LA SALUD ES UN DERECHO FUNDAMENTAL
Damaris Izaguirre
El capitalismo neoliberal en la década del 90, a través del Congreso nos impusieron un sistema donde la salud dejó de ser un derecho, para convertirse en una mercancía de acceso no igualitario, regido por el poder adquisitivo, ¿por qué el Congreso anuló la salud como derecho fundamental?
La salud de los de abajo, la de los que no tenemos para la costosa medicina prepagada o que nos atiendan en la Fundación Santa Fé -clínica donde atienden a los Congresistas y otros que viven de desfalcar al Estado-, está en crisis desde que Uribe y sus secuaces nos impusieron la Ley 100, que creó las Entidades Promotora de Salud (EPS) -dando pie a la privatización de la salud-.
Aunque los medios prepagados traten de convencernos de lo contrario, desde la creación de las EPS no tienen clínicas o consultorios propios, tan solo son unos intermediarios, que reciben gruesas sumas de dinero por parte del Estado por cada afiliado, para que estas asignen atención y medicamentos en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y los gestores farmacéuticos.
Son las EPS las que determinan el tiempo y modo, en que pagan los servicios prestados por las IPS, en otras palabras, son las EPS en su mayoría privadas, las que le adeudan miles de millones a las IPS y los gestores farmacéuticos, ¿por qué los colombianos debemos pagar las deudas de los emporios privados?
El Gobierno progresista planteó una Reforma a la salud, que tenía como principio acabar con la intermediación de las EPS y hacer pagos directos del Estado a las IPS, propuesta que no es descabellada, si se tiene en cuenta que desde que existen la EPS, los de abajo nos la pasamos suplicando para que nos atiendan o nos den los medicamentos.
Lo que es peor, en las últimas décadas las EPS se han dedicado a engrosar sus cuentas bancarias, mientras los pacientes sufren la escasez de medicamentos y la falta de atención oportuna; sin embargo, los Congresistas y las Alta Cortes al servicio de los emporios de la salud tumbaron la Reforma que buscaba ordenar la salud pública.
Cualquier proyecto que busque acabar con el lucro de la salud para la empresa privada, no está bien visto por el régimen y por ello han utilizado a su horda de políticos, que han bloqueado en el legislativo cualquier conato de cambio, que modifique en lo más mínimo los privilegios de clase del régimen y ponga en peligro el statu quo.
Este Gobierno ha intervenido varias EPS que venían incumpliendo su función social, -prestar un servicio de salud adecuado, oportuno y de calidad-, sin embargo, esta acción ejecutiva no ha funcionada y la crisis de la salud continúa, incluso se ha intensificado el incumplimiento en la entrega de medicamentos y la asignación oportuna de citas médicas generales y especializadas, al igual que procedimientos médicos y exámenes de laboratorio.
Esta semana el Gobierno anuncio la liquidación de varias EPS privadas, que no podían continuar prestando el servicio de salud por la acumulación de deudas con las IPS y los gestores farmacéuticos, desde luego esta acción que es coherente y acorde a la situación, ha sido lapidada por los medios de comunicación, que se han convertido en caja de resonancia de la derecha y los mega ricos; quienes actuando en defensa de los intereses de los emporios de la salud, presionan para convencer a la gente, que todo lo que pasa en la salud es culpa del Gobierno.
Este gobierno ha sido coherente con el propósito popular, que busca retornar la salud a su deber ser: un derecho fundamental. En realidad, los medios y los partidos de derecha sirviendo a intereses contrarios a los de la gente abajo, buscan legitimar y darle continuidad a un modelo de salud que desangra el Estado, deja en crisis el derecho fundamental de la salud, mientras les engrosa constantemente las cuentas bancarias a los mercaderes de la salud.
La realidad ha mostrado de manera contundente que, mientras las EPS se enriquecen con la plata que reciben del Estado por la administración de los servicios de salud, los colombianos padecemos un pésimo sistema, donde las restricciones y el acceso oportuno a medicamentos y procedimientos, cuestan diariamente la vida de muchos colombianos.
El régimen jamás entregará el poder y sus privilegios de manera voluntaria, y este gobierno sigue sin romper radicalmente con el régimen ni toma distancia de las imposiciones del Tío Sam; por lo tanto, está en manos de la lucha popular lograr un sistema de salud justo y con enfoque social.