Señor Ministro de la Guerra Diego Molano, asesinar niños es un acto horrendo en toda circunstancia que viola el Derecho Internacional Humanitario (DIH); este crimen tiene el agravante de haber sido perpetrado de manera premeditada y con uso desmedido de la fuerza, como son todos los bombardeos.
La política negacionista del Estado colombiano sobre el Genocidio en curso tiene un amplio respaldado de la Fiscalía, lo que consolida y perpetua la impunidad; es urgente esclarecer los intereses económicos y geoestratégicos, determinadores, cómplices y beneficiarios de estos crímenes.
Las redes develan la colusión entre el Estado y los narcotraficantes para mantener la impunidad en el caso de la persecución y violación a la periodista Jineth Bedoya, que ahora lo juzga una Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); también evocan la Comuna de París.
La política económica pro oligárquica del Gobierno ha sumido al país en una iliquidez financiera que se exacerbó por el Covid-19, las soluciones aplicadas no resuelven el problema estructural pero sí asfixian a los colombianos con más impuestos.
En su declaración del Primero de marzo el Comité Nacional de Paro (CNP) llamó a reactivar la movilización social y convocó a un Paro Nacional a finales de abril, que distintas organizaciones proponen convertirlo en un rechazo nacional al mal Gobierno.
Las mujeres latinoamericanas y caribeñas emprenden luchas por los derechos de los pueblos, de la mujer, las diversidades sexuales, la madre tierra, la soberanía popular, por autonomía, Autogobierno y defensa de la cultura propia.
El 16 de marzo de 1781 en El Socorro, Santander, brilló Manuela Beltrán la artesana cigarrera, quien rompió el edicto que promulgaba nuevos impuestos al grito de ¡viva el Rey y muera el mal Gobierno! Era el eco del alzamiento de Tupac Amaruc en el Perú.
“Los casos estudiados [255 líderes, defensores y ex combatientes asesinados] se presentaron en 30 municipios altamente militarizados, donde hay una fuerte presencia de la Fuerza ….
En un bombardeo del 3 de marzo el Gobierno mató a 12 menores de edad, el Ministro Molano no los considera víctimas sino “máquinas de guerra”, criminalización que el país rechaza porque con ella buscan extender el régimen de Guerra perpetua que completa 75 años.
La valiente denuncia contra la colusión entre Fuerzas Armadas (FFAA) y escuadrones narcoparamilitares no la logran sofocar, pese a que no cesa la persecución y exterminio que ejecuta el régimen de la narcorepública comandada por Uribe Vélez.