PARLAMENTARISMO Y MAFIAS ESTATALES

Sergio Torres

Las altas cortes absuelven criminales y tumban leyes. El Congreso hunde proyectos de ley e impide reformas. Las empresas de comunicación corporativas celebran y promueven narrativas elogiosas sobre las ramas del poder, cuando en realidad son determinadores de la corrupción y crisis del viejo régimen.

Esta semana la oligarquía celebró el hundimiento de otra reforma tributaria del gobierno, y con ello el aplazamiento agónico de la reforma a la salud. La jugada completa de las bancadas, representantes del viejo régimen mafioso, fue una carambola contra el gobierno, pues los parlamentarios negaron la propuesta de Ley de Financiamiento y con ello argumentaron falta de financiación para la reforma de la salud.

Aunque son reformas cosméticas, las mafias en el Estado no están dispuestas a ceder un ápice en la defensa de los modelos político y económico, ni en el resguardo de los intereses de los ricos clanes corruptos que manejan todos los grandes servicios, que lejos de ser derechos de la población, los han convertido en negocios y mafias.

Sin embargo, ante las trabas de este modelo, el gobierno eligió responder con la misma forma. En lugar de buscar alternativas y centrar su apoyo en las mayorías populares, escogió intentar pactos con los representantes del viejo régimen.

En el caso de la reforma tributaria pretendida por Petro, no solo es la muestra de un modelo económico que fomenta la desigualdad y alimenta la corrupción. Que todos los años un gobierno tenga que maquillar la recolección de impuestos, sin tocar de fondo a los mega ricos que saquean el país, es la evidencia fáctica de quiénes manejan la economía. Para ello, los congresistas, en su rol de guardianes de la oligarquía, sin debates y sin ningún interés por las comunidades, simplemente hunden las tímidas reformas.

Peor aún, el gobierno ha dicho que con esa reforma tributaria se pretendía el financiamiento de planes sociales y deberes del Estado. Es decir, para el cumplimiento de lo que tendría que ser una prioridad, no se tienen recursos garantizados. Por su parte, los representantes de la oligarquía en el Congreso de la República esgrimieron las falacias y defendieron las empresas que, según ellos, se verían afectadas con la reforma.

De esta manera, la idea de una equidad y progresividad está lejos de adoptarse como principio. Y con ello la amplia brecha de desigualdad sigue sosteniéndose. De hecho, el mismo gobierno se autoalaba, por los incrementos en las ganancias billonarias de sectores como el financiero.

Los debates sobre los modelos político y económico son fundamentales para posibilitar cambios estructurales. que permitan acabar con la desigualdad social y priorizar las mayorías populares del país. Ya que la igualdad ni siquiera fue parte de un Ministerio, pues la Corte Constitucional tumbó la ley que lo creaba.