PERVIVEN CLIENTELAS, MERMELADAS, NEPOTISMO
Sergio Torres
Tres expresiones de un mismo mal, la corrupción del Estado colombiano, que gobierno tras gobierno se repiten de forma calcada, para los cuales aún no ha existido antídoto desde el mismo Estado, porque todos los gobiernos operan esta corrupción.
Un modelo de Estado tan gravemente infectado por prácticas corruptas, en todas sus ramas del poder y cada una de sus dependencias, solo puede desinfectarse con cambios profundos en sus objetivos, estructuras, formas de mantenerse y políticas; esto es, solo puede ser viable con una revolución que cambie radicalmente dicho modelo oligárquico mafioso.
De ahí que sea imposible hacerlo dentro del marco y límites del mismo Estado. Menos aún desde gobiernos que, lejos de impulsar cambios, entran en las mismas lógicas corruptas y las dinamizan con sus discursos falaces sobre transparencia.
La única forma de revertir la total corrupción del Estado es devolviendo el poder al constituyente primario, el pueblo. Es posibilitando el debate y la materialidad de las transformaciones, que deben hacerse en absolutamente todos los poderes estatales, modelos y políticas con los que ha operado. Esto podría encabezarlo un gobierno que realmente esté por los cambios y le dé lugar protagónico a las comunidades, sectores, pueblos y organizaciones sociales. O bien pueden hacerlo estas expresiones sociales por la vía de la movilización.
La tradición corrupta que no cambió
El problema de la hipercorrupción estatal viene acumulado desde todos los gobiernos oligárquicos, agrandada por la presencia directa de los clanes mafiosos y su paramilitarismo en el gobierno. El aparente cambio en el perfil del actual gobierno no fue tal y, en muchos aspectos, fue más parecido a los anteriores. Por ejemplo, en los temas de corrupción dentro de sus gabinetes, funcionarios y entidades.
Durante la última década del siglo XX, el Estado colombiano se entregó por completo a tres grandes males impulsados desde el imperio de los Estados Unidos: neoliberalismo, narcotráfico y paramilitarismo, tres terribles tentáculos con los que desde Washington se trazaron los modelos económico, político y militar. Obviamente, la consecuencia de ello fue un Estado fallido, con gobiernos entregados a la criminalidad en todas sus expresiones.
La solución enviada desde el norte para el mal creado por ellos mismos, fue la llegada al gobierno, directa y presencial, de la extrema derecha narcoparamilitar. Como en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, Colombia volvió a vivir un cierre e inicio de siglo marcados por una brutal violencia, ausencia total del Estado y gobiernos criminales en abierta guerra contra el pueblo.
Desde esa primera década del siglo XXI, las relaciones y manejos al interior de los estamentos estatales se han manejado como un modelo mafioso. También se creó así una gama de escenarios y prácticas corruptas que llevaron hasta normalizar los grados de corrupción “menos escandalosos”. Por ejemplo, entre los multimillonarios robos de Agroingreso Seguro, la toma del Congreso por parte del paramilitarismo, las falsas desmovilizaciones y los acuerdos para legalizar paramilitares, comparados con las zonas francas de los hijos del presidente de entonces Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2028), fue igual. Bajo la sombra del llamado acuerdo de paz con las Farc, se repartieron enormes cantidades de recursos, a la misma vez que los hijos de altos funcionarios contrataban con entidades estatales, esposas de ministros en altas consejerías y direcciones de institutos, o las clásicas embajadas otorgadas como parte de la llamada “mermelada”. Término que se acuñó durante el gobierno de Santos.
La siguiente presidencia 2018-2022 fue una mezcla de lo peor de los dos presidentes anteriores, pero con el sello discapacitado y espurio de Iván Duque. Ejemplos de ello fueron su Fiscal General de bolsillo, Barbosa. O la red de corrupción conocida como “las marionetas”, encargada de robarse contratos, dirigida por el senador Mario Castaño. Red de la cual hacía parte la propia madre del expresidente Duque, conocida como “la madrina”.
El llamado gobierno del cambio (2022-2026) no fue diferente. La recepción corrupta del presidente progresista, Gustavo Petro, fue la vinculación de su hijo, Nicolás Petro, y su hermano, Juan Fernando, en casos de corrupción y recepción de recursos ilícitos. Durante su gobierno han existido casos similares a los acontecidos en los gobiernos anteriores. Funcionarios de alto perfil y cercanía al presidente, como Carlos Ramón González, que hoy están prófugos. Mafias clientelares que involucran ministros y altos consejeros. Los Benedettis, las Lauras, los Roys…
Tal vez, la única diferencia que incluso empeora la enfermedad es que Petro no maneja los poderes del Estado, por lo cual cada quien jala y roba para su propio lado. Con ello se ratifica la tesis inicial, un cambio real y profundo, que permita soluciones y pasar la página de la violencia en Colombia; solo puede lograrse con un cambio en el modelo de Estado protagonizado por todas las expresiones del pueblo colombiano.