LA CONDENA DE TERRITORIOS MARGINADOS… PERO CON RIQUEZAS
Himelda Ascanio
El Gobierno Petro condena a muerte territorios en Chocó y Córdoba. Con la publicación del decreto por medio del cual establecen Zonas de Ubicación Temporal -ZUT- con la banda narcoparamilitar Clan del golfo.
De nuevo, como ya sucedió, vuelve a amenazar en el Catatumbo, el gobierno utiliza esta figura para continuar el reconocimiento a bandas y oficializar la entrega de territorios.
El pasado 22 de diciembre el gobierno publicó el decreto con el que establecen las ZUT para el Clan del golfo, regalo navideño para la banda narcoparamilitar, que implica una tragedia para las comunidades indígenas, negras y campesinas que habitan estos territorios, que por años han tenido que soportar el abandono del Estado, sumado al asedio y el arrasamiento de estos paramilitares.
En Ungüía, Belén de Bajirá en el Chocó y en Tierralta, Córdoba, sus habitantes han padecido todas las oleadas de paramilitarismo bajo el nombre de AUC, Urabeños, Clan Usuga y Clan del Golfo; siendo los mismos con diferente nombre. Ahora el gobierno Petro plantea oficialmente la entrega de estos territorios y con ello ratifica su condena a la muerte.
Bandas premiadas por hacer el trabajo sucio al Estado
Desde hace más de tres décadas existen reportes e informes de cómo el Clan del golfo, los ganaderos y agroindustriales del banano, sus socios históricos, han ido imponiéndose en este territorio. Ungüía hace parte de las zonas más ricas y biodiversas del mundo; sin embargo, hace rato viene siendo devastada por el arrasamiento y deforestación, para la imposición de cultivos de coca, explotación de minería mecanizada, extensión de ganadería y cultivos de palma aceitera.
Informes de la propia Defensoría del Pueblo documentan desde hace más de 20 años un proceso de recolonización, desplazamiento y aniquilamiento de comunidades indígenas, procesos de tierra arrasada, que han afectado cerca de 10 mil hectáreas de bosques y Resguardos indígenas, contaminación de ríos e implantación de cultivos de coca. Un proceso de configuración del territorio para la consolidación del paramilitarismo, en donde el Estado lejos de combatir, ha cohonestado y se ha asociado a estos grupos, ahora legaliza ese arrasamiento y sometimiento de las comunidades. Investigaciones del CINEP dan cuenta de como los organismos e instituciones regionales y nacionales, han cumplido su función ignorando estas realidades:
“Codechocó y el Ministerio de Ambiente han mostrado un completo desinterés en el cumplimiento de sus funciones de gestión de los recursos naturales y atención a los múltiples daños ambientales, que tienen lugar en una zona de suma importancia ecológica como lo es el Bajo Atrato, subregión del Chocó biogeográfico. Han ignorado los reiterativos llamados de comunidades negras e indígenas, lo cual ha permitido que las afectaciones a los ecosistemas se agraven y se tornen, en muchos casos, irreparables” [*].
El Gobierno del cambio, es más de lo mismo
En Ungüía, Belen de Bajirá, en el Chocó, o en Tierralta, Coŕdoba, no les han preguntado si están de acuerdo o quisieran que su territorio se convierta en foco de la explotación y saqueo de una banda narcotraficante, asociada a mafias internacionales.
Más se demoró Belén de Bajirá en convertirse en municipio chocoano, que el gobierno en firmar su entrega a las bandas. Un plan orquestado desde el alto gobierno y el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño. Por ello, en Belén de Bajirá montaron en septiembre un escenario de supuesto diálogo territorial en el marco de la publicación del Proyecto de Ley del Marco Jurídico para la Paz Total y la Seguridad Ciudadana, llamado Ley de Paz Total, un proyecto hecho para la configuración y beneficio de las bandas narcoparamilitares. Lo que realmente amasaban los negociadores y funcionarios del gobierno era la entrega de este territorio en la frontera entre Chocó y Antioquia.
De fondo está la concesión, como si se tratara de la entrega de títulos, de la explotación minera a gran escala por parte de las bandas, pues en este territorio existen grandes yacimientos de oro, níquel y cobre. En el decreto de la presidencia para instalar las ZUT, solo refiere a un “documento reservado” el cómo serán las formas administrativas dentro de esta Zona, es decir, no hay ninguna evidencia pública, al menos de papel, en la que el Estado se comprometa con las comunidades, que de por sí ya vienen siendo victimizadas por esta banda narcotraficante y paramilitar.
En Tierralta, Córdoba, algunos funcionarios regionales reaccionaron al conocer la publicación de la resolución presidencial, recordando que en esa región han sufrido la presencia paramilitar y han sido testigos de la falsedad de supuestos procesos de paz con paramilitares, como lo fue en 2005, el de Santa Fé de Ralito, localizado allí mismo en Tierralta.
Como si fuera poco, además de estas ZUT, el presidente anunció la proyección de 5 Zonas de Concentración, en las que, según informó, estaría el Catatumbo. Y a las que llegarían “jóvenes vinculados con el conflicto”, lo cual puede entenderse como otro intento por impulsar la legalización de las bandas en estos territorios.
Petro está anunciando la condena a muerte de regiones, territorios y comunidades enteras, la legalización del narcoparamilitarismo al estilo Uribe Vélez, pero con perfume progre, tiene similar función y aplicación que lo hecho por gobiernos anteriores. Y condena más ciclos de violencia y guerra.
Asesinados de la semana
Jairo Alberto Díaz Salazar, era un reconocido líder social, comunal y campesino, destacado por desempeñarse como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Jardín, presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de ASAMISUR, organización campesina vinculada a FEDEAGROMISBOL, en el municipio de San Pablo, Bolívar; fue secuestrado el 21 de diciembre en la vereda El Jardín y conducido hacia un paraje cercano al corregimiento Santo Domingo, el 22 de diciembre fue hallado sin vida en ese mismo corregimiento.
José Miguel Mojica Conchangui, era un reconocido líder social e indígena del pueblo Wiwa, quien trabajaba con la comunidad de la vereda de Mucura, perteneciente al municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira; fue el asesinado el 26 de diciembre en la vereda Mucura por hombres armados y, a pocos metros del lugar y delante de su familia.
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[*] ¿Cómo va el cumplimiento a las sentencias de restitución indígena en el municipio de Unguía, Chocó? Cinep.