SARMIENTO ANGULO ES EL DUEÑO DE COLOMBIA, DUQUE ES SU CEO

Chavela Villamil

En lógica democrática un Presidente es elegido para que gobierne a favor de todos los ciudadanos, en nuestro país esa lógica está quebrada, pues los magnates y narcotraficantes son quienes designan a los Presidentes, para que este sea un empleado que les garantice réditos a sus negocios.

Hábilmente nos han hecho creer que a través de las elecciones la población escoge los encargados de dirigir el país, que en el Congreso se hacen las Leyes y que desde la Presidencia se ejecutan las políticas de Estado.

En realidad los políticos son agentes de la élite gobernante, los hechos recientes han demostrado que uno de los que “pone y quita” funcionarios estatales es Luis Carlos Sarmiento Angulo, muestra de ello son los Decretos expedidos durante la pandemia que lo favorecieron, y esbirros como el ex Fiscal Martínez que lo protegen y blindan jurídicamente.

El país pertenece a un “banquero”

Sarmiento Angulo inició en el mundo de los negocios en 1956, cuando creó la firma de ingeniería y construcción Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo (Olcsa), pero dio un giro sorpresivo cuando en 1971 compró el Banco de Occidente y en 1980 adquirió el Banco de Bogotá, sus intereses continuaron en ascenso hasta hoy que ha llegado a ser el dueño del país.

Dentro de los principales activos de la Olcsa encontramos el Grupo AVAL (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas), Credomatic, Corficolombiana, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, el Diario EL Tiempo, Promigas, Tesicol, Coviandes, Episcol, Valora S.A., Pizano S.A., Mineros S.A., entre otras. Actualmente la fortuna de Sarmiento Angulo asciende 14.200 millones de dólares [1].

La Olcsa posee gran parte de los medios de comunicación del país, en sus activos reposan dos canales de televisión, tres periódicos de tiraje diario y de entorno nacional, una decena de revistas, entre otros; Sarmiento Angulo tiene tentáculos en los sectores más representativos del país, podría decirse que en Colombia no se mueve un dedo sin su anuencia.

La corrupción y el clientelismo los pilares que sostienen la Olcsa

El lavado de activos es quizás el nodo trascendental del ciclo productivo del narcotráfico y las demás mafias, allí también hace presencia Sarmiento Angulo, en octubre de 2019 la Superintendencia Financiera sancionó mediante la Resolución 1408  al Banco de Occidente con una multa de irrisorios 500 millones de pesos, por eludir obligaciones en lo relacionado con el control de lavado de activos, por no aportar la información requerida por la Fiscalía General de la Nación [2].

En 2018 se dio a conocer la gran operación de corrupción adelantada en la Ruta del Sol 2, delito que involucraba a la firma Odebrecht y al Grupo Aval de propiedad de Sarmiento Angulo; en la investigación de este delito el jefe de la Fiscalía Néstor Humberto Martínez, ex abogado y asesor de Sarmiento, se encargó de defender y blindar a su antiguo jefe.

Durante décadas ha existido relación directa entre funcionarios públicos y la Olcsa, Álvaro Uribe fue miembro entre 2012 y 2014 del Consejo Internacional del JP Morgan Chase, banco accionista del Grupo Aval, César Gaviria está asociado con Aval en la firma Gas Comprimido del Perú (Gascop), Nestor Humberto Martínes (ex Fiscal General), Alberto Carrasquilla (Ministro de Hacienda), Fernando Carrillo (Procurador), Guillermo Perry, Alberto Urdinola, Juan José Echavarría, Luis Fernando Ramírez Acuña, entre otros [3].

La relación entre la Olcsa y el Estado es extremadamente estrecha, por citar solo un caso, está la participación de Corficolombiana, y los bancos Popular y de Bogotá en el Programa Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública (TES), regulado por el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda.

En medio de la baja productividad reportada el año anterior, la quiebra de las Pymes, el sector financiero obtuvo ganancias por 20,47 billones de pesos en el primer semestre de 2020, en ese mismo periodo el Grupo Aval reportó ganancias por 1,23 billones de pesos. [4], lo que demuestra a favor de quién eran los Decretos adoptados durante la Emergencia Social.

Es más que obvio que necesitamos un sistema político donde los Gobiernos realmente sirvan a la gran mayoría de los colombianos, y una política económica donde el crecimiento de la economía se base en el aumento del poder adquisitivo, la inclusión, la cobertura, la equidad y la sostenibilidad social.