LOS GUARDIANES DE LA LEGALIDAD
Sergio Torres
El dicho popular dice que: ‘la justicia cojea, pero llega’… En Colombia cojea, pero además le hacen zancadilla y por eso no llega. Desde los tribunales, juzgados y salas ordinarias hasta las altas cortes, el aparato de justicia está infestado de politiquería, clientelismo y mafias.
Durante el 2021, en pleno Estallido Social, cuando la respuesta del gobierno a la protesta, fue darle tratamiento de guerra y empezaron a pulular las denuncias por brutalidad policial, violaciones y asesinatos a manifestantes, una entidad brilló por su silencio: la Defensoría del Pueblo. Todo un sarcasmo macabro que una institución con ese nombre y cuya función es promover y proteger los derechos humanos de todas y todos los colombianos, guardara silencio cuando los estaban matando en las calles, por protestar.
En ese momento esa entidad estaba dirigida por Carlos Camargo, a quien el gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022) le había regalado ese cargo, fundamentalmente por ser su amigo personal, con quien hacían trampas en la Universidad Sergio Arboleda. Con ello, ya era evidente no solo la capacidad intelectual de Camargo, sino su talante politiquero y funcional a las mafias del Estado.
En las manos de aquel Defensor del Pueblo, está la complicidad del silencio y el haber ignorado los cientos de denuncias por agresiones y asesinatos a manifestantes desarmados, por cerrar ojos y oídos cuando la Policía y el Ejército estatal utilizaron fuerza desmedida y tratamiento de guerra contra civiles. Igual ocurrió cuando se perdieron los recursos para atender emergencias y calamidades naturales, como las del huracán Iota en Providencia (“salió mal”, le recuerdan las redes).
Ascenso para el defensor que no defiende
Como premio a su sordera y ceguera, Camargo fue recientemente nombrado como magistrado de la Corte Constitucional. Con lo cual se confirman varias situaciones: Una, que las mafias en el poder continúan intactas y las altas cortes son parte de ello, el cartel de la toga continúa operando. Pues nombrar a Camargo dentro de la tríada de elegibles para dicho cargo, fue la devolución de favores por los cargos a familiares de magistrados de la Corte suprema de Justicia en la Defensoría del Pueblo en 2021. Es decir, favor con favor se paga.
Dos, que el gobierno no tiene ni la capacidad, ni la intención de cambiar estas prácticas, por el contrario, quiso entrar en el mismo círculo de corrupción y clientela. Del mismo modo que los ya conocidos casos que vinculan al prófugo Jorge Ramón González y otros cercanos al presidente como Álvaro Jiménez, la puja y extorsiones por el cargo en la Corte Constitucional la perdió el gobierno.
Tres, la derecha dejó ver de nuevo su perfil fascistoide, al denigrar y estigmatizar a una de las candidatas ternadas para el cargo en la Corte. No podían tolerar que una mujer, abogada, negra, pudiese ocupar tan alto cargo. Entonces echaron mano de su arsenal de inversiones y de sus aparatos de propaganda.
El asqueante episodio de la elección de magistrado de la Corte Constitucional, fue una nueva demostración de lo que son las instituciones del capitalismo mafioso colombiano y de por qué con esas prácticas no puede entenderse, ni asumirse, una proyección seria y real que apunte a la construcción de la Paz.