UN ESTADO QUE DERROCHA, SE ENDEUDA Y NO INVIERTE

Chavela Villamil

Ante la actual crisis económica es evidente que se necesitan tomar medias más allá del recaudo, es perentoria la austeridad estatal, la redistribución de los gastos del erario y la renegociación de las deudas, de lo contrario el colapso económico es inminente.

La neoliberal Reforma Tributaria que hundió el Paro Nacional se caracterizó por cargar aún más de lo habitual la tributación a la población, además no modificaba la política fiscal ni le daba prelación al gasto social, por ende se convertía en una reforma inocua que no subsanaba el déficit fiscal ni mucho menos cubría el déficit socioeconómico anterior a la pandemia y exacerbado por la misma.

La élite gobernante gasta de manera desmedida

Según el Ministerio de Hacienda se espera que este año el Producto Interno Bruto (PIB) crezca y sea del orden del 6,2 por ciento, aunque si se hace un balance nominal no se alcanzaría a cubrir el desplome de la producción del año anterior con un PIB negativo de 6,8 por ciento.

Se estima que este año el PIB sea de 1.106,36 billones de Pesos, los ingresos totales del Gobierno serían de 179,23 billones de Pesos (16,2 por ciento del PIB), mientras los egresos totales serían de 274,9 billones (24,8 por ciento del PIB), generando un déficit de 95,7 billones (8,6 por ciento del PIB) [1]; cabe agregar que sí la Reserva Federal de EEUU incrementa la tasa de interés, algo que es inminente debido al aumento desmedido de su inflación, esto impactaría en el déficit fiscal colombiano que subiría al 10,6 por ciento.  

La retórica económica va por un lado y el presupuesto va por otro

En un momento de estallido social y de una Reforma Tributaria fracasada el Gobierno presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que plantea una hoja de ruta para la proyección económica y la distribución específica del erario, es grave que el Marco Fiscal no está acorde con las exigencias de los colombianos que nos manifestamos en las calles.

Según el Ministro de Hacienda, “el Marco Fiscal dentro de sus perspectivas busca mitigar el impacto social, reducir la pobreza y la pobreza extrema, la recuperación del empleo, tener una economía boyante, la sostenibilidad fiscal y la austeridad en los gastos del Estado” [2], ‘¡de lo bueno no dan tanto!’.

Lo dicho por este Ministro se contradice con el Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) y los últimos proyectos de Ley aprobados por el Congreso, porque la Reforma a la Justicia y al Código disciplinario solo en cuestión de nómina generan un pasivo cercano a los 2 billones de Pesos anuales, sin tener en cuenta los demás gastos de funcionamiento; además, el Congreso hundió proyectos sociales como Matricula Cero y mantiene engavetado el de la Renta Básica, con lo que niega la retórica gubernamental sobre mitigar el impacto social.

El Anteproyecto del PGN para 2022 tiene un decremento de 4,9 billones de Pesos, 1,56 por ciento respecto al presupuesto del año en curso, lo cual podría verse como algo positivo y enmarcado en la austeridad; sin embargo, el PGN está encaminado a sostener la burocracia inoficiosa y le da prelación al gasto corriente, a la vez que incrementa el presupuesto para el pago de la Deuda Externa (DE) en 9,1 por ciento y decrementa el presupuesto de inversión en 23,8 por ciento y gasto social en 22,7 por ciento [3].    

La crisis tiene una única ruta de solución

Para salir de la crisis histórica en que han tenido sumido al país se necesitan reformas estructurales a los sistemas fiscal, tributario y productivo, el sistema actual no genera ni inclusión social ni sostenibilidad ni mucho menos desarrollo y productividad.

La dinamización de la economía requiere de un cambio estructural en la política económica, un modelo económico que tenga como base el aumento del poder adquisitivo per cápita, el desarrollo integral, el fortalecimiento del sistema productivo nacional, la disminución de la brecha de desigualdad y pobreza, y un uso racional de nuestros bienes naturales que garantice el futuro de las generaciones venideras.