YA ES IMPOSIBLE PAGAR LA LUZ Y EL GAS

Chavela Villamil
En el último año la inflación se ha regularizado respecto al periodo pospandémico; sin embargo, el alto costo de los servicios públicos y la pérdida de poder adquisitivo per cápita encarece el costo de vida, llevando la economía familiar al borde del colapso.
El sistema capitalista, además de monopolizar la riqueza en un grupo minoritario plutocrático, se ha centrado en la anegación de activos estales, como es el caso de los servicios esenciales dejándolos expuestos al libre mercado, dando prioridad a la generación de utilidades y cercenándole su carácter de derecho fundamental. Décadas atrás las familias colombianas utilizaban como combustible domiciliario el Gas Licuado de Petróleo (GLP), que aunque tenía un alto costo era una buena alternativa respecto a otras opciones, como la gasolina, el carbón, entre otros. Tiempo después se empezó a comercializar el gas natural domiciliario, que por su bajo costo mensual -respecto al valor del GLP-, se implantó en las grandes ciudades y a la fecha está instalado en gran parte del territorio nacional, siendo ofertado por diferentes comercializadores de orden privado.
El gas natural, como servicio público esencial, ha desempeñado un papel crucial en la transformación social y económica del país, ofreciendo un acceso democratizador capaz de mejorar la calidad de vida de más de 36 millones de ciudadanos colombianos (12 millones de hogares de Colombia), y, de acuerdo con datos del Ministerio de Minas y Energía, alcanzó más de 413.243 nuevos usuarios residenciales conectados al cierre de 2024; lo que lo ha posicionado como un servicio público esencial del que dependen los hogares y muchos establecimientos comerciales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el año anterior, revela que el 79,2 por ciento de los hogares cocinan con gas natural, mientras que el 12,1 por ciento utiliza GLP y el 8,7 por ciento restante aún sigue cocinando sus alimentos con leña, cocinol, entre otros materiales contaminantes e ineficientes.
El gas natural por las nubes
Desde la privatización de los servicios públicos, sus costos se empezaron a incrementar considerablemente y se convirtieron en una de las principales cargas que elevan el costo de vida; aunque el mayor peso en los hogares es por cuenta del servicio de energía eléctrica, este año las familias colombianas empezaron a percibir incrementos ostensibles en el servicio de gas domiciliario. Aunque los incrementos en el servicio de gas no se presentan aún en todo el país, los aumentos oscilan entre el 5 y el 36 por ciento, departamentos cómo Tolima, Boyacá y Cundinamarca ya lidian con aumentos de un tercio, pero es claro que se extenderán en todo el territorio.
El aumento del costo del gas natural domiciliario obedece a diferentes razones, entre estas se encuentra, la escasez de reservas de este hidrocarburo, los costos de transporte y distribución, la dependencia de las importaciones, pero en especial obedece al encarecimiento de la molécula de gas, ya que está al igual que el KwH (unidad de medida de la energía eléctrica) es establecido por la oscilación bursátil y esto deja el valor expuesto a la oscilación del mercado. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tiene por objeto regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible; sin embargo, en términos de tasar las tarifas tiene las manos atadas, ya que los combustibles fósiles se rigen por el libre mercado y esto lleva a que su valor oscilante se fije por la dinámica bursátil.
Nuevos paradigmas para los servicios públicos
La enajenación de los servicios públicos en especial las empresas del sector eléctrico y los hidrocarburos, ha conllevado a que el suministro de este servicio indispensable tenga altos costos, que muchas personas no pueden pagar; en otras palabras, el principal responsable del déficit energético que afronta el país es el modelo económico neoliberal. El problema de fondo del costo de los servicios públicos es que al regirse por el libre mercado su precio es oscilatorio y determinado por ecuaciones globales; por lo tanto, disminuir o regular el precio requiere un nuevo paradigma económico, situación que es difícil de resolver en lo inmediato, ya que implica aislarse de la política económica global; ¿está dispuesto este Gobierno a estatalizar los servicios esenciales?