TONELADAS DE ESCOMBROS SOBRE LA VERDAD
Himelda Ascanio
Las operaciones Mariscal y Orión realizadas contra la Comuna 13 de Medellín entre mayo y octubre de 2002, ejecutadas por militares y paramilitares, desapareció a cientos de jóvenes por orden del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Hoy siguen encontrando restos de los desaparecidos de dichas operaciones.
22 años han pasado desde aquel episodio que marcaría el inicio de uno de los capítulos más nefastos de la historia de Colombia. La llegada del narco-paramilitarismo rampante al gobierno, y con ello el inicio de las más aberrantes prácticas criminales, solo comparables con los tiempos del nazismo y su proyecto de exterminio.
La operación Orión, fue un ejercicio planificado y coordinado entre la Cuarta Brigada del Ejército estatal, comandada por Mario Montoya, la Policía Metropolitana de Medellín, a cargo de Leonardo Gallego, la agencia estatal de espionaje (DAS), la Fiscalía y narco paramilitares encabezados por alias ‘Don Berna’. Todos ellos bajo las órdenes de Álvaro Uribe Vélez. En ella se perpetuaron una amplia gama de acciones y atropellos como capturas ilegales, desapariciones y asesinatos selectivos, todo bajo la excusa del accionar contra la insurgencia desde la llamada política de seguridad democrática.
Una fosa común a cielo abierto
Durante el desarrollo de la operación Orión, y después de ella, pobladores y familiares de las personas desaparecidas referenciaron un lugar conocido como La Escombrera, señalado de ser el lugar de desapariciones forzadas e inhumación clandestina, básicamente, una gran fosa común. Según los datos de la Unidad de Búsqueda a Personas Desaparecidas, en este lugar podrían encontrarse«502 personas dadas por desaparecidas. En total, en la capital antioqueña, la cifra asciende a 5.912 personas desaparecidas» [*].
Las referencias y denuncias de las organizaciones y familiares de las víctimas no fueron tenidas en cuenta durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, solo hasta el 2015 se iniciaron las primeras excavaciones en dicho lugar, es decir, 13 años después de la operación Orión. La búsqueda fue suspendida al no encontrar resultados, con lo cual el lugar siguió siendo un botadero de escombros, que seguían cayendo sobre los restos de las personas desaparecidas.
Solo hasta el 2023, se ordenó retomar la búsqueda, por una orden de la Jurisdicción Espacial para la Paz (JEP). El hallazgo logrado esta semana hace parte de las labores que allí iniciaron. Y constituye un hecho histórico que llena de esperanza a familiares y organizaciones de derechos humanos después de décadas de denuncias.
Este hallazgo pone en evidencia la orden de torpedear y sostener la impunidad, impartida desde el uribismo y acatada por las mafias narco-paramilitares que han gobernado y gobiernan Medellín y Antioquia. Como bien lo expresó Luz Helena Galeano Laverde, una de las familiares de los desaparecidos:
“Es importante aclarar que de haber habido continuidad en el proceso de búsqueda durante el año 2016, porque este fue un proceso truncado gracias al señor Federico Gutiérrez, que hoy vuelve a ser alcalde de Medellín, quien dijo que ahí no íbamos a encontrar nada y nos tildaron de locas. No somos locas y siempre dijimos la verdad, este hallazgo es muestra de ello”.
Asesinatos de la semana
El 10 de diciembre, tres personas fueron asesinadas alrededor de las 6:30 am en la vía que conecta el corregimiento de Las Peñas, Corozal, con Loma Alta, del municipio de San Juan de Betulia, Sucre.
Marcial Díaz, era un reconocido líder social y comunitario del barrio La Bendición en el municipio de Curumaní, Cesar; fue asesinado el 12 de diciembre en la terraza de su casa por sicarios que llegaron hasta el lugar y sin mediar palabra lo atacaron con arma de fuego.
José Lenoir Guerrero Tovar, era firmante del acuerdo, quien hizo su proceso de reincorporación en el ETCR Héctor Ramírez de Agua Bonita, en el municipio de La Montañita, Caquetá; fue asesinado el 13 de diciembre, mientras se movilizaba en su motocicleta por la vía que comunica La Montañita con la inspección de Unión Peneya, a la altura de la vereda Agua Blanquita.
El 15 de diciembre, tres personas fueron asesinadas en el barrio Manrique Central de la ciudad de Medellín. El hecho se presentó cuando cuatro hombres armados irrumpieron en medio de una fiesta y atacaron a los asistentes.
Camilo Segura López, era firmante del acuerdo, quien hizo su proceso de reincorporación en el ETCR Antonio Nariño de La Fila en el municipio de Icononzo, Tolima; fue asesinado el 16 de diciembre y su cuerpo encontrado con impactos por arma de fuego entre el corregimiento de Puerto Lucas y Caño blanco, en zona rural del municipio de Vista hermosa en el departamento del Meta.
Alexander Pilcué Tenorio, era un reconocido líder indígena, docente y Guardia de protección de la Consejera Mayor del CRIC, Rosalba Velasco; fue asesinado el 18 de diciembre y su cuerpo hallado en el sector de Cambalache, en la vía que comunica a Santander de Quilichao con la vereda San Pedro.
Fabio Alex Ortega Acero, era un reconocido abogado, veedor ciudadano y defensor de derechos humanos, quien se desempeñó como personero en los municipios de San Cayetano y El Zulia en el departamento de Norte de Santander; fue asesinado el 19 de diciembre por sicarios en la ciudadela de Juan Atalaya de Cúcuta, Norte de Santander.
El 18 de diciembre, tres personas fueron asesinadas al interior de la clínica de Alta Complejidad del Putumayo; las víctimas fueron identificadas como Edwin Fabián Cotasio Gaviria, Johan Ricardo Contreras Bobadilla y Nediker Robledo Useche.
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[*] La Unidad de Búsqueda y la JEP hallan las primeras estructuras óseas en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín. UBPD, 18-12-2024.