ÉXODO DE SANGRE: UN DRAMA VIGENTE
Damaris Izaguirre
El capitalismo aliado del régimen ha encontrado en el desplazamiento forzado una herramienta útil y efectiva para el despojo y la usurpación de las tierras; tras el despojo pueden expoliar con libertad los bienes naturales nacionales.
El monopolio que ha ejercido el régimen sobre la tenencia de la tierra en nuestro país, generó una marcada desigualdad que dio origen en la década del 60 del siglo pasado al levantamiento armado insurgente; desde luego esto desencadenó una guerra cruenta por parte de las élites que no estaban dispuestas perder sus privilegios y mucho menos a entregar la tierra usufructuada, por el contrario, recurrieron a la creación de Ejércitos privados (paramilitares) que en colusión con las Fuerzas Armadas, no solo defendieron sus tierras sino que avasallaron a la población de la Colombia profunda, para despojarlos de sus territorios y dar lugar a la expoliación de los bienes naturales y el incremento de sus fortunas.
El desplazamiento forzado en Colombia ha producido más de 9 millones de víctimas directas, que no solo fueron despojadas de su territorio, sino que producto de la impunidad estatal y la acción violenta paramilitar fueron condenadas aún éxodo eterno, ya que retornar a sus territorios les cuesta la vida. En este sentido la Corte Constitucional ha generado múltiples sentencias y en una de ellas afirma que:
“Cuando mujeres, niños y ancianos se ven precisados a dejar sus hogares y recorrer grandes distancias desafiando toda clase de peligros, viendo sufrir y aún morir a sus compañeros, la explicable huida no es un problema de orden público propiciado por quienes desean seguir viviendo sino un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado ya que sobre este recae la paz como derecho fundamental y la prioridad del restablecimiento pleno de los derechos fundamentales”.
“Las actitudes intolerantes, como es el caso del rechazo a los desplazados por la violencia, responden a la falta de una cultura humanística; la pedagogía constitucional es muy necesaria para lograr una sociedad democrática, pluralista y humanista. No es sólo la norma la que garantiza la protección a los derechos humanos, pues puede haber numerosas leyes que no se cumplan, lo importante es que la protección sea efectiva. Si en el ejercicio de esa protección se impone un cambio de naturaleza para darle también gran realce a la promoción, es permitido para el juzgador que tramita un amparo tomar decisiones que impulsen la promoción de los derechos humanos, buscándose que no sean estériles las normas que los protegen. Y, en la medida en que esos derechos humanos, tengan el rango de derechos constitucionales fundamentales, serán protegidos mediante el mecanismo de la tutela” [*].
Algunos analistas y los medios de comunicación nos vendieron la idea que tras el Proceso de Paz con las Farc, la pantomima de la “desmovilización” de los paramilitares y la llegada del Gobierno del cambio, los índices de violencia contra los líderes sociales y populares y, el desplazamiento forzado serian un mal recuerdo; sin embargo, ambos fenómenos continúan vigentes y afectado poblaciones enteras no solo de la Colombia profunda sino de ciudades principales como Bogotá, Medellín, entre otras, se podría decir que la violencia de selección política contra los líderes y las comunidades, no desapareció sino que sufrió un proceso de reingeniería que lo repotenció. Según las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, durante el 2023, el confinamiento aumentó en 63 por ciento mientras las víctimas por desplazamiento forzado aumentaron 7 por ciento; el desplazamiento forzado y sus efectos está principalmente focalizado en 17 departamentos, siendo Nariño, Chocó y Valle del Cauca los más afectados.
El desplazamiento forzado es instrumental a los intereses monopolistas del régimen, por esta razón es un fenómeno social que no desaparecerá por voluntad de este, por el contrario, cada día será perfeccionado, haciéndolo más selectivo y preciso sino en blindar su participación en estos atroces hechos. Cesar con el desplazamiento tiene implícito desmontar el paramilitarismo y desligarnos de la Doctrina de Seguridad Nacional implantada por los Estados Unidos. Desde luego estos tres tópicos no serán fáciles de lograr y es más que evidente que el régimen y el Tío Sam se opondrán a sangre y fuego al más mínimo cambio en este sentido, ni siquiera están dispuestos a permitir la reformas tipo placebo que quiere desarrollar el Gobierno del cambio. Acabar con el paramilitarismo, el desplazamiento, entre otros instrumentos del régimen y el Tío Sam, obliga a resurgimiento de la lucha social y popular, y desde procesos organizados y consecuentes con el deber ser del Estado Social de Derecho, crear una nueva sociedad con justicia y equidad social.
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[*] Sentencia T-227/97, Corte Constitucional de Colombia.