COLOMBIA AFRONTA UN BLOQUEO HISTÓRICO

Chavela Villamil

Las grandes empresas de comunicación hacen un despliegue de las afectaciones económicas que vive el país por la protesta social; pero ocultan la tremenda desigualdad socioeconómica que ocasionó el descontento social que dio origen al Paro Nacional en curso.

Según el Ministro de Hacienda las pérdidas diarias a causa del Paro son de 484.000 millones de Pesos, en los 32 días de Paro la cifra asciende a los 15,5 billones [1], lo que se presta para la presión mediática y el incremento de la respuesta bélica y desmedida contra la protesta social; si ampliamos el contexto surge una pregunta obligada, ¿la corrupción, el favorecimiento a los mega empresarios y la desigualdad no se pueden interpretar como un bloqueo que durante décadas le ha costado billones de pérdidas a la mayoría de la sociedad colombiana?

La crisis económica tiene antecedentes históricos

La crisis socioeconómica y la gran brecha de desigualdad que afronta el país no son producto de la pandemia del Covid-19 y mucho menos culpa del Paro en curso, son el resultado del favorecimiento tributario y fiscal otorgado durante décadas a las mega empresas, y la carga tributaria excesiva que han tenido que soportar las capas medias y bajas de la sociedad.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) fijó la línea de pobreza en 331.688 Pesos mensuales per cápita y la línea de pobreza extrema en 145.004 Pesos mensuales per cápita; en el año anterior el índice de Pobreza Monetaria aumentó 6,8 por ciento llegando a 42,5 por ciento, lo que significa que 21,2 millones de colombianos no pueden suplir sus necesidades básicas, por su parte el índice de Pobreza Monetaria Extrema llegó a 15,1 por ciento [2].

Las anteriores Reformas Tributarias dejaron de captar cerca de 13 billones de pesos por las exenciones tributarias entregadas a las mega empresas, por otro lado, de acuerdo a cifras oficiales anualmente el país pierde cerca de 50 billones de Pesos por corrupción [3] y cerca de 365 billones de Pesos anuales por evasión de impuestos [4]; desde luego estos aspectos repercuten directamente en la economía del país, incrementan el déficit fiscal y obligan a que se aumenta la base y el monto de la tributación.

Demagogia para asustar y presionar

Lo primero que es preciso aclarar es que en términos económicos y financieros no es lo mismo bloqueo económico que bloqueo de la actividad económica; el primero hace referencia a un conjunto de medidas políticas y financieras que impiden el desarrollo cabal y dinámico de la economía, un ejemplo de ello son los bloqueos interpuestos por Estados Unidos (EEUU) a países como Cuba o Venezuela o a empresas como Huawei.

Por el contrario, el bloqueo a la actividad económica es un conjunto de acciones que limitan o afectan una de las fases de la cadena productiva, por ejemplo la adquisición de insumos o la distribución de productos terminados; si bien esto tiene efectos inflacionarios ya que se ocasiona un desequilibrio de la balanza de comercio a causa de shock de oferta, la economía tan solo se desacelera y sus efectos reales son medibles en el largo plazo, no en el corto plazo, solo el comercio de bienes perecederos recibe afección directa en el corto plazo.

Un bloqueo económico antiquísimo

En un Estado Social de Derecho la política económica de ninguna manera busca el beneficio de las utilidades de las empresas privadas, su objetivo es el desarrollo socioeconómico de la sociedad en su conjunto y la disminución de la pobreza monetaria y multidimensional.

En esta medida, las políticas económicas adelantadas desde el comienzo de la historia republicana de país, se pueden catalogar como un bloqueo económico que ha incrementado la brecha de desigualdad y pauperizado la calidad de vida de las capas sociales menos favorecidas.

La dinamización de la economía colombiana no depende únicamente del restablecimiento de la movilidad de las vías nacionales y una Reforma Tributaria enfatizada en el recaudo; para salir de la crisis socioeconómica se requiere de un cambio estructural en la política económica, un modelo económico que tenga como base el aumento del poder adquisitivo per cápita, el desarrollo integral y el fortalecimiento del sistema productivo nacional.