Chavela Villamil
El Gobierno carece de una estrategia de austeridad que contribuya a solventar la actual crisis económica; por el contrario, a nivel estatal persiste el incremento constante del Gasto Corriente, lo que incrementa el déficit fiscal y pone en riesgo las vigencias futuras.
La economía global atraviesa una crisis producto del modelo económico que concentra el capital en un grupo plutocrático minoritario, lo que incrementa incesantemente la brecha de desigualdad social; además los fenómenos macroeconómicos globales de las últimas décadas han generado una recesión en las grandes potencias, que afecta con mayor medida a los países dependientes de las economías extranjeras, como es el caso de la economía colombiana.
Es parte de la lógica fiscal que una economía prevea sus gastos, que los egresos no superen los ingresos y que no se pierda la capacidad de endeudamiento, bajo este precepto surge en Colombia una política de endeudamiento que se denomina Regla Fiscal, que es un instrumento legal e institucional del Estado, establecido en 2011 que busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, para que el límite de endeudamiento no supere el 71 por ciento del PIB, actualmente este margen está en 61,2 por ciento.
Es inaplazable disminuir el Gasto Corriente
En términos macroeconómicos Colombia se ha desacelerado y su crecimiento en 2023 tan solo fue de 0,6 por ciento, además en este mismo periodo el poder adquisitivo per cápita decreció en 27,93 por ciento, lo que impacta el mercado interno al generar una caída abrupta de la demanda, que pone en ‘Rojo’ la economía familiar de las capas sociales medias y bajas, incrementando los índices de desigualdad y pobreza monetaria y multidimensional.
La política financiera del Gobierno de Petro se ha concentrado en incrementar el Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de intereses de Deuda Externa -DE-) para ampliar la cobertura de algunos programas de subsidios y crear más burocracia estatal, como es el caso del Ministerio de la Igualdad; pero lo hace sin tener en cuenta el momento financiero que atraviesa el país, en otras palabras, aumenta considerablemente los pasivos en un momento en que los activos decrecen hasta llegar a indicadores negativos.
La política de glosa [*] de pasivos incrementa el déficit fiscal y pone en saldos rojos la regla fiscal de mediano plazo y sobre incrementa la Deuda Externa (DE), que en enero de este año el gasto de DE tuvo un incremento de 1.674 millones de dólares llevando este pasivo a los 198.034 millones de dólares, que equivale al 54,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), además el Presupuesto General de este año destinó 20,41 por ciento al pago de la DE, desde luego solo permite solventar el pago de intereses, pero la deuda de capital se mantiene intacta y con tendencia al incremento; convirtiendo este pasivo y su manejo en una pesada carga que asfixia el PIB e incrementa el déficit de Gasto Corriente tornando insolvente el erario.
La solución no es pagar la deuda con otra deuda
Desde el punto de vista fiscal una de las alternativas que ha planteado el Gobierno es mover la Regla Fiscal -margen de endeudamiento del Estado, que actualmente está fijada 71 por ciento del PIB y en este momento asciende a 62,3 por ciento-; el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) sostiene que los incrementos presupuestales hechos por el Gobierno al año anterior y en lo corrido de este año, llevó a que la carga de interés creciera en 25,9 billones de pesos, tornando insostenible las finanzas del Estado de persistir en un esquema de gastos, donde se incrementan los pasivos mientras decrecen los activos.
Desde el punto de vista fiscal y financiero es completamente inadecuado mover los límites de la Regla Fiscal, mucho más si se tiene en cuenta que el capital resultante no se invertiría en proyectos redituables sino sería inyectado al Gasto Corriente. El problema de nuestra economía más allá de ser financiero es de tipo económico, es decir, que en un periodo de recesión en vez de decrementar el Gasto Corriente, las políticas económicas apuntan a incrementar los pasivos sin modificar la prioridad del gasto, en otras palabras, pagar una deuda con otra deuda.
Lo sensato a nivel financiero es que el Gobierno decrete un periodo de austeridad realmente severo acorde con el momento financiero por el que atravesamos, desde luego esto implica suprimir gastos onerosos e innecesarios, disminuir el Gasto Corriente, dándole gran importancia a romper la lógica antifinanciera de priorizar el pago de la DE que consume más de 50 por ciento del PIB y una quinta parte del Presupuesto General del próximo año, y lo peor es que estos pagos solo amortizan los intereses pero no se cubre la deuda de capital.
Además de decrecer los gastos estatales, salir de la Recesión Técnica y reactivar nuestra economía implica una política que genere nuevas plazas laborales y a su vez formalice el subempleo, en suma, una política económica integral que repotencie la producción nacional para suplir el mercado interno.
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[*] Glosa: sobregirar varias veces una misma deuda.
