EL MODELO ECONÓMICO AGIGANTA LA DESIGUALDAD
Chavela Villamil
Ninguna política que emane del capitalismo o el neoliberalismo diezmaran la desigualdad y mucho menos la pobreza estructural, ya que el modelo económico las fomenta para poder continuar fortaleciendo el libre mercado e incrementando el capital en un reducido grupo plutocrático.
El modelo actual al concentrar el capital en un reducido grupo plutocrático, hace incremental los indicadores pobreza (monetaria y multidimensional) y desigualdad, generando grandes déficits del gasto social, que los Estados son incapaces de subsanar, ya que el modelo en sí mismo es deficitario; a su vez, el modelo económico tiene implícito un incremento constante de la brecha de desigualdad social, a tal punto que hoy es insostenible.
La pobreza y la desigualdad continúan siendo una constante
Según la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, los elevados niveles de desigualdad de ingresos de América Latina y el Caribe, son un obstáculo para el progreso hacia el desarrollo social inclusivo y contribuyen a la crisis de desarrollo que atraviesa la región; en los últimos diez años, se observa que la desigualdad de ingresos de la región es persistentemente más alta que la de los países de la OCDE, por lo tanto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), considera que la desigualdad extrema de la región es inaceptable desde la perspectiva de derechos y justicia social, además de ser ineficiente desde el punto de vista del crecimiento económico. La desigualdad no solo afecta las oportunidades de las personas y limita su acceso al bienestar, sino que también tiene consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto y para el desarrollo de los países, se trata de un fenómeno que erosiona la cohesión social y la estabilidad de los pactos sociales de distintas maneras [*].
La CEPAL ha identificado seis factores o causas principales que contribuyen a explicar la elevada desigualdad en los países de la región y los bajos niveles de movilidad y cohesión sociales:
1.- El escaso crecimiento, que da lugar a mercados laborales poco dinámicos y con altos niveles de informalidad, junto con las grandes disparidades en la productividad, que generan mercados laborales segmentados, con diferencias significativas en materia de remuneraciones.
2.- Los sistemas tributarios regresivos.
3.- Las políticas sociales y de protección social débiles, que no reducen los efectos de la desigualdad arraigada en el ámbito productivo.
4.- Los sistemas educativos con graves debilidades, que no responden a las nuevas necesidades del mercado laboral asociadas a la revolución tecnológica, y que, además, están segmentados, por lo que no desempeñan el papel que deberían, como potente mecanismo de movilidad social.
5.- La desigualdad de género.
6.- El elevado nivel de desigualdad y segregación espacial en las zonas urbanas, en las que vive el 80 por ciento de la población total de la región.
La dependencia que tiene nuestro país del capital extranjero y la desaceleración de la productividad y el mercado interno, han conllevado a que continuemos con grandes déficits en los indicadores de pobreza y desigualdad; según la CEPAL, Honduras, Colombia y Argentina son los países con mayores índices de pobreza en la región, siendo Colombia el segundo país con mayor pobreza, y el primero en desigualdad, en América Latina.
La baja productividad y la baja capacidad de compra de los sectores socioeconómicos medios, medio-bajos y bajos, incrementan la deceleración económica existente y hace más difícil la posibilidad de una recuperación económica, por lo tanto, el país está lejos de alcanzar un punto de equilibrio a largo plazo.
El incremento en las ventas que reflejan algunos sectores de la economía, se percibe como un leve aumento del comercio y de las utilidades, pero esto, no se refleja en aspectos como la recuperación del empleo ni la formalización del trabajo informal, solo repercute en el repunte de las utilidades de las grandes empresas y las corporaciones.
Nuestra economía solo es viable si cambiamos el modelo
Durante décadas gran parte del país y en especial las zonas periféricas, han estado sumidas en un total abandono estatal, a tal punto que carecen de servicios fundamentales como alcantarillado y agua potable; lo que conlleva a que crezca constantemente la pobreza multidimensional, y con mayor fuerza se incremente la pobreza monetaria, en gran medida por el bajo poder adquisitivo per cápita, que a su vez está determinado por la falta de empleo formal, y la sobre proliferación del subempleo -rebusque-, que ni incrementa el poder adquisitivo ni mucho menos permite suplir las necesidades básicas.
La marcada contracción de la economía requiere que el Gobierno trace un plan de emergencia, que en plazo inmediato debe centrarse en la disminución del Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de intereses de la Deuda Externa -DE-), y el incremento del recaudo, centrando este último no en la captación por masa de capital, sino en la captación por volumen de capital neto.
Nuestra política económica debe estar fundada en favorecer a todos los colombianos, en especial en subsidiar capas bajas de la sociedad, además el desarrollo sostenible debe tener como eje central el aumento del poder adquisitivo per cápita y la disminución de los beneficios fiscales y tributarios de los mega empresarios; en otras palabras, como sociedad debemos luchar por una política económica que disminuya el Gasto Corriente e incremente de manera integral el Gasto Social.
Dar solución a la crisis económica del país implica congelar los montos destinados a la DE y en el mediano plazo renegociar este pasivo; además, la política estatal debe desarrollar un plan estricto de austeridad fiscal, que desde luego debe contemplar la disminución de la carga burocrática y decrecer el Gasto Corriente.
La reactivación y la solidez solo es posible incrementando el flujo de capital líquido y mejorando el poder adquisitivo per cápita, lo que tiene implícito dar solución al desempleo, a la vez que se desarrolla un plan de formalización del empleo. Por lo tanto, es inaplazable un cambio estructural de la política económica y laboral, en otras palabras, se debe incrementar la tributación de las grandes empresas y de los grandes capitales, generando una política redistributiva que invierta este dinero en planes de desarrollo integral sostenible, que dé prioridad a la inversión nacional y retraiga la inversión de capital transnacional.
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[*] Panorama Social de América Latina y el Caribe. Cepal, diciembre de 2025.