ENTRE «ENEMIGO INTERNO» Y «ENEMIGO EXTERNO»
Comandante Antonio García
A lo largo de las últimas dos décadas, el aparato de seguridad nacional de los Estados Unidos ha perfeccionado sus mecanismos de control social bajo la retórica de la «guerra contra el terror».
Sin embargo, la presentación de la «Estrategia Antiterrorista 2026», un documento de 16 páginas ideado por el funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, Sebastián Gorka, formaliza una mutación doctrinal. Ya no se trata únicamente de proyectar el poder militar imperialista hacia el mundo, sino de las lógicas punitivas de la guerra y dirigirlas de forma sistemática contra su propio territorio y la población civil interna.
Éste memorándum no constituye una simple directriz de seguridad, sino una síntesis ideológica del trumpismo como sistema de gobierno, configurando una declaración de guerra abierta contra la disidencia política, los movimientos sociales y las poblaciones catalogadas como vulnerables.
La reconfiguración del «enemigo interno»
El cambio más radical de la doctrina de 2026 estriba en la tipificación de tres categorías de amenazas: los «terroristas islamistas tradicionales», los «narcoterroristas» y los «extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas». En este último grupo, la administración engloba deliberadamente a personas que considera «antiamericanas, radicalmente pro-transgénero y anarquistas».
Al elevar a movimientos descentralizados u orientaciones identitarias al mismo nivel que organizaciones criminales complejas o células terroristas transnacionales, el Estado fabrica un «chivo expiatorio» ideológico para criminalizar los derechos y libertades protegidas por la Primera Enmienda.
Este oportunismo semántico del «terrorismo» funciona de manera selectiva. Mientras la administración es flexible y permisiva de manera sistémica con la violencia de los grupos supremacistas blancos y milicias de extrema derecha, responsables de la inmensa mayoría de los ataques violentos en el país, criminaliza la defensa de los derechos humanos y las identidades diversas.
Así lo que el Estado califica como «ideología radical» es, en esencia, cualquier cosmovisión que disienta del marco nacionalista, conservador y protestante evangélico blanco. Bajo el amparo del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7 (NSPM-7), se sientan las bases legales para la persecución penal de la pluralidad política.
La introducción del concepto de «neutralización» de los adversarios políticos en un documento estratégico contemporáneo evoca los episodios más oscuros de la represión estatal en EEUU. En 2026, la retórica oficial de «los encontraremos y los mataremos» es la «propaganda» que abre las puertas para las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes federales en el espacio doméstico, cobrando las vidas de activistas y ciudadanos en el marco de la resistencia popular.
En el plano de la política exterior, «el enemigo externo», la estrategia entrelaza el terror interno con un reforzamiento del intervencionismo regional a través de la instrumentalización de la Doctrina Monroe y la formulación de un «Corolario Trump». Colocarles a las redes de narcotráfico la etiqueta «terrorista», justifica la aplicación unilateral de las leyes de la guerra en aguas internacionales y territorios soberanos.
Esta proyección de poder punitivo se complementa con la reactivación de guerras secretas y el uso intensificado de ataques con drones en el continente africano y Oriente Medio, donde los criterios operativos se han flexibilizado al punto de considerar a civiles varones en edad militar como objetivos legítimos. Lejos de solucionar las causas estructurales del extremismo, la lógica de la «victoria a base de asesinatos» ha multiplicado de forma exponencial las bajas civiles y la inestabilidad global.