PETRO FORTALECE LA GUERRA SUBSIDIADA CON BANDAS
Blanca Moncaleano
El plan de guerra contra el pueblo clasificado como Enemigo Interno, tiene continuidad bajo el gobierno de Petro, quien legaliza y recicla las bandas con desmovilizados, mientras niega que en Colombia no existe un conflicto político, social y armado.
Las elecciones del 2018 fueron una puja entre la ultraderecha en cabeza de Iván Duque y sectores progresistas en busca del cambio en Colombia liderados por Gustavo Petro. En aquella ocasión la ultraderecha se impuso ganando con maquinaria y clientelismo electoral.
La presente ofensiva recrudecida en 2018
El gobierno de Duque (2018-2022) estuvo marcado por la corrupción, la venta de lo público y la violación sistemática de los derechos humanos. Impulsó un plan militar de gran envergadura, fue durante su período de gobierno que se fortalecieron estructuras armadas narcotraficantes, como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que junto con las Fuerzas Militares del Estado iniciaron una ofensiva contra el ELN.
El impulso del neoliberalismo más crudo, trajo consigo un período de lucha y resistencia popular en las calles. El paro del 2019, el levantamiento popular del 2020 contra la brutalidad policial en plena pandemia y posteriormente el Estallido Social del 2021. Un pueblo cansado del burdo saqueo corrupto de la política tradicional, cansado del militarismo y la brutalidad policial, un pueblo que se levantó para exigir transformaciones.
Además de la represión policial y estatal judicial que sufrieron quienes se manifestaron, las estructuras paramilitares que se fortalecieron de la mano del gobierno atacaron a quienes protestaron, e incluso algunos sectores de ultraderecha fueron avalados por la Fiscalía General, como fue el caso del actual concejal de Cali Andrés Escobar.
Petro llega, la guerra contrainsurgente continúa
En el 2022, la ultraderecha no tuvo juego en las elecciones, Gustavo Petro ganó de la mano de las expresiones del pueblo colombiano que pedían un cambio del país. Sin embargo, desde su campaña fue evidente que estaba priorizando alianzas con sectores de la derecha, según dijo, en búsqueda de un gran acuerdo nacional que le permitiera adelantar los primeros pasos de un proceso de reformas.
Cumplidos tres años de su mandato, esas alianzas se hicieron más visibles, Petro las siguió priorizando, aunque nunca funcionaron para sacar adelante las reformas. Hoy cuando ya no hay ningún resultado visible dice que la ultraderecha no lo dejó gobernar y pide al pueblo marchar en su favor, sin frenar su alianza con esos sectores de la derecha, que en nada le han ayudado a sacar adelante las reformas que favorecen al pueblo colombiano, lo que catapulta esas fuerzas derechistas que Petro intenta presentar como una tercera vía para las elecciones del 2026.
Petro prometió solucionar el problema jurídico de los judicializados por haber participado en el Estallido Social, sin embargo, hay personas que fueron condenadas por terrorismo y otras que siguen estando en procesos judiciales. Al final el gobierno no brindó ninguna solución, para cesar la persecución política desde los estrados judiciales.
Tampoco pudo frenar el genocidio en curso contra líderes sociales y dirigentes populares, de hecho ha crecido el número de personas asesinadas durante su gobierno. Esto último debido a que las estructuras paramilitares narcotraficantes siguen creciendo y fortaleciendo su poder territorial, por medio de masacrar al pueblo.
Este gobierno recicla y legaliza bandas
En el inicio de su gobierno, Petro presentó la Paz Total como una salida a la guerra perpetua que vive Colombia, una de las exigencias del pueblo en el 2021. No obstante, la política de paz total se convirtió en una política confusa en la que se prometieron cambios al país, pero la realidad es que es una herramienta del gobierno de Petro para continuar con la guerra contrainsurgente guiada desde los EEUU.
La paz total ha dado reconocimiento político a las bandas narcotraficantes del país, legalizando y apoyando de facto la guerra subsidiada (proxy), que esas bandas vienen librando para asegurar el control territorial a los intereses imperiales y oligarcas. Casos emblemáticos el de la banda de H en Nariño y la banda del 33 en el Catatumbo.
Mientras que les asegura estatus político a estas bandas y les ofrece garantías para su accionar contrainsurgente en contra del pueblo, Petro le quita el estatus político al ELN, guerrilla insurgente histórica en Colombia, intentado presentar al ELN como el “enemigo público número uno”, que debe someterse, desconociendo las causas históricas que han llevado a que el ELN se levante en armas y su vigencia en la realidad colombiana de hoy.
Con sus discursos ácidos en contra del ELN, Petro encabeza una guerra de confusión mediática, en la que oculta la realidad de su fracasado gobierno en relación con sus promesas de cambio, tratando de tapar ante los sectores populares, que está alinderado con los intereses oligarcas e imperiales, que siempre han tratado de desconocer el conflicto político y social que atraviesa Colombia. Sosteniendo en sus diversos discursos la vieja tesis de los gringos y del ex presidente Uribe: en Colombia ya no existe conflicto político y social interno, lo que hay es una guerra por el control de economías ilícitas; falsedad que esconde la realidad de que son la oligarquía y el imperio norteamericano los enemigos y agresores del pueblo colombiano.
Tristemente, el gobierno de Petro pasará a la historia como el elegido por un pueblo cansado de la opresión, que prefirió aliarse con los gringos y la derecha, antes que vigorizar las justas luchas del pueblo colombiano.