SUSTRAEN DERECHOS AL PUEBLO CON GUERRA JURÍDICA
Sergio Torres
La judicialización del Estado y de la política, la imposibilidad de hacer reformas o cambios en las formas de gobierno, todo ello es la guerra jurídica conocida como Lawfare. Esta instrumentalización de la justicia secuestra al Estado desde las altas instancias judiciales, simulando rigor legal.
Nunca antes en la historia del país, se había dado un aumento del salario mínimo superior al 20 por ciento. Pero tampoco nunca antes desde la rama de la justicia, a través del Consejo de Estado, se había suspendido tal aumento salarial. Es decir, nunca desde estas Cortes se había impedido que los y las trabajadoras devenguen un mejor salario.
Bajo las trampas del Lawfare, desde los organismos del Estado supuestamente encargados de velar por la justicia y el cumplimiento de las leyes, siempre se buscan, interpretan o inventan arbitrariamente supuestos conceptos y fallos judiciales, para impedir cambios en favor de las mayorías y garantizar los intereses de la élite mafiosa.
Esta vez la decisión del Consejo de Estado se justifica en una supuesta falta de criterios técnicos para argumentar el incremento del salario mínimo vital.
Extrema, extremísima derecha
Aunque cuando se publicó el Decreto presidencial sobre el incremento salarial, los representantes de la extrema derecha mafiosa salieron públicamente a rechazarlo, tildarlo de populista y de impulsar supuestas masacres laborales, ahora que el Consejo de Estado ordena esta primera definición sobre el incremento, ni siquiera los y las candidatas de la extrema derecha han defendido la decisión, aunque han sido sus principales opositores, callan por cálculo y temor a las reacciones populares incluyendo la electoral.
Con todo y que esta modalidad de guerra se viene implementando desde hace varios años, también ha habido generado protestas populares contra las Altas Cortes de la justicia colombiana. Aún en el imaginario de mucha gente existe la idea de que estos estamentos están integrados por honorables juristas y estadistas, nada más errado que ello. Las Altas Cortes de la justicia colombiana: Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y el Consejo de Estado están integrados por representantes del régimen, que a su vez constituyen posiblemente la mayor mafia de poder en el Estado.
La reacción popular
La medida tomada por la alta instancia de la justicia contenciosa administrativa es totalmente polarizadora, porque va directamente contra los intereses del pueblo y defiende a los ricos. Debe ser vista como una muestra del odio y de desvergüenza de los poderosos contra las mayorías.
Esta vez, el ahora moderado Petro no ha hecho llamados a la movilización y sí a la conciliación. Sin embargo, la reacción del pueblo debe ser de lucha y la búsqueda de la caída de esos antros de politiquería y mafias que son las Altas Cortes. Esto muy seguramente deberá hacerse por la vía de la fuerza organizada del pueblo, porque por las vías legales es imposible hacer cambios en Colombia e incluso buscar la paz con bienestar es ya un acto revolucionario.