SIN DINERO PARA EL GAS
Claudia Julieta Parra
Los medios de comunicación hablan constantemente de un desabastecimiento de gas, que a la fecha no se ha presentado; sin embargo, omiten hablar y ocultan los altos costos del gas natural domiciliario, que hace estragos en el costo de vida.
El modelo capitalista y las políticas neoliberales, además de monopolizar la riqueza en un grupo minoritario plutocrático, se ha centrado en la venta a menosprecio de activos estatales, como es el caso de los servicios esenciales dejándolos expuestos al libre mercado, dando prioridad a la generación de utilidades y cercenándole su carácter de derecho fundamental.
El gas natural, como servicio público esencial, ha desempeñado un papel crucial en la transformación social y económica del país, ofreciendo un acceso democratizador capaz de mejorar la calidad de vida de más de 36 millones de ciudadanos colombianos (12 millones de hogares de Colombia), y, de acuerdo con datos del Ministerio de Minas y Energía, alcanzó más de 413.243 nuevos usuarios residenciales conectados al cierre de 2024; que lo ha posicionado como un servicio público esencial del que dependen los hogares y muchos establecimientos comerciales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el año anterior, revela que el 79,2 por ciento de los hogares cocinan con gas natural, mientras que el 12,1 por ciento utiliza GLP y el 8,7 por ciento restante aún sigue cocinando sus alimentos con leña, cocinol, entre otros materiales contaminantes e ineficientes.
Pese a que el gas natural es un servicio esencial, su privatización ha permitido que ante las fluctuaciones bursátiles su costo final se incremente considerablemente, el encarecimiento del metro cúbico de gas, ha conllevado que muchos hogares cambien sus patrones de uso o opten por otro medio para preparar sus alimentos, ya que sus finanzas no les permite sostener un servicio, que en promedio en las ciudades principales tiene un valor estándar relativo de 45.000 pesos mensuales, para hogares mononucleares o máximo de tres individuos.
En pertinente aclarar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), está ‘atada de manos’ para regular las tarifas, ya que los combustibles fósiles y la energía eléctrica se rigen por el libre mercado y esto lleva a que su valor oscilante se fije por la dinámica bursátil.
La enajenación de los servicios públicos en especial las empresas del sector eléctrico y los hidrocarburos, ha conllevado a que el suministro de este servicio indispensable tenga altos costos, que muchas personas no pueden pagar; en otras palabras, el principal responsable del déficit energético que afronta el país es el modelo económico neoliberal.
El problema de fondo del costo de los servicios públicos es que al regirse por el libre mercado su precio es oscilatorio y determinado por ecuaciones globales; por lo tanto, disminuir o regular el precio requiere un nuevo paradigma económico, situación que es complejo de resolver en lo inmediato, ya que implica aislarse de la política económica global.