020 el Ministerio de las TIC adjudicó la licitación para llevar 15 mil centros digitales a zonas rurales del país por valor de 2,1 billones de Pesos, de los 10 consorcios conformados por 25 empresas que se presentaron, adjudicaron el contrato a Claro Colombia y al Consorcio Unión Temporal (UT) Centros Poblados de Colombia, que dejaron por fuera a empresas estadounidenses y chinas con amplia experiencia y capacidad para ejecutar estas obras.

Las empresas encargadas de ejecutar las obras son: 1) Intec de la Costa S.A.S. -con una larga trayectoria en escándalos por corrupción en contratos de construcción de vías no de telecomunicaciones y conectividad-, 2) Omega Buildings constructora S.A.S. con experiencia en construcción de edificios y casas, ambas de Barranquilla, 3) ICM ingenieros con sede en Bogotá dedicada a la construcción de carreteras y venta de materiales de construcción y 4) la empresa Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería e Innovación.

Claro el primer operador por un valor de 1,06 billones de pesos debe instalar los puntos digitales en los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés; en junio del 2021, seis meses después de firmado el contrato Claro había recibido el 8 por ciento del valor como anticipo, el avance acreditado era de 0,9 por ciento de todo el contrato y solo había instalado 700 puntos pero sin estar en funcionamiento.

El consorcio UT Centros Poblados se ganó por 1,07 billones de Pesos por la instalación de 7.277 centros digitales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada; en abril del 2021 recibió un anticipo por 70.243 millones de Pesos, el avance a 6 meses solo era del 1,2 por ciento del total de la lo obra y al día de hoy no ha instalado un solo punto digital.

Ante los incumplimientos comenzaron a indagar y encontraron grandes irregularidades como: 3 pólizas presentadas como garantía por la UT Centros Poblados eran falsas, los representantes del Banco Itaú dijeron que ellos no habían expedido esa garantía bancaria, la Ministra debió iniciar un proceso para caducar el contrato; el anticipo de 70.000 millones ya los sacaron del país, 58.000 millones a la empresa Nuovo Security LLC de Estados Unidos y 12.000 millones a la empresa Barranquillera Inselsa [4], hasta la fecha este dinero está perdido.

En resumen

La ministra de las Tics K. Abudinen es cuota política del Clan Char y Cambio Radical, la mayoría de las empresas del Consorcio UT Centros poblados son de Barranquilla, que no poseen capacidad técnica ni financiera para ejecutarlo, pero son sus amigos y socios, el Gobierno defiende esta Ministra y la mantiene en el cargo. Los más de 70.000 millones son recursos de todos los colombianos, los perjudicados son habitantes de regiones apartadas del país, estudiantes y personas que necesitan la comunicación digital para su formación y negocios, más necesaria ahora con la pandemia del Covid-19.