ZONAS FUTURO CONTRA LA PAZ

Hernando Martínez

El 30 de julio el Gobierno Nacional publicó el Plan de Respuesta Inmediata para las 5 Zonas Futuro (ZF), donde concentran el Plan Contrainsurgente y sepultan los Programas derivados del Acuerdo de Paz de 2016, como resultado de 3 años de esta intervención en ellas crece la crisis humanitaria.

El Gobierno “de la paz con legalidad” cada vez que en estas ZF perpetran asesinatos de líderes, masacres, desplazamiento y confinamiento de comunidades, hace un Consejo de seguridad con el que incrementa las tropas de las Fuerzas Armadas (FFAA), simultáneamente aumenta el narcoparamilitarismo para desterrar comunidades y facilitar las imposiciones de los megaproyectos que saquean bienes naturales.

El Gobierno de J.M. Santos (2010-2018) estableció 4 Líneas Rojas para las Agendas de Diálogo con las Farc y el ELN, una de ellas fue no modificar el modelo económico; los Acuerdo de Paz de 2016 hablan de una Reforma Rural Integral (RRI), que para no trasgredir esa Línea Roja trata de impactar a las comunidades rurales con planes de convivencia con la denominada Locomotora Minera, nombre que dieron al modelo extractivista.

El régimen considera inoficioso mantener la economía campesina por ser contraria a la agricultura, ganadería y minería a gran escala destinada a la exportación, apertura económica que abrió las puertas al libre mercado, aceptando las imposiciones de los países industrializados que subsidian su producción y requieren de las tierras, aguas y minas de los países del Sur del Planeta, 30 años de esta apertura destruyeron la economía campesina, fortalecieron los cultivos de coca y el narcotráfico que son  funcionales para su fracasada Guerra contra las drogas [1].

Existe un plan para simular que implementan la RRI

El plan de RRI contempla 16 sectores estructurales para 16 regiones articuladas en planes nacionales [2], el Gobierno reporta haber estructurado 5 sectores de acción y los 16 territorios priorizados, pero diversas organizaciones que monitorean los Acuerdos reportan que la forma como el Gobierno asume los indicadores de transformación no desarrollan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) acordados, y que un alto porcentaje son programas rutinarios del Gobierno.

De los 170 municipios que cobija la RRI para desarrollar los Pdet el Gobierno basado en su Plan de Consolidación prioriza los 50 municipios incluidos en las ZF, donde en vez de programas de desarrollo adelantan obras sociales de emergencia, articuladas a operaciones cívico-militares contrainsurgentes.

Publicitan que el Fondo Nacional de Tierras (FNT) cuenta con un millón de hectáreas disponibles pero lo otorgado a los campesinos es insignificante, el Catastro Rural solo lo están aplicando puntualmente como programa piloto en Ovejas, Sucre, la tan anhelada “modernización de la propiedad rural” está muy lejos de realizarse, porque los que están legalizando nuevos Títulos son los agronegociantes y las corporaciones mineras.

ZF mata Pdet

El régimen define las ZF por sus “altos índices de criminalidad que afecte la seguridad nacional,” su propósito no es realizar en ellas la RRI sino el “fortalecimiento del Estado Social de Derecho, prioridad para la prestación de servicios sociales y de medidas reforzadas de protección a la población” [3]; los tales servicios sociales son las obligaciones rutinarias del Estado, que las ejecuta como obras de caridad y no como un plan de desarrollo de la economía campesina y étnica, ni de sus autoridades autónomas.

La transformación territorial pactada en los Acuerdos de 2016 tiene que ver con demarcación de territorios campesinos, fortalecimiento de los Territorios Comunitarios Afro y de los Resguardos Indígenas, aplicar el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), todo este conjunto no lo pueden definir como “servicios”.

Las “medidas reforzadas de protección” a las que se refieren son la erradicación forzada que sepulta el Pnis, la persecución judicial a las organizaciones sociales y sus líderes, perpetrado por el amangualamiento de las FFAA con los grupos narcoparamilitares.