GENOCIDIO CONTINUADO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Himelda Ascanio
Desde hace varias décadas, Colombia sufre un genocidio continuo contra el liderazgo social. Uno de los compromisos del Mandato Popular por los cambios, entregado al presidente y vicepresidenta al inicio del actual gobierno, era justamente detener dicha masacre contra estos liderazgos. Sin embargo, no fue así y el genocidio continúa.
El más reciente Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, ‘Informe temático sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia-2022-2025’, plantea de manera explícita la continuidad de la persecución y eliminación que ejecutan contra los liderazgos sociales.
El Informe coincide con lo expuesto por organizaciones, movimientos sociales y por el Ejército de Liberación Nacional desde hace mucho tiempo; el asesinato sistemático y continuo contra los liderazgos está sostenido estructuralmente, por el incumplimiento de los deberes del Estado en todas las regiones, por la impunidad y la propia estigmatización que los gobiernos han promovido sobre los liderazgos, comunidades y pueblos.
Todo ello sumado a políticas gubernamentales, que mantienen las desigualdades y aumentan los niveles de corrupción en todos los ámbitos estatales, consolidando mafias y clanes. Así como la aplicación de una política contrainsurgente y militarista que ahora protege a las bandas narcoparamilitares, perpetradoras de los asesinatos a líderes y lideresas.
Verdades, mil veces dichas
El Informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU plantea la “persistencia de conflictos armados en varias regiones del país”; el Estado no ha logrado frenar o combatir efectivamente esta situación, es la incapacidad del actual gobierno para plantear acciones reales y efectivas, que conlleven a combatir este genocidio contra los liderazgos de sectores, comunidades y pueblos.
Según el Informe, entre enero de 2022 y diciembre de 2025, se presentaron 410 asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos; de estas víctimas, 171 eran campesinos, 94 indígenas y 43 afrodescendientes.
A nivel territorial, los departamentos del suroccidente colombiano ocupan los tres trágicos primeros, lugares en número de víctimas: Cauca (84), Valle del Cauca (37) y Nariño (36). Seguidos por Arauca (36), Putumayo (34), Norte de Santander (21), Antioquia (19), Bolívar (15), Chocó (14) y Guaviare (14) [*].
Al estudiar el informe queda evidente el fracaso de la política de paz del gobierno Petro. Incluso menciona la poca articulación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas estatales, para cumplir con los mecanismos de prevención y protección del Estado, como las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Tampoco menciona el agravante que significa que sea el propio gobierno, quien proteja y promueva el narcoparamilitarismo a partir de falsos procesos de paz y las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT); cuyo caso más extravagante ocurre en el Catatumbo, por el contubernio que mantienen el ministro Pedro Sánchez con la banda 33 de las Exfarc.
Por último, el Informe plantea una serie de recomendaciones, todas ellas basadas en mecanismos y políticas no implementadas. Lo cual da cuenta de que gran parte de la responsabilidad en la continuidad del genocidio contra estos liderazgos sociales, está en la falta de voluntad política del gobierno para aplicar acciones preventivas y/o correctivas, tanto en los protocolos y mecanismos ya existentes y de por sí muy superficiales, como en cambios de fondo que apunten a desmontar el régimen mafioso y paramilitar.
Asesinados de la semana
Luz Stella Restrepo Londoño, era una reconocida lideresa social, docente jubilada y destacada por su trabajo en la Institución Educativa Bomboná, en Puerto Berrío, Antioquia. Su asesinato fue denunciado por la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), quienes manifestaron que fue asesinada el 13 de marzo, con arma blanca en la calle 13 de Puerto Berrío, causándole la muerte en el lugar.
Victoriano Arias Cusaluzán, era un reconocido líder social e indígena, integrante de la Guardia Indígena Awá, quien había acompañado procesos comunitarios en defensa del territorio Awá y además fue gobernador suplente dentro de ese mismo resguardo en 2013, en el municipio de Barbacoas, Nariño. El 14 de marzo, su cuerpo fue encontrado sin vida por habitantes de la comunidad en el camino que conduce de Yacula a Ñambí.
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[*] Informe temático sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia (2022-2025).