2026: CON ENERGÍA ELÉCTRICA MÁS COSTOSA
Claudia Julieta Parra
La enajenación y privatización de los servicios público ha incrementado ostensiblemente su costo; además, el costo de la energía eléctrica impacta con mayor fuerza las finanzas de los hogares, esto, no es cuestión del precio sino del modelo y de las deducciones a las empresas energéticas.
El dogma capitalista neoliberal plantea que la enajenación de activos estatales es favorable para la productividad, bajo la falacia de que se disminuyen gastos estatales y se mejoran los servicios prestados. Sin embargo, la enajenación de activos estratégicos deja el costo de los servicios básicos -como la electricidad-, supeditados al valor del libre mercado, lo que hace que los servicios públicos constantemente estén incrementando su valor y contribuyendo al aumento de la inflación.
Recientemente el Gobierno Nacional difundió un ‘Proyecto de resolución sobre la confiabilidad, complementariedad y continuidad del servicio público domiciliario de energía eléctrica’; nombre pomposo para un mecanismo espurio destinado a que todos los usuarios del servicio de energía eléctrica paguen, a través de sus facturas mensuales, la millonaria deuda que tiene la empresa comercializadora Air-e, con el mercado de energía mayorista y con los transmisores de energía.
Según este Proyecto de ley, de manera temporal y mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), reglamenta la confiabilidad para la mitigación del riesgo sistémico, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) deberá recaudar, entre la demanda del Sistema Interconectado Nacional (SIN), un valor de 8 pesos por kilovatio-hora, como un valor complementario en el componente de restricciones; por esta vía se cobraría la mitad de una abultada deuda de Air-e con el sector eléctrico, que al cierre de diciembre era de 2,5 billones de pesos y continúa creciendo a una tasa cercana a los 50.000 millones mensuales.
La empresa privada Air-e SAS E.S.P, presta el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena en la costa Caribe colombiana, entonces, preguntamos: ¿por qué los colombianos tenemos que pagar las deudas de una empresa privada?, ¿con cuántos millones sobornaron a los funcionarios del gobierno, para que tramiten esta ley favorable a Air-e?
El problema de fondo del costo de los servicios públicos en general, es que producto del sistema neoliberal estos fueron privatizados, lo cual dejó estos servicios fundamentales esclavos de la lógica capitalista, donde el principal fin es la obtención de utilidades; por ende, disminuir o regular su precio requiere en lo inmediato, sacar de la ecuación tarifaria el Índice de Precios al Productor (IPP), que las comercializadoras asuman las perdidas por defraudación, y generar un sistema que no tase los precios por la oscilación del mercado bursátil.
Disminuir o regular el precio de los servicios públicos, va más allá de extender o incrementar los subsidios otorgados por el Estado, una primera medida debe otorgarle la fijación de tarifas al Estado y en el largo plazo retornarle el monopolio de estos servicios esenciales al Estado.
Los cambios en la prestación de servicios públicos, implican un nuevo paradigma económico, que vaya en función del deber ser de la economía, que es el bienestar y beneficio de la población, esto sin duda generaría avances en la atención del déficit de Gasto Social e implicaría una ruptura con los bancos multilaterales y con la plutocracia local y global, ¿está dispuesto este Gobierno a romper la lógica neoliberal y generar una economía de orden social, que democratice las tarifas de los servicios esenciales?