RACISMO Y CORRUPCIÓN MATAN A LA GUAJIRA

Carmen Tarazona

El abandono estatal de La Guajira nace en el racismo de las élites que desprecian a la mayoría indígena del departamento, a lo que se agrega la corrupción generalizada, que produce la situación de pobreza monetaria más alta de Colombia, con el doble del promedio nacional.

El abandono estatal convierte a esta región rica en recursos naturales en el departamento más pobre del país, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en el 2020 La Guajira tuvo un índice de pobreza monetaria de 65,8 por ciento, se estima que 52,2 de su población está en el rango de pobreza y el 15,35 por ciento vive en pobreza extrema [1].

Extractivismo, corrupción y miseria

En La Guajira se encuentra El cerrejón una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, sin embargo las 4 décadas de explotación carbonífera solo han dejado miseria, desastres ambientales y ha robustecido la corrupción institucional; en 24 años el departamento ha tenido 12 Gobernadores, la mayoría implicados con mafias, narcoparamilitarismo y han estado asociados a Crímenes de Lesa Humanidad. 

La pandemia de corrupción se destapó en 1997 con el Gobernador Álvaro Cuellar, quien fue destituido e inhabilitado por irregularidades en contratación de obras, otro caso conocido es el de Francisco ‘Kiko’ Gómez, que llegó al poder en el año 2011 y fue capturado en el 2013 por sus nexos con los narcoparamilitares.

La Exgobernadora Oneida Pinto llegó al poder en 2016 y sólo estuvo en el cargo seis meses, pues fue destituida; el mismo año Wilmer González llegó al cargo en noviembre con elecciones atípicas, también fue acusado de corrupción.

Estos exgobernantes tienen en común nexos con mafiosos y narcoparamilitares, el saqueo al erario y el despojo del territorio a las comunidades ancestrales de La Guajira [2].

Por encima de las Sentencias de la Corte

En 2017 la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional en relación con la situación que viven los niños y niñas del pueblo Wayúu en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, por la carencia de los derechos al agua potable, la alimentación y la salud.

La Sentencia T-302 de 2017 condena al Estado por estos hechos y lo obliga dar solución a esta crisis humanitaria, además busca erradicar la desnutrición, garantizar el agua y la seguridad alimentaria de la comunidad Wayúu y el pueblo afrodescendiente del departamento [3].

Un líder social de la región afirma que, “mientras discuten si en Bogotá el Metro es elevado o subterráneo, la discusión en nuestro departamento es si las comunidades logran tener agua potable; además el Estado construye vías que benefician a las multinacionales, mientras los campesinos y agricultores llevan más de 50 años esperando la construcción de vías terciarias que les permitan sacar sus productos del campo” [4].

En los últimos 8 años en La Guajira han muerto 4.770 niños indígenas por hambre y desnutrición, el Estado no garantiza el agua y la seguridad alimentaria en las comunidades Wayúu ni de la población afrodescendiente; además estos pueblos ancestrales siguen sin acceso a la educación [5].

Por derechos étnicos y de la juventud

La crisis humanitaria que sufre La Guajira llevó a que diez jóvenes agrupados en el Movimiento Juvenil Diverso de La Guajira, desde el primero de julio iniciaran una huelga de hambre en el parque Simón Bolívar de Riohacha [6].

Los huelguistas le exigen al Gobierno Nacional y departamental la instalación de una Mesa de negociación de carácter permanente, para discutir el Pliego de exigencias presentado en el marco del Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021, estas son sus principales exigencias:

1.- Acceso a la educación con calidad, infraestructura hospitalaria, servicios básicos, una política de desarrollo económico integral que resuelva el desempleo juvenil.

2.- Cumplimiento del Pacto de Colombia por la Juventud que incluye a jóvenes de los 15 municipios del departamento de La Guajira.