Himelda Ascanio
El suroccidente de Colombia (Valle, Chocó, Cauca y Nariño), ha sido esencial para el gobierno de Petro antes, durante y después de ser elegido presidente, pero no ha habido una retribución gubernamental, más allá de los actos protocolarios.
Cali fue la ciudad donde el Estallido Social de 2021 ocurrió de manera más fuerte y confrontativa. El Cauca ha sido el escenario de las mayores luchas campesinas e indígenas y es la tierra de la vicepresidenta Francia Márquez. En Chocó las comunidades luchan por un cambio que saque de la pobreza al departamento quizá más rico del país. Y Nariño ha sido un fortín anti-uribista y el departamento que más votó por Petro.
Desde este lunes 22 de enero Gustavo Petro ha dicho que despachará desde el suroccidente, en un acto que tiene varias connotaciones, con más visos de proselitismo que de atención a los problemas reales de esta importante región.
De sur a norte, problemas sin resolver
Está claro que los problemas y la situación de esta región, al igual que de todo el país, no fue generada por el actual gobierno; sin embargo, las promesas de campaña y las exigencias del Mandato Popular por los cambios son de perentorio cumplimiento, lo cual no ha sucedido y por el contrario algunos problemas evidencian la continuidad de prácticas criminales contrarias a los cambios, con el auspicio del Estado, a través de sus Fuerzas Armadas (FFAA).
Nariño, Valle y Cauca ostentan el oprobioso campeonato de ser los departamentos donde más desplazan (Nariño 35.024 casos en 2023, Valle del Cauca 25.731 y Cauca16.390), prática genocida asociada al paramilitarismo, que actúa conjuntamente con las FFAA, es decir, el Estado es impulsor de estas oleadas de desplazamiento.
En Nariño y Chocó actúan fuerzas paramilitares con probados vínculos con el Ejército y la Armada, responsables de numerosos desplazamientos de comunidades. Otra coincidencia sospechosa es que ambos departamentos cuentan con oro y otros minerales en su suelo. Esta es la verdadera razón por la que los grupos de paramilitares, entre ellos el Estado Mayor Central, pretenden desplazar poblaciones enteras e instalarse en dichas tierras; esto es, la misma estrategia de tierra arrasada implementada por el viejo régimen desde hace décadas.
Hace unos días el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), hizo un llamado al presidente para que hiciera algo frente al asesinato de liderazgos sociales, campesinos e indígenas, recordemos que el Cauca tuvo el mayor registro de este tipo de ejecuciones en 2023. En este mismo departamento, ocurrió uno de los hechos que prueba la connivencia y asocio del Ejército con el EMC, donde una supuesta acción de recuperación del territorio, develó la sociedad entre estás partes.
El Valle del Cauca según los registros de las organizaciones defensoras de derechos humanos, es el departamento donde ocurrieron mayor número de masacres en el 2023. Cali, fue la ciudad donde el Estallido Social se vivió más fuerte y donde la Policía perpetró mayor cantidad de asesinatos, pero, a pesar de las promesas de transformación de la Policía y de justicia para las víctimas, muy poco avanza el gobierno.
Así las cosas, el gobierno busca presentar una nueva dinámica en su estrategia de paz en las regiones, pero no avizora cambios profundos en los graves problemas que afrontan regiones como el suroccidente. Estos cambios deben ser estructurales y no pueden ser transados con el viejo régimen. De no suceder esto, las dinámicas de gobierno en la región tienen más pinta de populismo que de transformación real.
Asesinados de la semana
José Alirio Chochué Molano, asesinado el 19 de enero en Caldono, Cauca. Era reconocido como Mayor Espiritual del Resguardo indígena de Pueblo Nuevo, ubicado entre los municipios de Caldono y Silvia, Cauca.
Billy Smith Salgado, asesinado el 18 de enero en Cartagena, Bolívar. Se desempeñaba como Coordinador de la Comisión de Deportes de la Junta de Acción Comunal del barrio La Candelaria.
José Gregorio Naranjo, asesinado el 18 de enero en San Carlos, Córdoba. Era presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento Carrizal en el municipio de San Carlos, Córdoba.
Fidel Antonio Hernández, asesinado el 17 de enero en Apartadó, Antioquia. Era miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa María en el municipio de Apartadó, Antioquia.
Higinio Bastos Marín, asesinado el 16 de enero en Tame, Arauca. Era un líder social afiliado a Asojuntas.
Libardo Rosero Tapia, asesinado el 16 de enero en Mocoa, Putumayo. Era un dirigente comunal, afiliado a la JAC de la vereda San Antonio en Mocoa, Putumayo.
José Enrique Roa Cruz, asesinado el 14 de enero en Pitalito, Huila. Excombatiente de la Comisión de seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del AFP, (CSIVI) enlace territorial en el Huila.
