LOS COLOMBIANOS PAGAMOS LA CRISIS INDUCIDA DE MEDICAMENTOS
Chavela Villamil
La privatización del sistema de salud en la década del 90, convirtió este derecho fundamental en un negocio, que prioriza las utilidades de las Entidad Promotora de Salud (EPS), mientras pauperiza el nivel de atención y arroja el sistema de salud al colapso.
La Ley 100 de 1993 -cuyo ponente fue Álvaro Uribe Vélez-, cambió radicalmente el Sistema General de Seguridad Social (SGSS), dando apertura a que las empresas privadas se apoderaran de la prestación de los servicios de salud y pensiones; desde entonces la prestación de los servicios de salud la realizan las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en su gran mayoría de origen privado, que funcionan como intermediarias entre las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) -hospitales, clínicas, laboratorios, entre otros-, y los pacientes.
El SGSS ha permitido lograr una Cobertura de la prestación de salud del 98 por ciento, referido solamente a las IPS donde se prestan servicios de salud, sin embargo, el Acceso a salud medido como el número de personas que logran hacer uso de los servicios de salud, solo es del 46,27 por ciento, mientras que la Oportunidad (rapidez y efectividad de la atención en salud) apenas es del 36,45 por ciento; además, es lamentable e indignante que el 38,2 por ciento de los pacientes deben recurrir a Acciones de Tutela para acceder a procedimientos complejos como exámenes especializados, cirugías, entre otros.
El sistema de salud en contra de los pacientes
Las fallas en la atención de los pacientes, las demoras en la atención en el servicio de urgencias, en promedio superan las 3 horas, en el caso de consulta externa la demora en promedio en la asignación de las citas supera las 3 semanas y, en el caso de las citas especializadas superan los 3 meses para la asignación; lo mismo ocurre en exámenes especializados, procedimientos quirúrgicos, entre otros. Todo esto además de vulnerar los derechos de los pacientes y el deterioro de la atención oportuna en salud, ha conllevado a que muchos pacientes recurran a invertir parte de sus ingresos en medicina particular, lo que decrece sus finanzas y agudiza su costo de vida; mientras otros por carecer de recursos financieros, se ven obligados a recurrir a la automedicación o acuden a personal no calificado.
El Plan Obligatorio de Salud (POS) actualmente es muy limitado y restringe muchos medicamentos esenciales para tratar padecimientos cotidianos en la población, además, el desabastecimiento en los medicamentos ha conllevado a que muchos medicamentos sean negados a los pacientes o que no se entreguen. Un estudio financiero reciente muestra como las familias colombianas, se han visto obligadas a incrementar sus gastos en salud, pese a contar con una EPS o pertenecer al sistema subsidiado de salud, actualmente gastan entre el 20 y el 40 por ciento de sus ingresos en salud; es decir, los ciudadanos están gastando entre 285.000 y 570.000 pesos mensuales por concepto de salud; estos gastos para una persona que recibe un salario mínimo (1.423.500 pesos), se convierte en un gran hueco en las finanzas familiares, que decrece su poder adquisitivo y agudiza su costo de vida.
Sí hay soluciones para el problema
El problema de la salud en Colombia radica en que el modelo implementado es de corte neoliberal y se rige bajo la teoría del libre mercado, mientras esta política no sea modificada, la salud seguirá siendo un negocio lucrativo y los pacientes seguirán siendo tratados como clientes.
Se requiere una modificación de la Ley 100, de tal forma que se eliminen los intermediarios y se democratice el servicio, en términos de gratuidad y atención oportuna; la fortaleza del Sistema Público de Salud es vital para que un país afronte satisfactoriamente enfermedades prevalentes, pero esto solo se puede lograr en la medida que las políticas públicas estén encaminadas al bienestar social y no a la generación de utilidades para los negociantes, por esto Colombia requiere con urgencia un cambio de modelo económico, que realice la estatalización del SGSS, que traerá beneficios a toda la población y contribuirá a ir pagando la Deuda Social.