LOS GESTOS DE PAZ QUE LE PIDEN AL ELN
Himelda Ascanio
Caracteriza la fracasada estrategia de pacificación con el DDR (Desarme, Desmovilización y Reinserción): pedir cambios solo a la insurgencia; negar la esencia del diálogo y el estatus político rebelde; pedirle “gestos de paz” y negar las acciones del ELN encaminadas a la solución política.
Desde el ELN se han planteado una cantidad importante de propuestas encaminadas a generar condiciones y escenarios reales para la construcción de la paz. Todos ellos con una base de principios que también se han expuesto públicamente. Se ha dicho varias veces que, “para que el país cambie, todos tenemos que cambiar”.
De la misma manera, se le han expuesto a Colombia los principios fundamentales y básicos del diálogo, entre ellos la buena fe y “pacta sunt servanda” (los acuerdos son para cumplir). Cuando estos dos principios se violan deliberadamente, se configura el delito de la perfidia, catalogado así por el derecho internacional.
Entonces resulta grave que organismos como la Defensoría del Pueblo asuman la misma lógica desarrollada por el gobierno colombiano. Desdeñar las propuestas de la insurgencia no coincide con los objetivos para los que está hecha esa entidad, ni con el talante necesario para impulsar la solución política del conflicto.
Durante todo este gobierno, el ELN ha realizado una cantidad grande de acciones encaminadas a la construcción de la paz; bastaría con una revisión de los alcances de lo acordado y desarrollado en la Mesa de Diálogos con el gobierno colombiano; pero, incluso posterior al congelamiento de dicho diálogo, se han sostenido las acciones y dichos gestos de paz.
Solo para dar algunos ejemplos, en el último trimestre se han hecho entregas de retenidos pertenecientes a las Fuerzas Militares y de la Policía, como los 5 soldados entregados el 9 de noviembre de 2025 en Arauca. Los 5 policías entregados el 19 de enero de 2026 en el Catatumbo. O las 28 personas retenidas en el marco de la confrontación con la banda exfarc frente 33, entregadas el 3 de diciembre, también en el Catatumbo. De igual manera, se publicaron las pruebas de buen trato y bienestar de los agentes de la Dijin y CTI retenidos en Arauca.
De estas acciones conocen todas las entidades gubernamentales, organismos y organizaciones relacionadas con los derechos humanos; más aún con la Defensoría del Pueblo se ha coordinado y logrado las comisiones humanitarias para estas entregas. Por lo tanto, también saben que todas estas acciones se realizan a pesar de las negativas, trabas y operaciones desde el gobierno y sus Fuerzas Militares.
En tal sentido, hemos puesto en conocimiento público y entregado información a estas entidades como la Defensoría del Pueblo, sobre las operaciones sostenidas, la comprobada colusión y connivencia de las Fuerzas Armadas estatales y las bandas paramilitares ex farc y clan del golfo. Solamente el pasado 25 de enero, unidades del Frente de Guerra Oriental enfrentaron a patrullas de la Décima Octava Brigada del Ejército estatal en la vereda Agua Blanca, entre los departamentos de Arauca y Casanare, que llegaron al apoyo de la banda exfarc comandada por Antonio Medina.
En este último trimestre, el ELN también realizó un cese el fuego unilateral desde el 24 de diciembre hasta el 3 de enero. Planteamos una propuesta de Acuerdo Nacional y recibimos delegados internacionales, de la ONU y de la iglesia, e incluso un emisario del presidente, para hablar de paz. La respuesta inmediata fue el bombardeo ordenado por Petro a la misma área donde se hicieron estas reuniones.
Estaría bueno que también desde la Defensoría del Pueblo pidieran acciones de paz al gobierno, como abandonar la estrategia paramilitar.
Está bien que el ELN acogió y reconoció el DIH incluso antes que el Estado colombiano, pero una vez reconocido, también es su deber cumplirlo; no es una obligación solo para el ELN; y sin embargo lo viola a diario e impunemente.
El dolor que genera el conflicto también lo sentimos nosotros. Por eso no hemos dejado de plantear las salidas políticas y de actuar acorde a ello, aunque la respuesta del Estado sigue siendo militarización, contrainsurgencia y guerra. Pasar la página de la guerra, construir una salida política dialogada y con participación real de las comunidades; la construcción de una paz con bienestar y vida digna para las mayorías, está en las manos de todos y todas las colombianas. Eso es lo que proponemos y hacemos.
Asesinado de la semana
José Albino Cañas Ramírez, era un reconocido líder social e indígena, cabildante de la comunidad de Portochuelo del Resguardo Indígena de origen colonial de Cañamomo y Lomaprieta, perteneciente al municipio de Riosucio, en el departamento de Caldas. Fue asesinado el 16 de febrero, en la vereda Portochuelo, cuando hombres armados llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte y dejando a una mujer herida en el sitio.
Enrique Cumbalaza, era un reconocido líder social e indígena, destacado por su trabajo en la comunidad de los Pastos y por ser defensor de los derechos territoriales del resguardo indígena de Cumbal, en el departamento de Nariño. Fue asesinado el 17 de febrero, en un sector del resguardo indígena El Gran Cumbal por hombres encapuchados que le dispararon en repetidas ocasiones.