POLICÍA DECRÉPITO CUMPLE 134 AÑOS
Sergio Torres
La Policía de Colombia creada el 5 de noviembre de 1891, ataca al pueblo, a quien debe servir, celebra su cumpleaños sin las transformaciones profundas que urgen en su composición, visión y doctrina; decrepitud evidente, así pretendan maquillarla.
En lo que respecta a la policía, este gobierno cayó en uno de los mayores incumplimientos sobre lo que prometido en la campaña electoral, porque mantuvo inalterada la directriz del régimen de sostenerla, como un cuerpo militarizado, bajo el mando del Ministerio de Defensa. Contraviniendo lo que ordena La Constitución política de Colombia, en su artículo 218:
“La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.
Nada más lejos de la realidad. Por el contrario, la lógica y actuación policial funcionan de manera inversa a ese artículo: mantiene su naturaleza militar, vulnera derechos, restringe libertades ciudadanas y participa de la guerra interna, mediante alianzas con bandas y fuerzas extranjeras.
Trato de guerra a la protesta social
La brutalidad, el trato de guerra y el uso de fuerza letal por parte de la policía durante el Estallido Social de 2021, no solo cobró la vida de más de 150 personas, dejó heridas a más de 4.000 e infligió violencia sexual y basada en género a más de 100 mujeres y comunidad LGTBIQ+. Dicho antecedente fue recogido como bandera hacia cambios y transformaciones del nuevo gobierno, hoy convertido en uno de sus más grandes incumplimientos.
La respuesta a las exigencias desde los sectores populares y las denuncias publicadas por organizaciones de derechos humanos, como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), plantearon como una “decisión tomada” el traslado de la policía del Ministerio de Defensa al del Interior. En agosto de 2022, recién instalado el gobierno de Petro, ese era el discurso expresado por el propio ministro de defensa, Iván Velázquez.
En febrero de 2023, dicho traslado, ya no al Mindefensa, sino al Ministerio de Justicia, se planteó como un debate que avanzaba. El Ministro de Justicia, Néstor Osuna, declaraba que: “hay que introducir algunas reformas de modernización de la Policía y una de ellas tiene que ver con desmilitarizarla, si me permiten la palabra”.
Para julio de 2023, las expectativas fueron borradas, se consumó el incumplimiento y el desconocimiento de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales, se ignoraron los planteamientos de la Mesa por la Reforma Policial integrada por estas organizaciones. La confirmación y decreto del cambio de nombre del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) al de Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), fue, al igual que el cambio de color del uniforme, una burla a las exigencias de transformaciones en dicha fuerza.
En 2024, se establecieron supuestas directrices para “el uso de armas menos letales”. Con lo que siguió la ruta del maquillaje operativo, no de las transformaciones estructurales. De hecho, siguen las denuncias y evidencias de la continuidad de la brutalidad policial.
La corrupción policial, de mal en peor
Crecen los casos de la vinculación de miembros de la policía en entramados de corrupción, narcotráfico y paramilitarismo, que incluye al alto mando de esta institución. Bastaría con recordar nombres de anteriores jefes de la policía, como el general Rodolfo Palomino, condenado por proteger e impedir la captura del paramilitar Luis Gonzalo Gallo. O, más recientemente, el general William Salamanca, investigado por la relación y mantenimiento de la red de tráfico y contrabando al interior de la policía, en el caso del llamado “papá pitufo”.
En conclusión, el Estado colombiano mantiene su política y estrategia militarista. Que el gobierno Petro deslizó como una democracia militarizada. Con lo cual se mantienen las estructuras y doctrinas del modelo político colombiano, sostén de la desigualdad, la exclusión y la guerra.
Le quisieron achacar al conflicto social, político, económico y armado la imposibilidad de hacer los cambios profundos, pero esa es la excusa de quien se niega a revisar las causas que generan dicho conflicto y, por el contrario, asume la orden de mantener el narco estado y sus instituciones. Entre ellas, una policía al servicio de una oligarquía mafiosa que defiende al interior del país los intereses de la plutocracia que manda en Estados Unidos.