UNA REFORMA TRIBUTARIA QUE NO RESUELVE LA CRISIS
Claudia Julieta Parra
El creciente déficit fiscal y los requerimientos fiscales del Presupuesto General para 2026, exigen una nueva reforma tributaria, aunque los datos oficiales dicen que esta no alcanza a recaudar los recursos requeridos para el próximo año y mucho menos subsana el déficit fiscal.
La propuesta de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, radicada por el Gobierno ante el Senado, contempla que 4,72 por ciento de dicho presupuesto se recaudarán vía reforma tributaria; a su vez, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), es categórico al afirmar que tanto la propuesta de PGN como el incremento de responsabilidades fiscales por parte del Gobierno para este año y el siguiente, requieren como mínimo un ajuste fiscal de 38 billones de pesos; además, esta entidad sostiene que el déficit de gasto primario, que en junio pasó de 1,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a 2 por ciento, no solo agudiza la crisis sino que genera incertidumbre en la solvencia fiscal.
La Presidenta de la CARF afirmó que, “la situación es preocupante, porque aunque no es inusual que haya diferencias entre el instrumento que se presenta en junio, si es alarmante la diferencia que existe en el gasto primario, pues la disparidad es de 18,2 billones de pesos. Nos inquieta que la nueva estrategia fiscal pretenda financiar gastos persistentes mediante fuentes inciertas como la reforma tributaria y transitorias como la reducción de intereses” [*].
La propuesta de reforma tributaria tiene como planteamiento principal los siguientes:
- a) Revisión de las excepciones del Impuesto de Valor Agregado (IVA), que actualmente son del orden de 135 billones de pesos.
- b) Revisar y reformular la estructura tarifaria del IVA.
- c) Modificar las excepciones de renta, que actualmente representan 48 billones de pesos, 26 a personas naturales y 22 a personas jurídicas.
- d) Transformar el impuesto al consumo, con repercusión directa al consumidor final.
Esta reforma al igual que sus antecesoras -de este y posteriores Gobiernos-, obedecen al fallido dogma neoliberal del Goteo o Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en inglés), por lo que no modifica estructuralmente el sistema de tributos, sosteniendo el favorecimiento al oligopolio y las megaempresas nacionales y transnacionales, dizque para que los ricos acumulen tanta riqueza, que esta gotee hacia las capas bajas de la sociedad; lo que en términos prácticos mantendrá los impuestos de la clase media y baja y por ende no resolverá su déficit socioeconómico.
Una de las disposiciones más riesgosas para el grueso de la población son las modificaciones al IVA -actualmente equivale al 19 por ciento-, ya sea porque incremente su valor o grabe nuevos productos, o se apliquen ambas medidas, en un contexto económico de captación masiva como el nuestro, su afectación se centrará en las capas sociales media y baja, ya que el IVA no se aplica a personas o empresas sino a productos, solo por citar algunos casos de productos de uso masivo gravados, encontramos: derivados lácteos, cereales preparados, aceites, grasas, gaseosas, entre otros.
Más allá del aumento de la recaudación, una reforma tributaria debe tener un enfoque redistributivo, de tal forma que las esferas sociales de menores ingresos se vean favorecidas y no afectadas, desde luego ello implica dejar a un lado el Trickle Down Effect y centrar la captación de tributos en los oligopolios, lo que implica mermar sus excepciones y beneficios tributarios; pero esto genera una pregunta obligada, ¿esta esté Gobierno dispuesto a modificar el modelo económico y desafiar las imposiciones económicas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial?
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[*] Colombia: cumplir con el ajuste fiscal del próximo año, requiere 38 billones de pesos adicionales. Forbes, 31-07-2025.