SON OPERACIONES CORRUPTAS, LA ASOCIACIÓN FFAA-PARAMILITARES
Himelda Ascanio
Lo que mal empieza, mal termina. Esta podría ser una máxima aplicada a las políticas del saliente gobierno de Gustavo Petro. Tanto para su fracasada política de paz, como para su falsa política de protección de los Derechos Humanos y sus defensores y defensoras.
Ambas convergen en la continuidad del genocidio contra liderazgos sociales, la desigualdad, la impunidad y la continuidad del paramilitarismo, como parte integrante de la Doctrina de Seguridad del Estado.
Casi a la par que en el gobierno anunciaron el borrador del Decreto para el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, también confirmaron la infiltración y presencia de miembros del llamado Estado Mayor de Bloque y Frentes (EMBF) de las disidencias de las ex farc en organismos del Estado, evidencias encontradas en los computadores de Calarcá Córdoba, jefe de este grupo.
El anunciado Decreto-Ley que supuestamente estaría destinado a la protección de los liderazgos sociales, en los territorios marginados y en conflicto, fue opacado por la Fiscalía General al revivir la trama de infiltración de una disidencia de las ex Farc, en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército, que incrimina a altos cargos como el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, el Director de la DNI.
Esta trama de corrupción es una prueba más de los evidentes vínculos de connivencia y colusión del Estado colombiano con estos grupos paramilitares, que se mantiene por los gobiernos de turno. A la que se debe agregar que la banda 33 de esta misma disidencia, es la promotora de la siembra de cocaína y de terror, en regiones enteras como El Catatumbo: quienes al ser combatidos por los Frentes elenos, reciben la asistencia y protección de las Fuerzas Armadas, asesoradas por militares gringos, estacionados en la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército estatal.
Para las víctimas y comunidades azotadas por estas bandas narcoparamilitares, el Decreto Ley de 146 páginas anunciado por el gobierno, es otra falsedad más que se suma a la larga lista de incumplimientos y demagogias. Pues es imposible hablar de garantías, derechos humanos y vida, mientras se impulsa y protege a los perpetradores del terror en las comunidades.
Basta con recordar cómo hace unas semanas los miembros de la banda 33 participaban virtual y cómodamente de una audiencia de imputación de cargos y a los pocos días aterrorizaban a la población con drones y presencia en poblados, con la tranquilidad de quienes se saben protegidos y custodiados por el Ejército estatal.
Asesinados de la semana
Alexander de Jesús Chavarría Montoya, era un reconocido líder social que se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento La Granja desde 2022. Además, ejercía como fiscal de ASOCOMUNAL en el municipio de Ituango, Antioquia. Chavarría fue asesinado el 31 de marzo a las afueras del centro poblado de La Granja.
Luis Carlos Vallejo Román, era un reconocido líder social, político y afrodescendiente, quien se destacó por ser el primer representante legal del Consejo Comunitario de Mamuncia. Además, fue integrante de la Asociación de Organizaciones Populares del Micay y exdiputado en la Asamblea Departamental del Cauca en el periodo 2020–2023. También se distinguió por su amplio trabajo en el municipio de López de Micay, Cauca. Desde el pasado 8 de marzo, este líder fue secuestrado cerca del municipio de Buenaventura por el frente Jaime Martínez del EMC, y el primero de abril fue encontrado sin vida en zona limítrofe de López de Micay.
Álvaro Marín Galeano, era un reconocido líder social campesino y comunal, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Negros, quien también hacía parte de la Asociación Campesina ASOCAMFLOR y de la guardia campesina en defensa del territorio de Florida, Valle del Cauca. Galeano fue asesinado el 2 de abril cerca a su lugar de residencia.
Reinaldo Campos, era un reconocido líder social e indígena, Gobernador del Resguardo Indígena Macarieros, enlace del Mecanismo Especial de Consulta (MEC), donde trabajaba en programas PDET. Además, había sido presidente de la Asociación Nacional de Cabildos y Capitanías de Arauca (ASOCATA) y trabajó por la defensa del territorio en Tame, Arauca. Fue asesinado el 7 de abril cuando fue interceptado en la vía Tame–Puerto Rondón, donde hombres armados lo retuvieron y se lo llevaron, horas más tarde apareció muerto en el caserío El Mordisco, en la vía que comunica a Tame con Fortul.