OTRO PRESUPUESTO AL SERVICIO DEL GASTO CORRIENTE
Chavela Villamil
Un presupuesto debe ser estructurado en base al equilibrio entre ingreso y egresos; pero, en las últimas décadas lo han centrado en suplir el Gasto Corriente, sin tener en cuenta el déficit fiscal y de ingresos que sufre el país, dando lugar a presupuestos insolventes y deficitarios.
Los fenómenos macroeconómicos que vienen impactado el mercado global desde hace más de una década, han desacelerado las economías y reducido el Producto Interno Bruto (PIB), fenómeno que afecta con mayor fuerza a las economías dependientes del capital extranjero y que su producción interna depende de materia primas importada.
Presupuesto oneroso e insuficiente
Tras un paso tortuoso por las dos cámaras del Congreso, por fin fue aprobado el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, por un monto de 556,9 billones de pesos y, una Ley de financiamiento de 16 billones de pesos. El PGN tuvo un incremento relativamente leve, de 45,6 billones de pesos con respecto al año anterior, aunque lo más preocupante de este, no es el monto en sí, sino la distribución de los rubros y su asignación.
Al revisar los rubros principales del PGN, encontramos que el 84,06 por ciento está asignado al Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de Deuda Externa -DE-), en momentos donde las proyecciones económicas no vislumbran un PIB por encima del 2,5 por ciento; lo más preocupante e inconveniente en esta distribución presupuestal, es que cuatro quintas partes son destinadas al Gasto Corriente, además los pagos de la DE sufren un incremento de 26,2 por ciento, -desde luego este dinero no cubre la deuda de capital sino que solamente amortiza los interés-; paradójicamente el presupuesto de inversión continua siendo una cuantía inferior, que ni siquiera llega al 20 por ciento del presupuesto asignado, lo que repercute directamente en desarrollo, la productividad y en subsanar el déficit de Gasto Social.
Solo un nuevo paradigma económico puede frenar la deceleración
La desaceleración negativa del PIB y el estancamiento de nuestra economía, hace inaplazable un cambio en los patrones de consumo y las políticas de gasto, lo que hace imperante la disminución Gasto Corriente, a la vez que implica una política de austeridad, que se centre en la disminución de la burocracia estatal, dentro de esto juega un papel trascendental congelar o disminuir el dinero destinado a la amortización de la DE, se puede continuar con el margen de pago actual -que sigue siendo alto- sin incrementarlo, y el remanente se debe destinar a cubrir el déficit de Gasto Social, no se requieren nuevos recursos, sino redistribuir los existentes, de esta forma se alivia la Regla Fiscal y se tiene una mejor ejecución del erario.
El problema de la economía colombiana vas más allá de lo financiero y sin duda es de orden económico, ya que sus políticas siguen estrictamente el modelo global, y continúa basando el sistema tributario en lo que se denomina ‘captación por nicho masivo’, es decir, trata de captar dinero del mayor número de personas posibles que son mayoritariamente clase media y baja, por eso siempre son los más afectados con las Reformas Tributarias.
En Colombia siguen aplicando el dogma neoliberal del Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en inglés), donde la productividad y el desarrollo supuestamente se sustentan en la reducción de la tributación de los mega empresarios, para aumentar su riqueza a grado tal, supuestamente para que “gotee hacia el resto de la sociedad”, tesis que ha sido ampliamente rebatida por los resultados desastrosos, en cuanto que resultó incrementando brutalmente la desigualdad social. La aplicación de esta ideología neoliberal nos ha llevado a que el empleo informal suple la inexistencia de plazas laborales, y a su vez ha incrementado ostensiblemente la pérdida de poder adquisitivo per cápita.
Salir de la crisis socioeconómica actual tiene implícitos cambios estructurales y radicales en los paradigmas económico, financiero, fiscal y tributario; por lo tanto, se hace inaplazable un cambio estructural en el modelo económico, que conlleva un tributación que abandone la recaudación por volumen y se centre en la recaudación por capacidad de capital, -entre más dinero y capital, mayor tributación-, además, se debe disminuir el Gasto Corriente y los excedentes netos invertirlos en la atención del déficit de Gasto Social, a la vez que se implementa una política que formalice el empleo y genere solidez laboral e incremente el poder adquisitivo per cápita.