PROTEGER AL PRESIDENTE, LA ORDEN PARA LA DNI
Amalia Santana
La Dirección Nacional de Inteligencia fue creada tras la liquidación, en 2011, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia estatal de espionaje, que fue infiltrada por las mafias de narcotraficantes y puesta al servicio de sus planes criminales.
El antecedente maldito de estas dependencias, es el entramado criminal en el que terminó convertido el DAS, que nació con múltiples funciones, entre ellas protección e inteligencia. Durante el Gobierno de Uribe (2002-2010) los narcoparamilitares “limpiaban” allí sus antecedentes, en el 2009 el escándalo de las ‘Chuzadas’ [intercepción ilegal de conversaciones telefónicas] evidenció la persecución y la vigilancia permanente que esta agencia sostuvo de manera ilegal, contra personalidades y liderazgos sociales y políticos.
Desmantelados y rearmados
El DAS tuvo que ser disuelto, pues, por un lado, era insostenible, y por otro, las directrices norteamericanas requerían otro tipo de entidades. Por ello, en 2011 crearon la Unidad Especial de Migración (UEM), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), es decir, separaron las labores de control de migración, protección e inteligencia.
Desde esos años hasta hoy, no se sabía de la DNI, no aparecía mucho en los ámbitos políticos del país. La principal razón para ello fue la orientación con la que venía haciendo sus labores, principalmente inteligencia hacia el exterior, fundamentalmente, hacia Venezuela. Es decir, los gobiernos de Santos (2010-2018) y Duque (2018-2022), orientaron las labores de esta oficina hacia la hermana república. De hecho, está ampliamente documentado que, el gobierno Duque participó en la preparación y desarrollo de la fallida Operación Gedeón, que buscó asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Esto nos deja ver un primer corte en diseño y funciones. De las labores de inteligencia del DAS, enfocadas en espiar, vigilar y perfilar liderazgos sociales, muchos de los cuales fueron asesinados, como parte de la política de exterminio a quienes parecieran susceptibles de ser colaboradores de la insurgencia durante el gobierno de Uribe Vélez. A la creación de la DNI y la asignación de funciones ordenadas desde Estados Unidos, para desestabilizar y hundir a la revolución bolivariana en Venezuela.
Viraje de enfoque y funciones
Durante el gobierno del presidente Petro (2022-2026), la DNI ha tomado un nuevo protagonismo que no había tenido antes. Esto se debe a que este gobierno cambió el enfoque que traía dicha dependencia. Incluso cambió el perfil de quienes la dirigen. Pasó de ser dirigida por militares, como fue durante todos los gobiernos anteriores, como, por ejemplo, el almirante Álvaro Echandía, que fue su director durante los dos periodos de Santos. Con Petro, esta dirección ha tenido al frente a exmiembros del M-19, Alberto Casanova, Carlos Ramón González y Jorge Arturo Lemus, el actual director.
Ahora bien, Petro giró 180 grados el enfoque y las funciones de la inteligencia, centrándose en el interior del país. Y vinculándola con los ejes políticos de su gobierno, como la llamada Paz Total y la supuesta lucha contra la corrupción. Pero además, tomando recaudo de sus comprensibles temores, le orientó también a la DNI la protección del presidente, en conjunto con la UNP.
El asunto problemático mayor empieza a manifestarse cuando el gen maldito del DAS aparece, pues teniendo al frente funcionarios corruptos y operadores de los EEUU, como Carlos Ramón González y el Comisionado Otty Patiño, todas las funciones y poderes concedidos a la DNI se vuelven peligrosamente en contra de la paz y empiezan a jugar en favor de la corrupción y de las mafias. Con casos como lo sucedido en el Catatumbo y la protección que el gobierno le da a la banda exfarc frente 33. Donde se comprobó que la DNI recogió, hospedó y le devolvió al frente 33 a alias “mocho” Olmedo, cabecilla de esa banda que se había rendido y entregado al ejército estatal tras las operaciones del ELN.
De manejo y uso personal
Otro grave problema es el manejo de la información, partiendo del hecho sabido que Petro nunca fue un estratega o un cuadro del M-19, lo cual sugiere que nunca tuvo en su cargo asuntos estratégicos de dicho movimiento. Ahora en la presidencia, esto se hace evidente, con el peligro que la DNI está recaudando amplias cantidades de información que le llegan directamente a Petro, quien las ha publicado tanto en discursos como en sus redes sociales, con lo cual técnicamente rompe el ciclo de la inteligencia, al difundir información no verificada, es decir, publicando y contando rumores.
Con la Directiva número 2 de 2025, Petro ordenó a todas las entidades del gobierno: “Cooperar con la gestión de la Dirección Nacional de Inteligencia”. Así mismo, abstenerse de “impedir u obstaculizar el desarrollo de las actividades, medios y métodos”. Y “colaborar con la Dirección Nacional de Inteligencia en la prevención de amenazas”. Con lo que se reforzó el enfoque interno con la excusa de la anticorrupción.
Puede tener sentido que Petro no confié en el aparato militar y tenga suficientes motivos para dudar de instituciones inundadas de corrupción. Esto da cuenta de la conciencia de no tener el poder real del Estado. En ese caso, la solución no está en el mismo Estado y manteniendo las lógicas del viejo régimen, convirtiendo entidades en oficinas propias. Sí, en cambiar la forma de ser y hacer política, en los cambios profundos en todas esas instituciones corruptas, en cambiar la Doctrina de Seguridad. La solución está en cambiar el modelo económico, fuente de toda corrupción y desigualdad, no en crear policías secretas para proteger y confidenciarle al presidente.