EL ACUERDO DE ESCAZÚ Y LOS LÍDERES AMBIENTALES
Omaira Sáchica
La colusión entre las multinacionales, las Fuerzas Armadas (FFAA) y sus paramilitares han cobrado la vida de centenares de ambientalistas, convirtiendo a Colombia en el primer país más peligroso del mundo para las personas defensoras del medioambiente; ¿el Acuerdo de Escazú salvaguarda la vida de estos defensores?
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe, o Acuerdo de Escazú, es el primer tratado regional sobre derechos humanos y medio ambiente de América Latina y el Caribe, y el único acuerdo vinculante derivado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012. Colombia adhirió a este Acuerdo, fue ratificado por el Congreso el 10 de octubre de 2022 y la Corte Constitucional acaba de declarar constitucional y exequible la Ley 2273 de 2022, que lo aprobó; con lo que se esperan garantías jurídicas y de seguridad para los defensores ambientales.
Pese a la ratificación de este Acuerdo, quedan vacíos en los artículos 8 y 9, que definen la justicia y la protección en términos de reaccionar cuando los derechos ya han sido violados, y cuando ya se están aplicando decisiones con impacto adverso sobre el medioambiente, porque no es preventiva sino restaurativa; en contraste con las comunidades y los ambientalistas, que buscan justicia ambiental para la defensa de la vida en los territorios y desarrollar alternativas al extractivismo.
El Fallo la Corte Constitucional afirma que dicho Acuerdo, “se enfoca en la implementación de derechos de acceso en asuntos ambientales, además promueve la participación ciudadana y contribuye a la creación de un entorno seguro para los defensores del medio ambiente”, cuando en Colombia solo en 2023 fueron asesinados 63 ambientalistas [*].
El exterminio sistemático de ambientalistas no lo perpetran por la ausencia de Acuerdos, sino por la connivencia entre el Estado y las multinacionales para que estas a toda costa saqueen los bienes naturales de los territorios, contando con la protección de las FFAA y sus paramilitares. Parar el exterminio de activistas ambientales tiene implícito deponer la Doctrina de Seguridad que es la directa responsable del genocidio en curso del liderazgo popular que defiende la vida y el territorio.
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[*] Reporte anual de líderes ambientales asesinado durante 2023. Indepaz, enero de 2024.