LA LEY DE FINANCIAMIENTO, ¿CONTRA LA ECONOMÍA POPULAR?
Chavela Villamil
Los pasivos adquiridos de la administración anterior y la equivocada política de esta administración de sobreincrementar el Gasto Corriente, suplir el déficit con nuevos empréstitos, aunado al decrecimiento de los ingresos, han llevado a una crisis económica que puede derivar en un estado de insolvencia.
El modelo económico imperante se centra en la generación de plusvalía para incrementar las utilidades por la comercialización de productos, y a su vez concentra estos dividendos en un grupo plutocrático minoritario; del mismo modo, sus políticas neoliberales desligan obligaciones estatales a través de la enajenación de activos para disminuir el compromiso fiscal de este, y consolidar el monopolio financiero, de servicio y productivo en el mismo grupo oligopólico; este modelo genera un déficit general de recursos que exacerba la desigualdad, la pobreza monetaria y multidimensional, a la vez que decrece el poder adquisitivo per cápita.
Un modelo centrado exclusivamente en la acumulación oligopólica va en total contravía del deber ser de la economía, que tiene como objetivo central satisfacer las necesidades básicas de la población, reduciendo al mínimo la brecha de desigualdad y la línea de pobreza moderada y extrema, además debe propender por instaurar un sistema fiscal y tributario tenga un enfoque redistributivo; desde luego, este paradigma económico no es más que una utopía que cada día se diluye en una economía de libre mercado, donde el fin último es la acumulación desmedida de capital.
La conveniencia de la Ley de financiamiento
Recientemente el Congreso hundió la segunda Ley de Financiamiento –Reforma Tributaria–, presentada por este Gobierno, aduciendo que esta presentaba grandes riesgos para la economía de los hogares de los sectores sociales medios y bajos. Esta propuesta económica pretendía recaudar 16,3 billones de pesos.
La recién hundida Ley de Financiamiento, planteaba medidas que propendían por el incremento del recaudo sobre los grandes capitales y no sobre la masa monetaria; además contemplaba medidas de financiamiento que cubrían los grandes capitales y, la anticipación del mecanismo paramétrico que fomentaría la inversión pública y privada, para tratar de reactivar la economía; a su vez planteaba disposiciones que permitían equilibrar ingresos y herramientas para fortalecer la fiscalización y operatividad del sistema tributario. Estos son los principales postulados de dicha ley:
- Reducción gradual del impuesto de renta a las empresas y la introducción de tarifas marginales diferenciales.
- Eliminación del régimen simple de tributación.
- Inclusión del IVA para los juegos de suerte y azar digitales.
- Aumento del impuesto al carbono.
- Creación de un espacio adicional para Inversiones Verdes, por fuera de la Regla Fiscal.
Metas que requieren un cambio de modelo y política económica
El principal reto de este Gobierno en términos económicos, es enrutar la economía hacia una senda de mayor crecimiento económico sostenible, con un enfoque social y sostenible que permita diezmar la desigualdad y disminuir la pobreza (monetaria y multidimensional), y poner fin a décadas de desbalances macroeconómicos, heredados de la administración pasada, entre los que se encontraban altos niveles de inflación, un déficit de Cuenta Corriente superior al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); estos desajustes fueron resultado de un conjunto de políticas macroeconómicas y fiscales expansivas.
Frenar la desaceleración económica, modificar el recaudo y cambiar el patrón de gasto, tiene implícito disminuir el Gasto Corriente (burocracia, guerra, pagp de Deuda Externa) y deponer el nefasto dogma neoliberal del Efecto Goteo o Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en inglés), que plantea que el crecimiento y favorecimiento tributario de las grandes empresas y emporios, supuestamente beneficioso para la economía nacional, porque permite crear nuevas plazas laborales.
El TDE falazmente plantea que “la productividad y el desarrollo” de una economía se dinamiza si se provee favorecimiento fiscal y tributario de las grandes empresas, bajo el supuesto de que si estas empresas aumentan su riqueza, esta supuestamente “se derramaría por goteo hacia las capas medias y bajas de la sociedad”.
La Doctora en Economía Tributaria Emily DiVito afirma que, “los recortes regresivos del impuesto de sociedades no aumentan significativamente los ingresos de las familias trabajadoras, pero sí reducen la capacidad del gobierno para financiar los ingresos familiares y el apoyo a los cuidados; además, una política fiscal corporativa sólida es vital para todos los aspectos de una economía próspera, no reinventar un uso más ambicioso e integral de la política fiscal corporativa nos impide lograr una economía y una sociedad más equitativas, sostenibles y democráticas para todos” [1].
Los más recientes informes del Instituto Roosevelt [2] afirman que la tributación de las personas jurídicas y en especial las grandes superficies, es clave para crear una economía fuerte y mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto, sin embargo, esto contrasta con la mayoría de modelos económicos, que durante décadas han socavado este precepto y se han centrado en la reducción fiscal y tributaria de este tipo de empresas.
Cualquier propuesta de Reforma Tributaria, Financiera o Fiscal que busque mitigar la brecha social y disminuir el Déficit de Gasto Social, es inocua sino rompe la lógica antifinanciera del pago de intereses de la Deuda Externa, y la dinámica del Gasto Corriente, ya que de nada sirve incrementar el recaudo sino no se disminuye el gasto; más allá de la efectividad de la tasa de recaudación, el verdadero problema de nuestra economía, es que gasta más de lo que produce y buena parte del Gasto Corriente es de origen prescindible o sustituible en términos de montos y tiempos.
Subsanar la crisis económica y laboral, y el déficit de poder adquisitivo per cápita, tiene implícitos cambios estructurales y radicales en los paradigmas económico, financiero, fiscal y tributario; por lo tanto, se hace necesario e inaplazable un cambio estructural en el modelo económico, que conlleva un tributación que abandone la recaudación por volumen y se centre en la recaudación por capacidad de capital, -entre más dinero y capital, mayor tributación-, además, se debe disminuir el Gasto Corriente y los excedentes netos invertirlos en la atención del déficit de Gasto Social, a la vez que se implementa una política que formalice el empleo y genere solidez laboral e incremente el poder adquisitivo per cápita.
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[1] El impacto de la política fiscal y el gasto público sobre las desigualdades en Colombia. Forbes, 17-11-2025.
[2] Reports expose deep harms of corporate tax cuts and ‘trickle down’ ideology. Instituto Roosevelt, 23-11-2025.