UNA POLÍTICA AMBIENTAL QUE AGUDIZA LA CRISIS CLIMÁTICA

UNA POLÍTICA AMBIENTAL QUE AGUDIZA LA CRISIS CLIMÁTICA

Omaira Sáchica

Durante el 2024 algunas políticas estatales sobre medioambiente han dejado en un mayor riesgo a los biomas estratégicos, para dar prioridad a los intereses de los grandes capitales nacionales y multinacionales.

La crisis medioambiental global no es casual y es responsabilidad del sistema económico y político imperante, ya que el modelo exacerba la sobreproducción, la expoliación de los recursos naturales y el incremento desmesurado de la Huella de Carbono, lo que incrementa los estragos medioambientales producidos por el Cambio Climático, que se siente con mayor fuerza en los países del sur del planeta.

Los cambios significativos y progresivos en los niveles de la temperatura global, como consecuencia del incremento desaforado de la Huella de Carbono producido por el sistema imperante, que para incrementar las ganancias de una élite de súper millonarios ha sobre industrializado el planeta, causando una excesiva expoliación de bienes naturales, que degradan biomas estratégicos como la Amazonía, la Orinoquía, el acuífero Paraná, los bosques, páramos, entre otros; todo esto ha incrementado los Gases de Efecto Invernadero y aumentado aceleradamente el Calentamiento Global, exponiéndonos al recrudecimiento de fenómenos ambientales devastadores como inundaciones, sequías, olas de calor, incendios, deshielo del Ártico, trastornos en los océanos, entre otros, llevándonos a la línea de no retorno, obligándonos a reflexionar y tomar medidas sobre cambios estructurales que eviten el colapso ambiental.

Demagogia ambiental

En Colombia, el cambio político ocurrido en 2022 generó expectativas en términos de protección medioambiental y transición energética; aunque el Gobierno del Presidente Petro se ha mostrado abierto al diálogo social, la transición energética y la protección de las especies en vía de extinción, sus actos van en contravía de su discurso; especialmente este 2024, donde el Gobierno ha impartido directrices y optado por medidas favorables a los intereses de las multinacionales y los emporios económicos, que ponen en grave riesgo ecosistemas y biomas del país.

Solo por citar algunos, está la autorización para dar continuidad a la construcción de una Base Militar de la Marina de guerra de Estados Unidos en el Parque Natural Nacional de la Isla Gorgona, donde coexisten más de 500 especies endémicas, y según expertos esta Base Militar destruye este bioma y lo sume en riesgo severo. Otro caso, es la explotación gasífera en aguas del mar Caribe, poniendo en riesgo los ecosistemas marinos y terrestres de Taganga, un pueblo que vive de la pesca y que en sus aguas alberga especies endémicas, en la entrada del Parque Natural Nacional Tairona. Además, no han puesto freno definitivo a la técnica del fracking, la ganadería extensiva y los monocultivos, principales responsables de la deforestación.

Muy pocas medidas de protección del medioambiente han sido generadas por los poderes estatales, en su mayoría provienen de tribunales internacionales, cómo la reciente condena que recibió el Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violar la propiedad colectiva de las tierras del pueblo U’wa; otro caso es la condena por la desviación del río Rancherías que niega el suministro de agua de la comunidad Wayuú; entre otros.

Sin bosques, sin selvas y sin páramos         

En los últimos 21 años existe una cifra histórica de más de tres millones de hectáreas (Has) deforestadas en el planeta, de las cuales cerca de 1,5 millones están en la Amazonía, lo que genera pérdida de la conexión ecológica entre el bioma amazónico y otras zonas fundamentales, con repercusiones lesivas para el desarrollo de los ecosistemas y para la salud medioambiental; de los tres millones de Has deforestadas en las últimas décadas solo se ha reforestado medio millón, que equivale a reforestar el 16,7 por ciento de las áreas afectadas.

Uno de los principales efectos nocivos de la deforestación es la pérdida del hábitat de millones de especies, 70 por ciento de los animales y plantas que habitan los bosques de la Tierra no pueden sobrevivir a la deforestación que destruye su entorno. Según cifras del Ministerio de Ambiente en el primer semestre de 2024 deforestaron 109.000 Has, un aumento 29.744 Has con respecto a toda la deforestación causada durante el año anterior (79.256 Has); lo que representa un incremento de 37,5 por ciento [*]. Dentro de las cifras de deforestación se destaca a destrucción de más de 7.239 Has de bosques de niebla en el primer semestre de 2024.

Los principales fenómenos que afectan nuestros biomas y que no solo no fueron resueltos sino que los degradaron en el transcurso del 2024, son la deforestación y la pérdida de los bosques de niebla (páramos), que producen cerca del 70 por ciento del agua potable que consumimos los colombianos; estos ecosistemas estratégicos vienen siendo afectados por operaciones mineras, de ganadería extensiva y la deforestación, según el Ministerio de Ambiente el 72,3 por ciento de los páramos tienen afecciones graves.

El portal Mongabay en su ‘Informe 2023: Parques Nacionales cómo vamos’, revela que 45 (76,3 por ciento) de los 59 Parques Nacionales Naturales (PNN) tienen ecosistemas en riesgo; en 32 de los 59 PNN existe pérdida de bosque que suma 30.977 hectáreas, siendo la Orinoquía la región más afectada con el 78 por ciento de la deforestación, sobre todo en áreas protegidas donde confluyen ecosistemas andinos, orinoquenses y amazónicos, entre otros.

Estrategias y alternativas

El control de la deforestación, la conservación de la biodiversidad, la mitigación del impacto climático y la transición energética, son los retos más grandes que el país deberá afrontar en materia ambiental; llevarlos a cabo implica transformaciones al modelo económico.

El Cambio Climático que es una consecuencia directa del sistema capitalista de producción, no puede ser frenado mientras los Estados no tomen medidas de preservación de biomas ambientales estratégicos como Gorgona, Chiribiquete, la Amazonía, entre otros. Lo que implica trabajar al lado de las comunidades que ancestralmente habitan estos territorios y por otro lado blindar jurídica y estatutariamente estos ecosistemas de cualquier amenaza.

Ningún plan de reforestación o protección de biomas y especies es posible sin un cambio de la política económica, que implica que los recursos naturales se dejen de ver como un activo fijo y se consideren sujetos de derechos y colchón ambiental para salvaguardar las generaciones futuras. Además, se requiere de una verdadera política ambiental que salvaguarde el medio ambiente, un nuevo modelo que se centre en la preservación ambiental como eje estratégico en armonía con el sistema productivo. Desde luego este cambio en materia de políticas ambientales no es fácil, ya que en sí mismo implica una deconstrucción del modelo imperante y un cambio en los paradigmas económicos, que solo es posible con la presión de toda la sociedad.

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[*] Balance ambiental de Colombia en 2024: el repunte de la deforestación y los eventos climáticos extremos. Mongabay, 06-01-2025.

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