GUERRA, CORRUPCIÓN Y DESINTERÉS ESTATAL
Sergio Torres
Se cumple un año del decreto de Estado de Conmoción en el Catatumbo, la respuesta inútil con la que el gobierno Petro militarizó, para proteger una banda narcoparamilitar, pero no para atender las necesidades de la población.
Son recordados los discursos y las reacciones del gobierno, desde el 16 de enero de 2025, ante el inicio de acciones militares del ELN, contra la banda Exfarc frente 33 en el Catatumbo. Petro, desde aquel entonces, reaccionó con furia contra el ELN, desconociendo acuerdos y avances en la Mesa de Diálogos de Paz y tratando de negar el carácter político del conflicto y deslegitimar la insurgencia.
Pero más grave aún, no reconoció su doble responsabilidad, al omitir de manera premeditada todas las alertas, avisos y exposiciones hechas desde el ELN y funcionarios del gobierno; y al lanzarse a la protección y apoyo a la banda narcoparamilitar frente 33.
Un año después, también vale la pena recordar los resultados de la Conmoción Interior y la respuesta estatal en la región catatumbera. ¡Spoiler!… Básicamente, no hicieron nada.
Ni el Plan para el Catatumbo, ni respuestas humanitarias
Con los discursos del presidente, el decreto de Conmoción y el posterior nombramiento de un nuevo ministro de Defensa, el gobierno creó la ilusión de la intervención en el Catatumbo. Incluso, desempolvó un viejo compromiso ya incumplido, y luego nuevamente incumplido: el ‘Pacto para la Transformación del Catatumbo’, hecho por las comunidades campesinas organizadas de la región, a las cuales el gobierno se dedicó a señalar y estigmatizar.
En julio de 2025, la Corte Constitucional le tumbó varios decretos a la Conmoción Interior del gobierno; sin embargo, por esa vía alcanzaron a recaudar varios recursos provenientes de los impuestos, traslados presupuestales y giros excepcionales, que se permitieron mientras estuvo vigente.
En los documentos del propio gobierno y los informes del Ministerio de Hacienda se evidencian las prioridades en la asignación de dichos recursos. De una adición presupuestal de 2.768.000 millones de pesos, hecha por el gobierno supuestamente para atender la situación en el Catatumbo, la militarización devoró cerca del 50 por ciento, le fueron asignados 881.298 millones. La segunda mayor asignación no fue ni salud ni inversión social; fueron gastos de la Presidencia con 391.372 millones.
Con todo ello, hubo algo aún peor: el gobierno, reconocido por su incapacidad para la ejecución, solo ejecutó un 54 por ciento de esos recursos. Informes del propio gobierno plantean proyectos que solo llegaron al 5 por ciento de ejecución. Es decir, aun estando en una situación de especial necesidad de atención, no se ejecutaron presupuestos, lo que quiere decir que no se cumplió lo anunciado. O lo que es igual, no se atendieron los reclamos del Catatumbo.
Las comunidades en la región, que continúan resistiendo y construyendo dinámicas organizativas, han expresado claramente que los supuestos recursos del Estado nunca los vieron. Lo que sí ven y viven a diario son las acciones conjuntas del ejército estatal y la banda Exfarc frente 33, una relación que se hizo pública y avalada por el alto gobierno.
Cuando el río suena…
Otras investigaciones empiezan a formularse y recaen sobre el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Quien a su llegada retomó varias de las viejas prácticas corruptas del aparato militar; sus vínculos con el exgeneral Zapateiro dan cuenta de su real figura.
El ministro Sánchez retomó el ofrecimiento de recompensas y, al mejor estilo del cine western, la publicación de carteles de “los más buscados”. Hoy se conocen investigaciones en su contra por el mal manejo de estos recursos destinados a los pagos de recompensas.
Sánchez parece ser una pieza angular en la cuádruple y estrecha relación: gobierno, fuerzas armadas estatales, narcotráfico y Estados Unidos.