EN 2020 EL DESPLAZAMIENTO FORZADO AUMENTÓ 33%

Himelda Ascanio

Las bandas mafiosas operan como brazo sicarial al servicio del terror de Estado, mientras su brazo legal a través de la Policía les otorga licencia para seguir dando trato de Guerra a la protesta social, por medio del nuevo Estatuto contra las movilizaciones.

La Misión de Verificación de la ONU en su informe trimestral verificó el asesinato de 73 ex combatientes, 55 intentos de homicidio y 20 desapariciones forzadas, además manifestó su preocupación por la desprotección por parte del Gobierno colombiano a los líderes sociales y ex combatientes comprometidos con el Acuerdo de Paz [1].     

De igual forma la Defensoría del Pueblo informó que en el 2020 se presentaron 90 eventos de desplazamiento forzado que dejan 28.509 víctimas, lo que representa un aumento del 33,3 por ciento, el departamento más afectado es Nariño con un 50 por ciento de los casos, los demás se registraron en el Cauca, Putumayo, Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar y Norte de Santander [2].

Aumenta la represión a la protesta social

El Ministerio del Interior el 5 de enero emitió el Decreto 003 en la cual se expide el ´Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana´ [3], a través del cual autoriza el uso de “armas menos letales”, y veta la presencia de organizaciones de Derechos Humanos y organizadores de las movilizaciones en el Puesto de Mando Unificado.

Este Decreto faculta a la Policía Nacional para diferenciarentre quienes ejercen de manera pacífica y activa su derecho a la reunión y manifestación pública, y de quienes ejecuten actos de violencia, y así guiar el uso excepcional de la fuerza; además, el artículo 21 es taxativo al afirmar que “una protesta social debe ser anunciada y autorizada” [4].

Los voceros de la Campaña Defender la Libertad, entre el 18 de marzo y septiembre de 2020 registraron 46 personas asesinadas por las Fuerzas Armadas (FFAA),y desde noviembre de 2019 en el marco del Paro Nacional a la fechareportaron más de 2.500 detenciones arbitrarias [5].

No cesa el terrorismo de Estado

Yesid Zapata vocero del Proceso Social de Garantías para la defensa de DDHH en Antioquia, denunció que la banda narcoparamilitar Clan del Golfo está realizando reclutamiento en el corregimiento de San José de Apartadó en 32 veredas, y en los Resguardos indígenas Ibudó Las Playas y Las Palmas, además este Clan desde finales de 2018 a la fecha ha reclutado a 150 menores de edad [6].

José Visney Zapata docente de la Institución Educativa Almirante Padilla y Fiscal de la Subdirectiva Municipal del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca (Sutec), fue secuestrado el 5 de enero en la vereda El Silencio en Guachené, por hombres que vestían prendas de uso privativo del Ejército, tres días después fue dejado en libertad en Corinto, Cauca. 

Leider Valencia delegado político de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), y propulsor del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en el Cauca, denunció que el Primero de enero hombres armados intentaron asesinarlo cuando se desplazaba en la vía entre la vereda Guatemala y Campo Alegre en Miranda, Cauca. 

Amparo Bravo Ángel Presidenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal y su esposo Héctor Arredondo Concejal de Cartagena del Chairá, Caquetá, denunciaron que el 4 de enero fueron objeto de amenazas de muerte.

Duván Arled Galíndez Nadia de 34 años, ex combatiente en proceso de reincorporación, fue asesinado el 2 de enero en el barrio Antioquia en Cartagena del Chairá, Caquetá.

Diego María Yule Rivera de 39 años  ex combatiente que perteneció al espacio de reincorporación de Monterredondo en Miranda, Cauca, tras sufrir un atentado se desplazó a la ciudad de Cali, Valle del Cauca, donde el 7 de enero fue asesinado.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denunció la negligencia por parte de la UNP, para brindar protección a las lideresas de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), Ruby Cortes Castro madre del menor Jair Andrés Cortes asesinado en los cañadulzales de Llano Verde en Cali, ha sido víctima de amenazas de muerte y Silvia Helen Rodríguez Quintero presidenta de la JAC del barrio Villa San Marcos fue víctima de un atentado el 10 de diciembre de 2020.

La Mesa de Acompañantes de la comunidad del Guayabo, Puerto Wilches, Santander, denunciaron que el 8 de enero aparecieron amenazas de muerte e intimidaciones contra varios líderes de esta comunidad. El 12 diciembre del año anterior en conjunto con la Alianza Colombia Libre de Fracking esta comunidad participó en el foro y la protesta en rechazo a la ejecución del piloto de Fracking en este municipio.

Edwin Antonio Indaburo, líder comunitario de la vereda Isla Buenos Aires de Cáceres, Antioquia, fue secuestrado el 8 de enero junto a otro campesino por los narcoparamilitares del Clan del Golfo, posteriormente fueron asesinados y arrojados al río Cauca.

Alfredo García, miembro de la Asociación de Campesinos de Ituango (Ascit), fue asesinado por el Clan del Golfo el 10 de enero en la vereda La Cuatro, Ituango, Antioquia. 

Yulián Sánchez y Kevin Mavesoy fueron dos de las tres víctimas fatales y siete heridos que dejó la masacre ejecutada el 10 de enero en Tres Esquinas del corregimiento Santo Domingo, entre Florencia y Morelia, Caquetá. 

El 10 de enero perpetraron otra masacre en el sector La 40, en Betania, Antioquia, allí asesinaron a una señora de 42 años, su esposo y su hijo de 23 años, sin identificar.