LA IMPOSIBILIDAD DE CONFIAR EN EL SISTEMA ELECTORAL
Sergio Torres
Terminada esta jornada electoral, empieza la tragicomedia de los reconteos, la pugna entre quienes van por el rescate de sus votos y quienes quieren consumar el fraude lo mejor posible. Alertas y llamados que se contradicen desde el propio alto Gobierno.
Mientras no haya cambios profundos en el modelo de Estado, seguirá vigente la tesis de Camilo: ‘El que escruta elige’. Hoy siguen escrutando los mismos que hace 60 años. Lo nuevo es algunos pequeños avances en la representación de sectores de izquierda. Pero, precisamente, el actual gobierno demostró que esos avances aparentes en las actuales condiciones no son tales; no pudo ni siquiera desplegar reformas básicas y, por el contrario, terminó plegado, genuflexo ante las órdenes del imperio.
La imposibilidad de confiar en el sistema electoral colombiano tiene profundidades que se expresan en relaciones sencillas, por ejemplo, en un Estado corroído por la corrupción absolutamente en todas las ramas del poder y en cada rincón u oficina de sus entes de control. Es obvio que dicha corrupción se expande con fuerza hacia los mecanismos donde se “elige” el gobierno. De ahí dependen muchas de las mafias enquistadas en el Estado y, por tanto, son ellas las que lo manejan. Para muestra, un Petro, que tuvo que “pactar” con sectores del viejo régimen para al menos terminar su mandato.
La pugna y la desconfianza en el sistema electoral son tantas, que el propio presidente ha prendido las alarmas, en una jugada que tiene muchos matices y que revela que, aunque sea el jefe del Gobierno, no tuvo el poder para gobernar. Lo curioso, contradictorio o revelador es que funcionarios como el Procurador, Gregorio Eljach, fueron propuestos por Petro y elegidos en su gobierno y con sus apoyos.
Eljach, conocido por ser un Master Class en clientelismo, con una amplia experiencia en el Congreso de la República, ahora es el principal defensor del sistema electoral colombiano. Poniéndose al frente para relevar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral como Álvaro Hernan Prada, y de la Registraduría Nacional como Hernán Penagos, quienes hasta último momento movieron sus fichas y organizaron el fraudulento proceso electoral.
Se denuncia el fraude, pero se apoya esa falsa democracia
Otra contradicción de fondo es que, mientras Petro controvierte con el Procurador sobre la construcción y desarrollo de un fraude electoral, denunciando la ausencia de auditorías independientes para el programa de computo (software), al mismo tiempo impulsa esta supuesta democracia, frena y confronta las expresiones organizadas de movilización popular.
La escena es hasta graciosa, si no fuera porque se está hablando del futuro del legislativo y del gobierno para los próximos 4 años. Desde la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral rechazan las denuncias del presidente: “No hemos encontrado evidencia, al menos indicios, de que viene preparándose un fraude para alterar el resultado de las elecciones”. Algo apenas obvio, pues son las ‘ratas cuidando el queso’.
En lo que sí se encuentran y comparten el presidente, el Procurador, el Ministro de Defensa y algunos otros funcionarios, es en la capacidad de fingir, mentir y parecer preocupados por la realidad. Mientras posan de desconfiados con los anuncios de respeto al proceso electoral y orden de cese al fuego unilateral del ELN durante los comicios, pactan las clientelas, propagandizan, defienden y prologan sus pactos, con las bandas narcotraficantes de exmilitares y paramilitares.
Para la muestra, mientras el Procurador Eljach ordena a sus oficinas regionales defender militares y abogar por exmilitares condenados por la JEP, como el caso del retirado coronel Plubio Hernán Mejía, en el que delegados de la Procuraduría abogaron por la rebaja de pena del criminal exmilitar. Por otro lado, están los llamados de atención públicos que el tenebroso exgeneral Zapateiro le hace a su subalterno, el Ministro de Defensa.
Todos estos entramados de corrupción y violencia son los motores del conflicto social, político y armado. Y solo desde procesos de movilización y organización popular podrán ser removidos, para generar cambios estructurales y profundos en función de un verdadero protagonismo popular en los designios y rumbos del país.