TRAQUETOS Y EL ‘TODO VALE’
Himelda Ascanio
En medio de las complejidades del conflicto social, que se expresa en lo político y económico, el tema cultural queda normalizadamente relegado. La violencia de la guerra se contabiliza en número de muertes, pero pocas veces se ocupa de constatar la muerte cultural de las comunidades.
La estrategia del terror de Estado y sus operadores narco paramilitares, utilizan la tierra arrasada y el despojo de los territorios, para apropiarse de las riquezas del subsuelo, sembrar de coca los campos y con ello imponer una cultura mafiosa, narcotraficante y paramilitar, basada en la violencia y el miedo.
Por ello, en todas las regiones del país donde esta estrategia se implementa, va acompañada de la muerte de los liderazgos sociales, un genocidio en curso que, lejos de combatirse y frenarse desde el actual gobierno, se terminó impulsando y legalizando. Pues si bien se han implementado entregas de tierras a campesinos en algunas regiones, también se están entregando regiones a las bandas narco paramilitares. Dicha imposición significa la ruptura violenta de la identidad cultural de esas regiones.
En regiones como el Cauca, la alianza entre el Ejército estatal con las llamadas Disidencias de las ex Farc, han venido masacrando y desplazando un alto porcentaje de los liderazgos sociales y comunidades enteras. La imposición ha sido sembrar de coca amplios territorios. El campesinado sabe que detrás de esta imposición territorial, viene el sometimiento a una nueva cultura basada en el terror y la violencia en todas sus expresiones.
En el Chocó, fue la banda narco paramilitar Clan del golfo quien estableció corredores territoriales del norte al sur del departamento. Nuevamente, el primer aliado para esta llevar a cabo esta estrategia son las Fuerzas Militares del Estado. Y las principales víctimas, las comunidades negras e indígenas, que nuevamente ven como personas externas y con otra forma de hablar, se apropian de sus tierras y de sus riquezas. Cualquier parecido con la invasión española, no es coincidencia.
La imposición cultural es tan fuerte que, en muchos de estos lugares, los invasores paramilitares impiden el uso de lenguas nativas. Imponen expresiones musicales y dinámicas de diversión basadas en la violencia y el abuso. Una cultura traqueta que rompe con las tradiciones propias e impone el ‘todo vale’, de te vendes o te mato.
Si la cultura es la vida, la ciencia y el arte de las comunidades y pueblos. El despojo y el arrasamiento de los territorios es la muerte total. Y por ello, es absolutamente legítimo defenderse.
En los nuevos entramados narco paramilitares, defendidos e impulsados por el actual gobierno. Se mezclan una serie de factores y actores que lo hacen más complejo. El imperio norteamericano, en su decadencia, a través de la CIA, construye carteles a escala mundial que obviamente tienen expresiones en centro y sur América.
El despojo y la masacre cultural de la que son víctimas las comunidades y pueblos, significa la pérdida de las tradiciones y legados, el intento por imponer una cultura de la violencia y la muerte. Al ser impulsada desde el Estado, ratifica la necesidad de una nueva construcción social basada en el bienestar, educación y cultura para la vida digna, colectiva, autónoma y en paz.
Asesinados de la semana
Luis Fernando Sánchez Caicedo, reconocido líder comunitario y permanente colaborador de Indepaz desde 2008 en el Pacífico nariñense, especialmente en el municipio de El Charco, Nariño; fue asesinado el 8 de septiembre en la madrugada, cuando se desplazaba en una embarcación junto a la alcaldesa del municipio de Mosquera, Nariño, Karen Pineda, de quien era asesor.
José Dorian Jiménez Salazar, era un líder social y político, concejal de Pradera durante el periodo 2020-2023 y, en la actualidad, se desempeñaba como secretario de Gobierno de la Alcaldía municipal; fue asesinado el 9 de septiembre en un establecimiento público, cerca a la Alcaldía de Pradera, viendo el partido de la Selección Colombia, cuando hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon en su contra, causándole la muerte de inmediato.
Laura Enid Guzmán Macías, era una lideresa social, docente y madre comunitaria de la vereda Quiteto y del sur del Cauca, específicamente en el municipio de Sucre, Cauca; fue asesinada el 10 de septiembre mientras se desplazaba con su esposo hacia su lugar de residencia en la vereda Quiteto.
Germán Roso, era un líder social reconocido por la defensa de los derechos de los campesinos y de las familias reclamantes de tierras en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca; fue asesinado el 10 de septiembre en el sector de Valle Escondido, donde hombres armados le dispararon.