LAS COMUNIDADES DESCERTIFICAN SU PRESENCIA
Himelda Ascanio
Las agresiones y el injerencismo de los Estados Unidos en Colombia datan de toda la historia nacional, la presencia de sus tropas en el país ha ido creciendo, creando y entrenando mercenarios narcotraficantes, generando y atizando el conflicto armado, violentando y agrediendo comunidades y territorios.
El llamado Plan Colombia con el que los gobiernos de Pastrana (1998-2002) y Uribe Vélez (2002-2010) permitieron la entrada e instalación de Bases Militares de los EEUU en territorio colombiano, con la excusa de la guerra contra las drogas y contra el terrorismo, Colombia recibió la supuesta asistencia militar en armas, asesoría y, sobre todo, con doctrina y manuales.
El gobierno de Iván Duque (2018-2022) permitió la llegada de la Security Force Assistance Brigade (SFAB), asistencia militar estadounidense que se desplegó por varias regiones del país, en las llamadas ‘Zonas Futuro’. Justamente, las mismas regiones donde la violencia narcoparamilitar acrecentó su accionar: el Pacífico nariñense, el Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo; el piedemonte en Arauca.
Esta asesoría militar relanzó bandas narcoparamilitares como el Clan del golfo y recicló a las llamadas disidencias de las Farc, convirtiéndolas igualmente en bandas de narcotráfico, que con el apoyo y alianza de las Fuerzas Militares del Estado, inundaron de coca e iniciaron el arrasamiento de territorios enteros. Con lo que, además, se desestabilizó el país, buscando justificar una mayor presencia militar.
Por ejemplo, en Arauca, guiados por los mercenarios de SFAB, militares colombianos fueron a entrenar las bandas de Antonio Medina y Pescado, quienes posteriormente atacaron la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Venezuela e incentivaron activamente el cultivo de coca, que ya había sido erradicado del departamento.
En el Bajo Cauca y Sur de Córdoba, la SFAB centralizó el traqueteo y el narcotráfico en el Clan del golfo, acabando con la incidencia de carteles más pequeños, en una confrontación que dejó miles de muertos. Y en el Catatumbo el plan fue la formación e instalación de bandas traquetas como disidencias de Farc, que intentaron convertir la región en un emporio narcotraficante, con todo y los abusos a las comunidades.
Otro caso emblemático de lo que implica la presencia de tropas y/o asesoría norteamericana en las regiones, es lo que acontece en San José del Guaviare. Donde menores pertenecientes a las etnias Nukak-Maku y Jiw han sido sometidas a terribles violaciones por parte de miembros del Ejército estatal y militares provenientes de EEUU.
Cambiar la doctrina
Mientras se mantenga la presencia militar norteamericana en Colombia, se mantenga la doctrina contrainsurgente del Enemigo Interno y las Fuerzas Militares estatales sean una franquicia del narcotráfico, las comunidades y territorios continuarán sufriendo dicho accionar, que hoy mantiene un genocidio contra liderazgos sociales. Así mismo, seguirá justificándose la legítima defensa armada de las fuerzas populares, con lo que el conflicto se mantendrá.
Más aún, cuando la proyección y orientación del imperio es la llamada Guerra Proxy, una contratación e impulso de bandas. Desde todas las comunidades afectadas por esta estrategia, se ha planteado la necesidad de debatir y cambiar la Doctrina de Seguridad. Un cambio fundamental en la búsqueda de la paz. Justamente esos son los cambios profundos que el país requiere. Cortar de una vez por todas el sometimiento y obediencia al decadente imperio de los EEUU y construir un Gran Acuerdo Nacional por los Cambios, donde la búsqueda de la soberanía es fundamental.
Asesinados de la semana
Luis Fernando Sánchez Caicedo, reconocido líder comunitario y permanente colaborador de Indepaz desde 2008 en el Pacífico nariñense, especialmente en el municipio de El Charco, Nariño; fue asesinado el 8 de septiembre en la madrugada, cuando se desplazaba en una embarcación junto a la alcaldesa del municipio de Mosquera, Nariño, Karen Pineda, de quien era asesor.
Laura Enid Guzmán Macías, era una lideresa social, docente y madre comunitaria de la vereda Quiteto y del sur del Cauca, específicamente en el municipio de Sucre, Cauca; fue asesinada el 10 de septiembre mientras se desplazaba con su esposo hacia su lugar de residencia en la vereda Quiteto.
Germán Roso, era un líder social reconocido por la defensa de los derechos de los campesinos y de las familias reclamantes de tierras en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca; fue asesinado el 10 de septiembre en el sector de Valle Escondido, donde hombres armados le dispararon.
El 20 de septiembre en el barrio Villa Julia, Villavicencio, Meta, dos hombres en motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban frente a una barbería ubicada en zona comercial del municipio. Las víctimas fatales fueron identificadas como Luis Eduardo Bello Bermúdez, Andrés Felipe Valdés y Yomary Shirley Muñoz.
Oscar Becerra Aguirre, líder social, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Luis, reconocido abogado y representante gremial de la asociación de taxistas “Las 40” en Cali, Valle del Cauca; fue asesinado el 22 de septiembre en el barrio El Trébol, exactamente en la carrera 22 No. 52–19, donde, “presuntamente” fue víctima de un hurto.+
Yeimar Gamboa Yépez, líder social y juvenil, reconocido defensor de derechos humanos, destacado por su labor en procesos de reconciliación y en el acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad, así como por su trayectoria política, siendo en la actualidad candidato al Consejo Municipal de Juventud (CMJ) en Chigorodó, Antioquia; fue asesinado el 23 de septiembre mientras departía con unos amigos en el barrio El Bosque de Chigorodó, Antioquia.
Luis Ernesto Sánchez, fue un reconocido líder social y docente, destacado por su trabajo en favor de los derechos de la niñez y la juventud en Tenerife, Valle del Cauca; fue asesinado el 27 de septiembre cerca de su vivienda.